| Publicado:
viernes, 21 de enero, 2022 6:14 pm

La Salud Pública en Cuba no escapa al descontento social

Una de las causas desencadenantes del estallido popular del pasado mes de julio fue la falta de medicamentos y el colapso del sistema hospitalario, tan contrastante con la abundancia de medicinas y suministros médicos reservados a los turistas extranjeros
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LA HABANA, Cuba. Un fenómeno creciente en la sociedad cubana es la noción de exigir derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, entre los que se incluye el derecho a una asistencia médica de calidad. Precisamente una de las causas desencadenantes del estallido popular del pasado mes de julio fue la falta de medicamentos y el colapso del sistema hospitalario, tan contrastante con la abundancia de medicinas y suministros médicos reservados a los turistas extranjeros.

La exportación a gran escala de servicios médicos, además de constituir una considerable fuente de ingresos para el régimen (si no la mayor), representa la posibilidad de consumar sus aspiraciones de propagar el castrismo y expandir el alcance de la dictadura a nivel mundial, pues los médicos y personal de salud cubanos no solamente son usados como generadores de ganancias sino también como voceros del régimen e instrumentos de propaganda e influencia política a nivel mundial.

Para el personal sanitario participante, en cambio, el tráfico masivo de sus servicios ha significado convertirse en víctimas de la esclavitud moderna. Estos profesionales, además de sufrir violaciones a sus libertades y derechos fundamentales, son obligados a encomiar el régimen totalitario cubano y en muchos casos a contribuir al sostenimiento del régimen anfitrión mediante prácticas que van desde el burdo proselitismo hasta incluso una activa participación política y electoral.

No obstante, muchos prefieren enrolarse en estas misiones antes que permanecer en Cuba, pues a pesar de ser despojados de más del 80 % del salario este sigue siendo casi el único modo de progresar económicamente. Por otra parte, el que se niegue puede quedar estigmatizado como “contrarrevolucionario” y ser destinado como castigo a una localidad apartada de alguna zona rural sin transporte automotor ni infraestructura de salud. Para colmo, al que escape de una misión le queda prohibido volver a Cuba en ocho años.

La pandemia de coronavirus se convirtió en un escenario idóneo para reactivar el rentable tráfico de servicios médicos cubanos, de manera que el gobierno retomó la propaganda alrededor de las misiones médicas. Al interior del país, por otra parte, casi la totalidad del personal sanitario fue reubicada forzosamente (incluso bajo amenaza de despido) en actividades relacionadas con la pandemia de coronavirus, donde han permanecido trabajando durante jornadas interminables sin la adecuada protección. En este sentido, una doctora de una posta médica cercana confiesa (bajo condición de anonimato) haberse contagiado con el nuevo coronavirus tras ser obligada a movilizarse en funciones relativas a la COVID-19 al inicio de la pandemia, sin el equipamiento adecuado, a pesar de vivir con familiares enfermos y presentar ella misma comorbilidades de alto riesgo.

En adición, a comienzos de agosto de 2021, el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, dio a entender que el colapso del sistema de salud y el consiguiente descontento popular serían culpa del mal trabajo de nuestros médicos más que de la crisis económica y sanitaria que asola al país como resultado de la mala administración gubernamental. Sus palabras provocaron la indignación de numerosos médicos y estudiantes de medicina de toda la isla, quienes denunciaron en redes sociales el colapso sanitario agravado por la pandemia y exigieron más recursos para hacer su trabajo.

No es menos cierto que para ser bien atendidos en una consulta médica es mejor no presentarse con las manos vacías, y que más vale estar dispuestos a pagar “por debajo de la mesa” camilleros, inyecciones, guantes, jeringuillas, agujas, anestesia, sutura, rayos x, exámenes de laboratorio y cualquier otro servicio de salud que se necesite, incluyendo la admisión en un centro hospitalario si la situación requiere ingreso. Pero algo muy diferente es que el mismo gobierno que no ha sido capaz de manejar adecuadamente la crisis epidemiológica detonada por la llegada del nuevo coronavirus intentase culpar a la mala praxis y la negligencia médicas del colapso de salud durante la pandemia. Al fin y al cabo, la desidia que desprestigia al sector no es sino un efecto más de la degradación social provocada por el totalitarismo castrista.

Por otra parte, se ha podido estimar, si bien en base a datos imprecisos y extraoficiales, que al menos 76 profesionales han fallecido a causa de la pandemia, y particularmente debido a la falta de indumentaria y medios de protección, material estéril, oxígeno, medicamentos, kits de PCR para diagnosticar y tratar la COVID-19 y demás suministros médicos necesarios para impedir el contagio.

Claro que la cifra exacta de sanitarios fallecidos por COVID-19 en Cuba es una de las tantas incógnitas que encubren tanto los medios oficialistas como el gobierno castrista y su Ministerio de Salud Pública (MINSAP). Los certificados de defunción no siempre registran el COVID-19 como la verdadera causa de muerte, ni los reportes oficiales revelan la identidad y la cifra de decesos del personal de salud. Algunos médicos incluso han sido despedidos y han sufrido el acoso de los agentes de los órganos represivos castristas como represalia por advertir a las autoridades y a la población y por visibilizar la gravedad de la crisis sanitaria.

Por cierto, un fenómeno inusual, aunque creciente, en la sociedad cubana posterior a 1959 es el hecho de que en una población tan sistemáticamente adoctrinada, desinformada y excluida del concepto de derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales (entre los que se incluye el derecho a una asistencia médica de calidad) emerja la noción de exigir ese derecho. Precisamente una de las causas desencadenantes del estallido popular del pasado mes de julio fue la angustiante indefensión de los ciudadanos a causa de la falta de medicamentos y el colapso del sistema hospitalario, tan contrastante con la abundancia de medicinas y suministros médicos reservados a los turistas extranjeros.

Para el pueblo, por el contrario, solo queda esperar y aguantar, y sufrir. En el marco de lo que el discurso oficial ha dado en llamar “campaña de vacunación masiva” (que no es en realidad sino un estudio de intervención dentro de un ensayo clínico en fase III), desde hace varias semanas los consultorios médicos están abiertos solo durante unas pocas horas en las mañanas y exclusivamente para inyectar a las personas con los preparados de creación nacional.

Recientemente un amigo, ciego por más señas, tuvo la desgracia de sufrir un quiste inflamado en una axila. La doctora de la posta médica se negó a atenderlo alegando la mencionada campaña. Sin compadecerse siquiera por la discapacidad del hombre, se limitó a recomendarle (no a recetarle) Gentamicina. Sin embargo, ella, como médico, sabe, como lo sabemos todos los habitantes de la isla, que ese antibiótico en crema es uno de tantas decenas de fármacos que no existen en el país desde hace más de dos años. Esta profesional debería saber también que un tratamiento tópico por sí solo no resuelve una condición que requiere cirugía. Claro que la cirugía menor es otro servicio que tampoco está disponible a causa de la pandemia.

ARTÍCULO DE OPINIÓN
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Gladys Linares

Gladys Linares. Cienfuegos, 1942. Maestra normalista. Trabajó como profesora de Geografía en distintas escuelas y como directora de algunas durante 32 años. Ingresó en el Movimiento de Derechos Humanos a fines del año 1990 a través de la organización Frente Femenino Humanitario. Participó activamente en Concilio Cubano y en el Proyecto Varela. Sus crónicas reflejan la vida cotidiana de la población.

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