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La voz democrática de Cuba en la Cumbre de las Américas

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- La jornada de este martes 7 de junio, segundo día de la IX Cumbre de las Américas, estuvo signada por las denuncias hechas por varios representantes de la sociedad civil independiente cubana sobre la realidad que se vive en nuestro país.

En horas de la tarde se realizó en el hotel Índigo, de la ciudad de Los Ángeles, un coloquio sobre el derecho de manifestación pública en Cuba. El panel, moderado por la señora Tamara Taraciuk Broner, Directora en funciones para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), fue transmitido en vivo por las redes sociales.

Convocado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, con sede en Washington, tuvo como centro de los análisis los sucesos del 11 de julio y el 15 de noviembre del pasado año.

Participaron en el evento Carolina Barrero, historiadora de arte y defensora de los derechos humanos; Claudia Genlui, curadora de arte y defensora de los derechos humanos; María Andrea García, psicóloga colombiana; Salomé García, activista defensora de los Derechos Humanos; Pedro Vaca, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la libertad de expresión; Juan Pablo Albán, miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y quien suscribe.

Cumbre de las Américas, Cuba, 11 de julio
Coloquio sobre el derecho de manifestación pública en Cuba

Claudia Genlui, miembro del Movimiento San Isidro, expuso acerca de cómo la interrelación entre los artistas que conforman ese movimiento logró tener impacto en la comunidad de ese humilde barrio habanero, al extremo de que muchos ciudadanos entendieran la importancia de la lucha por el empoderamiento cívico. También se refirió a que la actitud de esos artistas dentro de la comunidad actuó favorablemente en la consolidación de sus vínculos con los ciudadanos, potenciando su liderazgo.

Salomé García analizó la represión ejercida contra los manifestantes del 11 de julio y contra los que intentaron la marcha el 15 de noviembre. Afirmó que con posterioridad a estos sucesos y a la detención de miles de ciudadanos acusados por diferentes delitos, la represión se ha extendido a los familiares de quienes están presos, solo por haberse organizado y exponer en las redes sociales sus consideraciones sobre las injustas sanciones, los abusos sufridos por los acusados y las difíciles condiciones en que se encuentran en las prisiones. Específicamente se refirió al caso de Lisandra Góngora, madre de cinco hijos que ha sido severamente sancionada como autora de un delito de Sedición.

Carolina Barrero se refirió a la significación del 11 de julio en el contexto cubano y latinoamericano. Puso de manifiesto la irresponsable actitud del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez al convocar a las fuerzas leales a su régimen a la comisión de actos violentos que luego fueron ejecutados con total impunidad.

María Andrea García se refirió de forma pormenorizada a la experiencia que ha alcanzado acompañando a numerosos cubanos que en estos momentos tienen un familiar preso y explicó detalladamente cómo la represión sistemática que ejecuta la dictadura contra quienes se le oponen provoca secuelas psicológicas. Según su opinión, las prácticas ejecutadas cotidianamente por la policía política cubana no solo inciden sobre la dignidad de las personas, sino que están dirigidas a destruirla, a provocarles inseguridad y miedo.

Por su parte Juan Pablo Albán, miembro del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, expuso cómo las detenciones poco duraderas constituyen desapariciones forzadas cuando las autoridades actúan quebrantando la ley y se niegan a dar información sobre el paradero de los detenidos. También se refirió a la necesidad de fomentar en los ciudadanos del continente una cultura de la denuncia que permita un trabajo más objetivo de ese comité, concluyendo que las prácticas apreciadas en nuestro continente por parte de estados que coartan los derechos humanos obligan a repensar una nueva definición del concepto de desaparición.

Pedro Vaca se refirió a la necesidad de que cada país del continente establezca pautas efectivas para el respeto al derecho de la libertad de expresión. En tal sentido señaló que esas pautas se edifican cuando los estados permiten la crítica y la discrepancia de los ciudadanos, crean una institucionalidad fuerte y garantizan la libertad de prensa y la pluralidad de la emisión del pensamiento. En el caso de Cuba fue enfático al expresar que allí no se garantiza la libertad de expresión. Se refirió al lenguaje agresivo empleado por altos representantes del sistema judicial cubano al referirse a los acusados por estos hechos y mostró sorpresa al no constatar que la Asamblea Nacional del Poder Popular haya solicitado analizar lo ocurrido ni haya realizado acciones tendentes a establecer un control político sobre las acciones del gobierno. También dijo que el 11 de julio de 2021 fue una expresión ciudadana que ocurrió no gracias a las garantías para el ejercicio del derecho de manifestación sino precisamente por su ausencia. Con relación a la represión desatada por las autoridades cubanas afirmó que no en balde de las 22 medidas cautelares aprobadas por la CIDH en el 2021, nueve recayeron en personas residentes en Cuba.

En nuestra exposición nos referimos a que en Cuba el derecho de manifestación pública solo se corporifica cuando se ejecuta para defender a la dictadura, no existiendo por parte de esta ninguna intención de legitimar el disenso. También expusimos nuestra consideración de que en Cuba no hay un estado de derecho como expresa el artículo 1 de la Constitución, sino que es un país que ha sido secuestrado por una clase política. En tales condiciones aspirar al cumplimiento efectivo de los derechos humanos es pura utopía, resaltando que los sucesos del 11 de julio resultaron una muestra inequívoca de la vocación democrática del pueblo cubano y que la represión ejecutada por la dictadura contra los manifestantes demuestra su naturaleza terrorista.

Una vez terminado el coloquio muchos de los participantes se unieron a la protesta pública a favor de todos los presos políticos cubanos, efectuada en las intersecciones de las calles Figueroa y Olimpic Boulevard, en pleno centro de Los Ángeles.

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