La Constitución del colorete
De nada sirve que el proyecto de constitución fuera modificado en un 60 % si las únicas opiniones que se tuvieron en cuenta son las afines a los intereses de los comunistas
GUANTÁNAMO, Cuba.- Ya está a la venta el tabloide con el texto final de la Constitución de la República de Cuba, aprobado por unanimidad durante el último período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
En ese período de sesiones, algunos miembros de la comisión redactora de la Carta Magna afirmaron que el proyecto había sido modificado en un 60%, y que todas las opiniones del pueblo habían sido valoradas y tenidas en cuenta. Sin embargo, una simple lectura al nuevo texto evidencia que no fue así.
Aunque se ofrecieron datos sobre los artículos más polémicos, que fueron el del matrimonio igualitario (art. 68 del proyecto), el referido al tiempo de mandato del Presidente de la República (art. 121) y el de la elección de los gobernadores provinciales, presidentes y vicepresidentes de las Asambleas Municipales del Poder Popular -entre otros, no se ha ofrecido información alguna sobre los cuestionamientos que recibieron los artículos relacionados con la irreversibilidad del “socialismo” cubano y la preeminencia del Partido Comunista, ello con la marcada intención de reforzar la falacia de que en Cuba existe una unidad monolítica entre el pueblo y la cúpula gobernante.
Ya comenzó la campaña para que el pueblo vote por la Constitución. Diariamente la televisión transmite decenas de declaraciones de ciudadanos que repiten con precisión de autómatas las ideas lanzadas por los ideólogos del castrismo. ETECSA, el monopolio castrista de las comunicaciones, ha llegado al extremo de impedir la transmisión de mensajes con un contenido opuesto, para evitar la propagación de toda idea que dañe el mecanismo de “zombización” echado a andar por la dictadura, lo cual es una extraordinaria violación de la privacidad de sus clientes.
Como parte de esa propaganda, este miércoles 9 de enero volvió a salir al aire el programa televisivo “Hacemos Cuba”, donde la Vice Presidenta de la Unión de Juristas de Cuba, señora Yamila González Ferrer, y el Dr. Leonardo Pérez Gallardo, Presidente de la Sociedad de Derecho Civil y de Familia, se encargaron de introducir a la teleaudiencia en el contenido del Título V, Derechos, Deberes y Garantías.
Como era de esperar, los especialistas elogiaron la Constitución y, específicamente, el título mencionado, que consta de seis capítulos. Según expusieron, al eliminar la clasificación de los derechos en individuales, sociales, económicos, culturales, civiles y políticos, existente en el proyecto, la Constitución ganó en técnica jurídica. Consideraron que otro logro es el perfeccionamiento del capítulo dedicado a las garantías constitucionales. También se refirieron a que el artículo 42 (antiguo 40 del proyecto) adicionó, como causas lesivas al derecho de igualdad, la discriminación por razones de edad u origen territorial, lo cual hace presumir que -de respetarse la Constitución, algo que está por ver, si tenemos en cuenta lo ocurrido con la que aún está vigente- terminarán las deportaciones masivas de los cubanos de provincias que sean detenidos por la policía en la “capital de todos los cubanos”. Nada dijeron los invitados al programa sobre la inexplicable ausencia de la discriminación por razones políticas en ese artículo, lo cual dice muchísimo del presunto respeto hacia el derecho de igualdad de las personas.
Continuando con sus elogios de la Constitución, ambos estudiosos se refirieron al artículo 40, que establece que “la dignidad humana es el valor supremo que sustenta el reconocimiento y ejercicio de los derechos y deberes consagrados en la Constitución, los tratados y las leyes”. También afirmaron que el artículo 47 establece que “todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y deben guardar entre sí una conducta de respeto, fraternidad y solidaridad”.
Por supuesto que ninguno de los dos trató de explicar cómo pueden materializarse esos artículos en un país donde existe una feroz discriminación política que coarta los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de quienes son considerados unos “mal nacidos” por el Presidente de la República, solo por el hecho de defender la democracia y los derechos humanos. Por mucho que intentaran hacerlo no creo que podrían, como tampoco podrían explicar de qué forma uno de esos cubanos discriminados puede lograr el libre desarrollo de su personalidad. ¡Que les hablen de respeto, violencia de género, tolerancia, fraternidad y solidaridad a las Damas de Blanco, a los opositores pacíficos, a los periodistas independientes y a todo aquél que ha intentado modificar las enervantes lindes del castrismo!
De nada sirve afirmar que el proyecto de constitución fue modificado en un 60 % si las únicas opiniones que se tuvieron en cuenta fueron las afines a los intereses de los comunistas. La carencia de argumentos de los mandantes es tanta que ni siquiera se atrevieron a abordar públicamente los cuestionamientos hechos a la imposición de la irreversibilidad del socialismo y al Partido Comunista como fuerza supuestamente superior de la sociedad cubana. La explicación del señor Homero Acosta Álvarez, acerca de que el pueblo no debería tener complejos acerca de la forma de elección del Presidente de la República, fue el ejemplo más evidente de que cuando no se tiene razón no se puede convencer a nadie, por muy capaz que sea el hablante.
Si la Constitución, como norma suprema del Estado, refleja el empoderamiento del pueblo, la nuestra prueba que aquí el soberano es usado como mecanismo de impulsión de los intereses de la dictadura. Un pueblo que no puede elegir a su Presidente, a los gobernadores provinciales, a los presidentes de los órganos locales de gobierno, ni a sus jueces y fiscales, ni participa realmente en la elaboración de sus leyes no tiene ningún poder. Por tal razón los cambios introducidos en el proyecto han sido cosméticos y la Constitución que nos ofrecen es un colorete.
A escasos días del referendo del 24 de febrero, todas las predicciones sobre la falsedad del proceso de reforma constitucional se han cumplido. El último acto de la farsa se está consumando ante la pasividad de un pueblo que no acaba de descubrir su enorme potencialidad, y ante una comunidad internacional que nada hace por impedirlo.
