SAN JUAN, Puerto Rico, junio, www.cubanet.org -Las democracias que poseen instituciones débiles son proclives a ser destruidas por los elementos anti-democráticos. La frágil Republica de Wiemar fue aniquilada por los nazis, en 1933. La incipiente y fugaz democracia rusa de los mencheviques fue decapitada por los bolcheviques, en 1917. En la América Latina, a lo largo del siglo XX, todos los países fueron en mayor o menor grado víctimas de dictadores de derecha. Esa misma fragilidad institucional permitió al dictador Fidel Castro apoderarse del poder en modo absoluto e imponer un régimen totalitario que perdura hasta nuestros días.
En este siglo, hemos vistos como regímenes populistas de izquierda se han apoderado de países democráticos usando sus mecanismos electorales y escudándose en los derechos que éstos garantizan a sus ciudadanos. Lo vemos en Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, etc.
La técnica de estos totalitaristas disfrazados de demócratas consiste en socavar las instituciones democráticas. Primero, eliminando la separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), convirtiéndolos en un apéndice del ejecutivo, el cual concentra una dosis excesiva de poder y control social en la persona del caudillo, al tiempo que cierra las vías de acceso al poder para los opositores.
Como parte de ese acaparamiento de poder, los organismos electorales son transformados en apéndices del ejecutivo, eliminándose la imparcialidad y transparencia, imprescindibles en cualquier proceso democrático. De ese modo, las elecciones resultan amañadas, dando paso al fraude masivo, sin que quepa verificación fehaciente del resultado de los votos emitidos.
El poder judicial, cuya independencia e imparcialidad son vitales para las garantías de los derechos ciudadanos y para la recta administración de la justicia, pierde su autonomía, transformándose en instrumento servil del ejecutivo, el cual lo utiliza para darle viso de legalidad constitucional a sus decisiones y para manipularla como herramienta en la represión contra los opositores.
La prensa libre es silenciada, censurada, cuando no eliminada. Utilizan la potestad de otorgar licencias para quitárselas o no dárselas a los elementos opositores, y también se utilizan mecanismos fiscales y legales colaterales para disminuir su capacidad de acceder a la población, con un mensaje alternativo, fiscalizador y crítico al gobierno.
En Argentina, por ejemplo, se ha tratado de imponer restricciones a la distribución de papel periódico, para estrangular al opositor periódico El Clarín. En Venezuela, negaron la licencia a Radio Caracas Televisión y estrangularon con multas millonarias a Globo Visión. En Ecuador, el periódico El Universo fue atacado con millonarias demandas frívolas, avaladas por sentencias de tribunales vendidos al gobernante, quien recién acaba por aprobar una ley de censura que merma la libertad de expresión.
Los gobiernos otorgan pródigamente licencias a sus partidarios y desarrollan los medios de prensa bajo su control, haciendo masiva la difusión de las propias ideas, mientras que el caudillo de turno los acapara por interminables horas al día con comparecencias de obligatoria transmisión para todos los medios.
Las legislaturas son controladas por una mayoría que ocupa los escaños gracias a los manejos fraudulentos realizados por el organismo electoral controlado por el poder ejecutivo, quedando la oposición siempre en franca minoría.
En el curso de los procesos legislativos, los procedimientos parlamentarios quedan demeritados por la arbitrariedad de la mayoría, haciendo ineficaz la labor fiscalizadora de la bancada opositora, reducida a un mero formulismo, que solo ayuda a la simulación de un inexistente orden democrático. Hemos visto cómo en Venezuela se llegó al extremo de que la mayoría agrediera físicamente a los legisladores de la oposición, solo por insistir en que se respetaran sus derechos y prerrogativas garantizadas por la constitución
Ante la merma del poder político de sus detractores, estos gobiernos seudo democráticos suman la merma del poder económico, por medio de la confiscación de bienes de producción y de consumo, justificadas por las leyes de la controlada legislatura y avaladas por la servil judicatura. En cambio, los allegados al poder, amasan fortunas mal habidas, producto de una corrupción permisiva. El empobrecimiento del contrario es parte del proceso de quitarles poder y capacidad operativa.
Los órganos para la defensa nacional son controlados por el gobernante a través de la compra de sus altos mandos, a quienes se les llena de prebendas y riquezas. Sus filas son infiltradas con elementos leales al gobierno, y los mandos pundonorosos y leales al fiel servicio a la patria, son pasados a retiro, destituidos, encarcelados o perseguidos. Las Fuerzas Armadas dejan de ser un instrumento para la defensa del país, para convertirse en meras guardias pretorianas y cuerpos represivos al servicio de un gobernante.
Con el pretexto de remediar la pobreza y sus males, se compran conciencias por medio de la regalías y prebendas para garantizarse una lealtad fundada en la demagogia, al tiempo que se crean ejecitos privados: esas ‘sturmtrupen’ y milicias populares, clásicas de los regímenes totalitarios, cuyo fin es oprimir a sus conciudadanos y no defender la patria.
Como los jerarcas de la nueva casta emergente solo se preocupan por el mantenimiento ‘ad perpetuam’ del poder, suelen tomar medidas que chocan con los principios económicos del desarrollo, descuidando, por tanto, la necesidad de producir riquezas. Esto tiene el efecto de crear pobreza generalizada entre la población, que los gobiernos justifican culpando a inexistentes enemigos foráneos. En la práctica, el modelo socialista impuesto por implosión de la democracia, cae en la ineficiencia para producir riqueza. Y está más que probado que el sistema económico que no genera riquezas, crea pobrezas extremas en las masas.
Ahora, además, para alcanzar la perpetuidad en el poder, los autócratas cambian a su antojo las constituciones, procurando disposiciones permisivas para la reelección por periodos indefinidos, o a través de interpretaciones constitucionales favorables a la continuidad indefinida. Su ambición por el poder ilimitado desarrolla en la práctica la implementación de la inmoral frase del Lenin de que “el fin justifica los medios”. En suma, las seudo-democracias representan una nueva forma de esclavitud para los pueblos de América Latina, y hasta quizás se extiendan a otras latitudes del planeta.