LA HABANA, Cuba.- Un país que presume de esforzarse por elevar el nivel cultural de la población, que incluso lleva a cabo el proyecto “Universidad para todos” en la televisión nacional, no debía de excluir de semejante cruzada a ninguna de las facetas que conforman el día a día de los cubanos.
Sucede, empero, que los medios de difusión oficialistas apenas les informan a los ciudadanos acerca de la manera en que debe funcionar la economía tras el inminente arribo a ella de nuevos actores. Todo se reduce a destacar que más de medio millón de personas realizan el trabajo por cuenta propia, o que las instituciones bancarias desean que un mayor número de cuentapropistas se vinculen con ellas a través de la política crediticia.
Pero no se dice que el pequeño segmento de economía de mercado que poseemos -por supuesto, representado por los trabajadores por cuenta propia y sus negocios particulares- necesita trabajar acorde con el principio de la oferta y la demanda, sin interferencias estatales en la fijación de los precios y tarifas de sus bienes y servicios.
Los cubanos no debemos de olvidar la debacle ocasionada por las autoridades cada vez que han topado el precio de algún renglón producido por un ente privado. En lugar de beneficiar a la población, a la larga han sobrevenido los efectos contraproducentes: los productos, por lo general, se pierden de las tarimas y anaqueles, y a la postre, casi siempre hay que pagar el precio que fija el productor para paliar la escasez, esta vez en la economía sumergida o “bolsa negra”, con el agravante de actuar fuera de la ley.
Si algo publica la prensa oficialista sobre este asunto, no es precisamente para aclararlo, sino para enrarecer el panorama. En este sentido sobresalen dos trabajos aparecidos hace poco en el periódico Granma: el artículo “El bosque, el lobo y la ley de la oferta y la demanda”, y la carta de un lector titulada “Oferta y demanda, ¿cuál es el límite?”.
En ambos casos se arremete contra los precios que fijan algunos trabajadores por cuenta propia, a los que se acusa de afectar el bolsillo de los trabajadores. Tanto el periodista como el lector abogan por que, de una u otra manera, el Estado tome partido para poner fin a esa situación.
Bueno, ¿y por qué el Estado no aprovecha la coyuntura para explicarles a los ciudadanos el derecho que les asiste a los cuentapropistas de fijar libremente sus precios y tarifas? Ah, porque si eso sucediese, a las empresas y entidades estatales no les quedaría más remedio que admitir su incapacidad para competir con los cuentapropistas, único modo conveniente— es decir, mediante mecanismos económicos y no administrativos— para que disminuyan los precios. Dos ejemplos bastan para ilustrar el vacío estatal: en muchas localidades del interior del país apenas existe el transporte gubernamental, y los ciudadanos dependen únicamente de camioneros privados; y mientras los mercados agropecuarios estatales están desabastecidos, los operados por cuentapropistas bajo el sistema de oferta y demanda exhiben un buen surtido de productos.
De todas formas, esta campaña mediática en contra de la oferta-demanda no deja de preocupar a muchos trabajadores por cuenta propia. El propietario de una cafetería, que solicitó el anonimato, comenta al respecto: “No olvidemos que el cierre de las actividades relacionadas con la venta de útiles del hogar y la ropa importada, estuvo precedido por cartas y artículos condenatorios que salían en los periódicos. Ojalá ahora no pase lo mismo con los precios que ponemos a nuestros productos”.