LA HABANA, Cuba.- A estas alturas es poco frecuente encontrar alguna publicación oficialista ―tal vez con la excepción del periódico Granma― que al menos no aparente una postura crítica hacia ciertos aspectos de la realidad cubana. Siempre y cuando, por supuesto, dejen clara su total adhesión a la política trazada por el Partido Comunista y el General-Presidente.
Un ejemplo de ello lo constituye la revista Temas, una publicación auspiciada por el Ministerio de Cultura y que trata aspectos relacionados con la cultura, la ideología y la sociedad.
En el número 83 de esa revista, el último que ha visto la luz y que corresponde a los meses de julio-septiembre de 2015 ―el atraso es un mal endémico en las publicaciones cubanas―, aparece el artículo “La empresa estatal cubana: un análisis desde la teoría de agencia”, de la autoría de la investigadora Ileana Díaz Fernández, del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC).
La autora plantea que una de las causas de la ineficiencia que exhiben las empresas y entidades estatales de la isla es la no conjugación de intereses entre el Estado (el dueño) y los funcionarios que este designa para dirigir esos establecimientos (el agente). Semejante separación de intereses clasifica, según la investigadora, en la denominada Teoría de agencia.
Díaz Fernández asevera que, por ejemplo, los directores de las Unidades Empresariales de Base (UEB) apenas pueden decidir sobre la labor de sus entidades, a pesar de ser allí donde se genera la riqueza del país. Esos directivos deben cumplir, a veces en contra de su voluntad, con los planes trazados por el Estado, y bajados a la base mediante el burocrático engranaje Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE)-empresa-UEB.
Algo parecido sucede con el encargo estatal. A primera vista no debía de haber contradicción con este indicador, pues supuestamente su cumplimiento debe de satisfacer alguna necesidad social. Sin embargo, el problema se presenta cuando se analiza el volumen del encargo y el precio que la entidad debe fijar por él. Un volumen y precio que serán determinados por el Estado, con independencia del punto de vista del directivo empresarial. Además es muy probable que este último tampoco pueda determinar quién será el suministrador de los insumos y materias primas con que garantizar las producciones.
La investigadora del CEEC expone que los controles excesivos que padecen las empresas y entidades es otra muestra de la desconfianza que el dueño tiene sobre sus agentes. Según datos de la Contraloría General de la República, en el período 2010-2013 se realizaron 2 058 acciones de control a diferentes entidades, en las que participaron 12 674 controladores, entre auditores, especialistas, estudiantes universitarios y profesores de contabilidad y finanzas.
Estas visitas de control son sumamente molestas para las entidades controladas, aun si no son detectadas deficiencias en su trabajo. Se requiere atender a los controladores, es decir, proporcionarles alimentación y alojamiento cuando se trata de entidades en el interior del país. Por otra parte, casi siempre se paraliza el trabajo en las áreas contables y financieras de las empresas controladas durante el tiempo de la inspección.
Ahora bien, cuando los lectores de Temas esperaban toparse con las sugerencias de la autora para eliminar las desavenencias dueño-agente sobrevino la decepción. La investigadora se limitó a recomendar medidas superficiales, como elaborar nuevas regulaciones sobre las empresas, aumentar la autonomía de las entidades, y crear mayores incentivos para los directivos de base.
Como decimos en buen cubano: la investigadora del CEEC “se fue por la tangente”. Porque queda claro que la única manera de evitar el desencuentro dueño-agente es mediante la privatización de las entidades. De esa manera el agente se convierte en el verdadero artífice de la gestión empresarial.
Pero bueno, no se le puede pedir tanto a la investigadora. En el CEEC se sabe muy bien que se puede jugar con la cadena, pero no con el mono.