LA HABANA, Cuba.- Varios días antes de que se dieran a conocer las 63 medidas para intentar revitalizar la alicaída agricultura cubana, el presidente Miguel Díaz-Canel se reunió con varios expertos en la materia, los cuales hicieron algunas recomendaciones con vistas a ese propósito.
Además de la aplicación de medidas que favorecieran a los productores, como las rebajas en las tarifas de electricidad, agua y otros insumos que necesitan para llevar a cabo su labor, trascendió en ese encuentro que cualquier mejoría en el sector agropecuario pasaba por la eliminación de la incertidumbre que hoy albergan los productores. Es decir, tener la certeza de que el esfuerzo y los recursos que inviertan en la producción no se perderían.
Y en realidad hay dos problemas fundamentales que fomentan la desconfianza entre los productores, ya sean propietarios privados, cooperativistas y usufructuarios de tierras estatales. Son ellos los impagos a los productores, y el ineficiente trabajo de la Empresa Estatal de Acopio.
Acerca del primero de ellos, y a pesar del llamado de las autoridades para poner fin a semejante anomalía, trascendió en una reciente Mesa Redonda de la televisión cubana que existen 960 productores en 55 municipios del país a los que se les debe alrededor de 43 millones de pesos.
En el caso de Acopio, que continúa con sus carencias de transporte y envases para recoger las producciones de los campesinos, algunas de las cuales se echan a perder en los campos, se convierte en un elemento clave en las 63 medidas anunciadas por cuanto se reafirma que la contratación de las producciones con el Estado —mediante la Empresa de Acopio— es la base sobre la que descansa el resto de las medidas.
También en la esfera de la comercialización, una de las medidas anunciadas apunta que “los productores agropecuarios y las cooperativas, después de cumplir sus contratos, podrán arrendar establecimientos para la venta minorista de sus producciones”. Creemos, sin embargo, que el mantenimiento de los precios topados en todos los tipos de mercados agropecuarios se convierte en una traba para la viabilidad de esa medida.
Hay que recordar que los precios topados, en lo fundamental, se fijaron para que no se esfumaran los nuevos salarios provenientes de la Tarea Ordenamiento, que a su vez habían sido la consecuencia de la inflación generalizada que se produjo tras la eliminación del CUC. Entonces ahora es muy probable que los productores no se vean estimulados a llevar sus productos a un mercado minoristas donde deban vender a un precio topado que no cubra sus costos de producción. Se trata de una especie de círculo vicioso que podría paralizarlo todo.
Con bombo y platillo se anunció la posibilidad de vender carne de ganado bovino —la tan demandada carne de res, casi desconocida por las nuevas generaciones de cubanos— una vez que los productores cumplan con el encargo estatal. Pero también se dijo que la medida debe ir acompañada de la demostración de que no se afecte el crecimiento de la masa ganadera. Y he ahí la coletilla que podría anular la efectividad de la medida, pues los productores tendrán que llevar una rigurosa y burocrática estadística para satisfacer las exigencias de las autoridades.
En la reunión donde se dieron a conocer las nuevas medidas, también se dijo que la insuficiente cantidad de viviendas que se construyen en las comunidades agrícolas conspira contra la permanencia de las personas en esos sitios productivos, y en consecuencia no se detiene el flujo del campo hacia las ciudades.
En realidad, estas 63 medidas que ahora se anuncian mantienen en lo fundamental la férrea tutela de las autoridades sobre los hombres que trabajan la tierra. Una tutela que es precisamente la que impide el despegue de un sector clave para atenuar la hambruna que hoy padece el cubano de a pie.
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