LA HABANA, Cuba. – Uno de los documentos emitidos por el VII Congreso del gobernante Partido Comunista de Cuba, celebrado en 2016, fue la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, el cual debía fungir como guía teórica para la conformación y comprensión de los modelos económico y social implantados en la Isla.
El acápite 94 de la Conceptualización, al constatar la existencia de diferentes actores de propiedad y gestión, y no obstante establecer la primacía de la planificación, reconoce la presencia de espacios de mercado en la economía. Algo que, al parecer, no ha sido tomado muy en cuenta por los artífices de la “Tarea Ordenamiento”.
El establecimiento de un tipo de cambio de 24 pesos cubanos por un dólar estadounidense, en la práctica, iguala el dólar al moribundo CUC, pues ese mismo era el tipo de cambio oficial de esta última moneda con respecto al peso cubano. Y ya sabemos que ese no era el verdadero tipo de cambio que indicaba el mercado, el cual se manifestaba en la economía sumergida, a razón de 1,50 CUC ―o un poco más― por cada dólar.
Muchos especialistas son de la opinión de que el nuevo tipo de cambio debió ser fijado alrededor de los 30 o 40 pesos cubanos por cada dólar, y así aproximarse a las señales que emite el mercado. Con el establecimiento del tipo de cambio 1 por 24, que se dice fijo y de ilimitada duración, además de ampliar los márgenes de la “bolsa negra”, es muy probable que se dificulte la inserción de la Isla en los mercados internacionales.
Otra de las medidas derivadas de la “Tarea Ordenamiento” que contradice lo estipulado en la Conceptualización es la relacionada con los mecanismos a aplicar en la dirección de la economía. Hay que recordar que el acápite 102 del referido documento partidista establece la combinación de los instrumentos de dirección directos o administrativos, y los indirectos o económicos.
Una relación que dejó de ser una combinación para devenir en una primacía absoluta de los elementos indirectos o económicos si nos atenemos a lo planteado por el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, cuando anunció en julio de 2020 los Principios de la estrategia aprobada por el gobierno.
Sin embargo, comprobamos que la “Tarea Ordenamiento” incumple con semejante disposición. Porque el uso de instrumentos indirectos o económicos para la contención de los precios se pudo manifestar mediante un estímulo a la competencia entre los diversos actores económicos, e incluso profundizando en la aplicación de mecanismos tributarios o fiscales.
Pero no. La maquinaria del poder engrasa sus armas para poner en práctica, tal vez con más rigor que nunca, los temibles mecanismos directos o administrativos. Desde el gobernante Miguel Díaz-Canel hasta la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, claman por “sanciones severas” ―que pudieran incluir multas astronómicas y el cierre de los establecimientos― contra los que comercialicen sus bienes y servicios a precios “abusivos y especulativos”. Una sentencia que, en lo fundamental, se esgrime contra los exponentes del sector no estatal de la economía, dícese trabajadores por cuenta propia y cooperativistas.
Si la elaboración y posterior aprobación de la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista dio algunas señales de institucionalización con vistas a la puesta en práctica de los referidos modelos, la “Tarea Ordenamiento” nos adentra en los marcos de un voluntarismo descarnado. Su espíritu se asemeja por momentos a aquella Ofensiva Revolucionaria que acabó de destruir la economía cubana en 1968.
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