CIUDAD DE MÉXICO. – Desde hace 33 años, la Cruz Roja Internacional no puede visitar las cárceles cubanas. La última vez que lo hizo, en noviembre de 1989, solicitó ver a todos los encarcelados, pero la dictadura no accedió a esa petición. En 2013, el Gobierno de la Isla anunció que permitiría la visita a las cárceles de los relatores sobre la tortura de la ONU, pero no se concretó la promesa: el acceso a las prisiones sigue vedado a los organismos internacionales, a las organizaciones de derechos humanos internacionales y a la sociedad civil independiente en Cuba. El Gobierno cubano es Estado parte de la “Convención contra las torturas, tratos crueles y degradantes” desde 2009, pero no permite el monitoreo en sus cárceles.
Esta posición es un hecho reiterado por todas las dictaduras; el problema está en que la violación sistemática de los derechos de todos los reclusos ―en particular los de presos y presas políticas― condena a miles de personas a una muerte lenta, en absoluto desamparo. En el caso de Cuba, esta arbitrariedad es evidente desde hace seis décadas.
Actualmente, la Isla tiene la mayor cantidad de presos y presas políticas en el mundo. Otros países como Irán, Belarús, Venezuela y Nicaragua, señalados entre los más violadores de derechos humanos, tienen contabilizados menos presos políticos.
Varias organizaciones de derechos humanos internacionales, como Amnistía Internacional, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Prisoners Defenders, han denunciado la cantidad de presos políticos en Cuba que se incrementa cada año, en especial luego del 11 de julio del 2021. Prisoners Defenders contabiliza en su más reciente informe (septiembre de este año) 1 026 presos y presas políticas, de ellos 36 menores de edad.
Gracias al acceso a internet en los móviles desde diciembre de 2018, ha sido posible precisar de manera más clara y directa la cantidad de violaciones a los derechos humanos en las cárceles cubanas, aun a pesar de la prohibición de la dictadura para acceder a ellas. Más de 100 presos han dado sus testimonios directos a la organización Prisoners Defenders, mientras la redes sociales se colman a diario del testimonio de familiares de los reos.
Estos denuncian insalubridad, ausencia de agua potable, falta de asistencia médica, comida en mal estado y precaria, prohibición de salir al sol a diario, robo de los alimentos por parte de las autoridades, malos tratos, incomunicación durante meses, humillaciones, celdas de castigo y torturas. Al revisar la página oficial del Gobierno cubano en el Consejo de Derechos Humanos, consta que la dictadura jamás ha reconocido la existencia de presos políticos. El régimen lleva negando la existencia de estos durante seis décadas.
En las más recientes Evaluaciones Periódicas Universales de Cuba en la ONU (2009, 2013 y 2018) el régimen de la Isla ha sido evaluado y condenado por todas las violaciones de derechos de los reclusos. El Comité de relatores sobre la tortura y los malos tratos y degradantes de la ONU le ha señalado reiteradamente a La Habana los patrones de violaciones de derechos contra los reclusos.
Ningún país puede ser excluido de las visitas permanentes de los relatores de Naciones Unidas, procedimiento jurídico internacional adoptado por 128 miembros de la ONU. Tampoco, ningún Estado puede impedir la visita de las organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional o la Cruz Roja Internacional, entre otras. En reiteradas ocasiones, el Gobierno cubano ha dicho que habla con la Cruz Roja Internacional, pero no le permite inspeccionar las cárceles.
La dictadura cubana, que ha secuestrado desde hace seis décadas los medios masivos de comunicación, no informa a la ciudadanía de los cientos de señalamientos de las Naciones Unidas sobre la violación sistemática de derechos civiles y políticos; tampoco de los señalamientos sobre las reiteradas violaciones y los patrones represivos que utiliza contra los presos políticos y los presos comunes.
El Reglamento Penitenciario vigente en Cuba incumple todas las Reglas Mandela de la ONU. Estos son sus rasgos más visibles:
-No existe autoridad independiente al PCC que pueda acceder a la inspección de las cárceles: ni la sociedad civil independiente, ni los organismos internacionales. Solo instituciones creadas y controladas por el PCC pueden acceder.
-El régimen no especifica la temporalidad de cada derecho, permitiendo que cada autoridad penitenciaria viole de manera discrecional o arbitraria los derechos de los reclusos. Por ejemplo, la comunicación con sus familiares, la salida al sol diaria, la atención médica o el acceso a la luz natural en las celdas. También, la dictadura condena a celdas de castigo a presos políticos a los cuales no se les respetan sus derechos. No se puede protestar por las condiciones infrahumanas que sufren los presos: los que protestan son golpeados y castigados, mientras los carceleros quedan impunes.
-El sesgo hacia los presos políticos facilita el abuso de poder de las autoridades contra estos, de manera impune. En seis décadas no hay un solo abuso de poder de las autoridades carcelarias que haya llegado a los tribunales y haya sido condenado. Así, miles de presos inocentes languidecen en las cárceles cubanas. Los abogados defensores no pueden enfrentarse a la impunidad de las autoridades carcelarias, fiscales, jueces y tribunales. En definitiva, no pueden ejercer su profesión.
El sistema penitenciario cubano se comporta como una corporación cerrada, opaca, donde reina la arbitrariedad y la discrecionalidad de las autoridades sin derecho a réplica. Cada día conocemos en las redes la impunidad de reclusos comunes orientados a atacar a presos y presas políticas a cambio de algún beneficio; o tenemos noticia del papel de las propias autoridades carcelarias, máximas violadoras de los derechos de los reclusos.
¿Nos dejará así la comunidad internacional? A la dictadura cubana hay que exigirle que abra todas las cárceles para una inspección internacional de acuerdo a las Reglas Mínimas o Reglas Mandela de la ONU. Hasta ahora, en seis décadas solo han existido breves “visitas dirigidas”, una o dos, de algunos periodistas extranjeros a cárceles seleccionadas por la dictadura; “visitas dirigidas” que ocultan las violaciones de los derechos de los reclusos y presentan una situación idílica del sistema penitenciario en Cuba.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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