LA HABANA, Cuba.- El desplome del edificio Champlain Towers South, en Miami, ha sacudido a Estados Unidos y toda América Latina. La noticia de que varios de sus inquilinos procedían de diversos países del continente ha levantado una ola de atención y solidaridad por parte de los gobiernos regionales, excepto Cuba, pese a que Antonio y Gladys Lozano, y Manuel Lafont, tres de las nueve víctimas hasta ahora identificadas, eran de origen cubano.
La dictadura castrista, que se pronuncia sobre cuanta desgracia ocurre en el mundo, guarda silencio ante tragedias que impactan directamente sobre la diáspora, esa que hoy alivia con sus remesas las penurias de un pueblo arruinado gracias al historial de ineficiencia y corrupción gubernamental engrosado a lo largo de seis décadas.
A pocos días de que el canciller del oprobio, Bruno Rodríguez Parrilla, hiciera su intervención quejumbrosa y cínica en Naciones Unidas, acusando a Estados Unidos de castigar a la familia cubana con el embargo, el régimen se desentiende del pedazo de Cuba que a noventa millas se viste de luto por una desgracia inusual en esos lares; pero que a nosotros, los que vivimos dentro de la Isla, nos toca de cerca y con frecuencia. Por toda respuesta, el medio estatal Cubadebate ha publicado un artículo sobre las posibles causas del derrumbe; una nota extensa, basada en fuentes oficiales del estado de la Florida, que contrasta con la escueta cobertura que dieron al derrumbe del balcón que mató a tres niñas en la Habana Vieja, el 27 de enero de 2020.
La prensa estatal no ha vuelto a referirse al incidente. Nada se ha sabido sobre el proceso legal que supuestamente continúa abierto. La pandemia y la contingencia económica han terminado de sepultar un asunto espinoso que ya la dictadura había silenciado con presiones y amenazas veladas a los familiares de las menores fallecidas.
Sobre lo que pasa en Miami, sin embargo, siempre hay algo que decir, aunque las condolencias por los cubanos muertos en el siniestro, y la preocupación ante la posibilidad de que algunos más sean hallados bajo los escombros, queden fuera del discurso del régimen. Del mismo modo que los inmigrantes cubanos ahogados en 2019 durante la crecida de un río en la selva del Darién no fueron incluidos en el pésame que Rodríguez Parrilla publicó a raíz del lamentable suceso, hoy el gobierno de La Habana no tiene nada que decir sobre los cubanos muertos en el derrumbe del inmueble en Surfside.
El castrismo no puede ocultar que odia a sus emigrados tanto como los necesita. No ha sido suficiente llamarlos ex cubanos y amenazarlos con procesos penales en ausencia si manifiestan abiertamente su rechazo a la ideología comunista. Para el régimen la emigración no es más que una máquina expendedora de dólares; ciudadanos de segunda que mantienen a otros seres de categorías inferiores, escalonadas según el poder adquisitivo de sus familiares residentes en el exterior.
Ningún gobierno latinoamericano, ni siquiera la Venezuela de Nicolás Maduro, trata con tanta maldad a su pueblo; especialmente a ese que hace posible, aun contra su voluntad, la prolongación de un estado de cosas que en poco tiempo destruirá al país. Cuba apenas respira bajo la loma de escombros que se ha amontonado sobre su pecho; un escenario de terror y muerte devenido en hábitat natural, porque es lo que ha creado el régimen desde su llegada al poder en 1959.
La indiferencia del gobierno de Miguel Díaz-Canel ante las víctimas cubanas del colapso del Champlain Towers South es la mejor evidencia de que el proyecto “Puentes de Amor”, promovido desde Estados Unidos por el profesor castrista Carlos Lazo, es un embuste. No puede hablarse de un acercamiento entre naciones, ni de un interés real en la seguridad y prosperidad de las familias cubanas, cuando es la propia dictadura la que dinamita el fundamento de la sociedad y en medio de una tragedia que ha conmocionado a América Latina no se permite siquiera un gesto de empatía.
El castrismo no quiere un vínculo estrecho, en igualdad de condiciones, con su emigración. Un cubano radicado en el extranjero es solo un emisor de remesas, un peón subcontratado por tiempo indefinido a otras naciones, principalmente Estados Unidos, para sostener con ingresos generados por el capitalismo un modelo socialista transformado en califato tropical.
Esa es la única relación aceptable para el régimen. Los emigrados que mueran serán reemplazados por otros; así lo garantiza la interminable crisis económica que azota a la Isla. Lo demás es demagogia, zalamería o lloriqueo para que la Casa Blanca levante las sanciones. Con respecto a la diáspora, el castrismo mantiene vigente la despectiva frase de Fidel Castro cuando los sucesos del Mariel; solo que las circunstancias actuales han echado por tierra aquella prepotente actitud de “no los necesitamos”. La primera parte, no obstante, sigue siendo hoy tan obvia como hace cuarenta años.
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