GUANTÁNAMO, Cuba.- Aún no había cumplido tres años cuando se dictó la Primera Ley de la Reforma Agraria. Hasta hace poco pensé que la ley solo se pronunciaba por limitar la propiedad sobre la tierra y me pareció justo. Desconocía que a muchos de los terratenientes se les apareció la milicia en sus fincas, las intervino junto con la casa y los medios de producción y los puso en la guardarraya únicamente con la ropa que llevaban puesta y con una compensación económica vitalicia e intransferible, que en el mejor de los casos llegaba hasta doscientos cincuenta pesos mensuales. Lo doloroso es que muchos de ellos habían ayudado a los rebeldes.
Cuba desconoce el derecho de herencia a los cubanos que deciden ir a vivir definitivamente en otro país. Después del éxodo masivo de la burguesía nacional, a principios de los sesenta del pasado siglo, el gobierno decidió entregar a las familias más necesitadas las viviendas abandonadas. Pero si algún nuevo propietario decidía hacer lo mismo que los antiguos dueños, el gobierno lo obligaba a pagar la casa y después imponía esa obligación a los familiares que quedaban en ella. Llegó al extremo de imponer el mismo gravamen a las viviendas propiedad de una familia desde antes del triunfo del castrismo, incluso hasta a las que fueron construidas por esfuerzo propio después de 1959. Hubo casos de inmuebles pagados hasta cinco veces por esta causa.
Los ejemplos no son los únicos que demuestran el carácter depredador del castrismo. Pueden sumárseles las confiscaciones de grandes y pequeñas propiedades industriales sin que sus dueños obtuvieran una justa compensación; los elevados precios de los productos que se ofertan al pueblo, que multiplican en diez y hasta más veces el costo de su elaboración; el pago de un salario miserable que los ciudadanos se ven obligados a convertir en CUC, divisa cubana que vale 25 veces más, para poder adquirir productos y servicios muy necesarios y el cambio artificial impuesto al dólar americano, el cual –según las autoridades cubanas y a pesar de la crisis económica que sufre este país desde 1990– vale menos que el CUC.
A esas prácticas contra el patrimonio de los ciudadanos se ha unido otra no menos deleznable que consiste en despojar a los disidentes y periodistas independientes de sus bienes sin que exista ningún pronunciamiento judicial.
Una actividad muy lucrativa
Hace unos días, CubaNet informó que a su regreso del extranjero el opositor pacífico Camilo Ernesto Olivera fue detenido en el aeropuerto de La Habana y despojado de algunos bienes, entre ellos una cantidad de dinero dentro del límite permitido por las leyes cubanas.
Al parecer es cierto lo que la fiscal Karelia Suárez Manso dijo a este suscribiente: “Nosotros no podemos hacer nada contra la Seguridad del Estado, entiéndase usted con ellos”. Así estamos, y luego el gobierno quiere que le crean que Cuba es un estado de derecho; porque casos similares al de Camilo Ernesto ocurren en toda Cuba y Guantánamo no es la excepción.
A los opositores pacíficos guantanameros Henry Couto Guzmán, Yoanni Beltrán Gamboa, Arturo Acosta Guillén y Niober García Fournier la Seguridad del Estado los ha detenido varias veces en el punto de control policial que existe a la entrada dela ciudad y les ha robado sus laptops, bolígrafos, teléfonos, memorias flash y dinero. Todos han sido objeto de registros en sus domicilios, algunos de ellos realizados sin órdenes firmadas por un fiscal.
El último ejemplo de esta ola de ilegalidades fue el de la dama de blanco Celina Osoria Claro, cuya vivienda fue asaltada sin orden de registro por las tropas especiales y la Seguridad del Estado el pasado jueves 30 de junio, a las 4:00 a.m., en franca violación de lo establecido en el artículo 218 de la Ley de Procedimiento Penal. A Celina le ocuparon numerosos bienes personales y le rompieron el televisor. Los “dignos” combatientes del Ministerio del Interior se la llevaron semidesnuda y descalza y le dijeron que podía quejarse donde y con quien quisiera.
Este suscribiente fue objeto de un registro que incluyó el cierre de las vías de acceso a su domicilio el pasado 5 de octubre del 2015. Como todas las personas de Guantánamo que he mencionado, hice lo que indica la Constitución y presenté una reclamación ante la Fiscalía provincial y dos ante la Fiscalía General de la República. La respuesta que recibí es la que me indicó la fiscal Karelia Suárez Manso. A conciencia de que era una humillación planificada fui dos veces a las oficinas de la Seguridad del Estado, y todavía no me han respondido.
El objetivo es amedrentarnos, humillarnos, burlarse de nosotros haciendo estas demostraciones de fuerza. Si actuaran dentro del marco de la ley entregarían un acta de ocupación y cumplirían lo establecido en la Ley de Procedimiento Penal y en la Constitución. ¿Qué mérito tiene ocuparle a un ciudadano sus fotos personales y familiares, sus películas y libros favoritos, su agenda, sus libros de cuentos y de poesía y el dinero que ha obtenido con su trabajo, sus premios en concursos y por las remesas que les envían sus familiares en los Estados Unidos?
Estos hechos demuestran la naturaleza corrupta y despótica del castrismo, pero sobre todo su cinismo, pues que esto ocurra en un momento donde tanto se habla de democracia, de respeto a la institucionalidad y de la necesidad de formación de valores, dice mucho de la hipocresía de los gobernantes cubanos y de sus testaferros. ¡Y qué vergüenza para los presidentes latinoamericanos que callan y se inclinan ante la dictadura!