MIAMI, Florida, agosto, 173.203.82.38 -“Se avanza en la reformulación y la elaboración de un conjunto de medidas reguladoras en esta materia.” Así se pronunció el gobernante Raúl Castro ante el pleno legislativo cubano al anunciar la flexibilización de los trámites para salir de Cuba. Una de las consecuencias inmediatas de esta medida implicaría el fin de la tarjeta blanca o permiso de salida del país y la carta de invitación, trámites imprescindibles para iniciar cualquier gestión migratoria de índole personal en la Isla.
Los viajes turísticos de nacionales al exterior también son mencionados entre las modificaciones que pudieran ocurrir en este relajamiento de los controles migratorios de carácter restrictivo, aún vigentes. Los cubanos hasta ahora solo han podido salir legalmente contando con el permiso que el gobierno concede a través del departamento de Emigración. A pesar de que en los últimos años ya se habían levantado algunas barreras a la hora de obtener dicho permiso, profesionales como los médicos, deportistas de alto rendimiento, científicos, trabajadores vinculados a la rama militar, entre otras labores consideradas estratégicas, han sido vetados de dicha autorización para salir. Lo mismo ha ocurrido con ciertas personalidades reconocidas y miembros de la disidencia invitados a eventos fuera del país.
¿Cómo quedaría conciliada en las condiciones actuales de Cuba una legislación que reformule la manera de viajar sin necesidad de pedir permisos, demostrar que existe un motivo especial para hacerlo o simplemente cuando se hace en plan de paseo? La respuesta parece estar contenida en las palabras del General Castro cuando se refirió a la preservación del capital humano como un objetivo a no perder de vista en este asunto.
Preservar el capital humano significa evitar que los ciudadanos con cierto nivel de formación salgan del redil amparados en las nuevas normativas. Aunque no se específica la cuantía del “capital” a proteger, no se descarta que ella incluya aquella parte que mantiene una postura contestataria o que pueda ser considerado como “material” clasificado por los organismos estatales. Por tanto se intuye que la flexibilización ya viene con limitantes dirigidas al fin proteccionista sobre personas que por su profesión, condición particular o interés especial del gobierno, son considerados “recursos” pertenecientes al Estado. Todo indica que sobre ellos seguirá pesando el control oficial.
La justificación para el sostén restrictivo en los casos mencionados sigue siendo un aporte del diferendo político existente entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. Raúl criticó en su discurso la ley preferencial migratoria aprobada en 1966 por el gobierno norteamericano para favorecer a los cubanos exiliados. Claro que omitió reconocer que la misma surgió en gran medida como respuesta a la expatriación declarada por el régimen castrista contra los que se marchaban de Cuba en aquellos años. Gracias a ella la comunidad cubana no solo ha podido contar con un respaldo de legitimidad en territorio norteamericano, donde llegó desguarnecida en todos los aspectos, sino que ha podido crecer de manera pujante para convertirse en una entidad a la que hoy miran desde Cuba para el posible repunte económico de la Isla
El régimen de La Habana no cesa de culpar a esa fórmula por los millones de cubanos que lo han arriesgado todo por salir de su tierra. Pero la realidad indica que la verdadera causa de esas ansias migratorias radica en el propio sistema totalitario, sus erróneas, arbitrariedades y el excesivo control impuesto sobre la sociedad que ha provocado entre otros males, la irremediable y dolorosa diáspora esparcida por más de cincuenta naciones.
Pero mientras se habla de pasos para facilitar salidas y el aligeramiento de los trámites migratorios, no ocurre otro tanto para el caso inverso de los que desean regresar a su país de origen. Aunque se deja un atisbo de que se manejan posibles cambios en esa dirección, no hay certidumbre ni claridad sobre reformas en lo tocante a ese extremo del drama que sufre el pueblo cubano.
Más allá de las ayudas en remesas y aportes económicos que dejan los viajes, viajeros y envíos desde el exterior, existe la problemática que tienen miles de cubanos impedidos de regresar, o siquiera ingresar, a su patria de nacimiento. Ellos están pendientes de un permiso que extiende el gobierno de la Isla según cada caso, que puede ser denegado e incluso retirado humillantemente en el mismo punto de desembarque.
Otro aspecto del que no se hizo referencia en la sesión del parlamento cubano es el de la Salida Definitiva, una figura que se estampa como una afrenta en los pasaportes de los cubanos que salen a otros destinos para rehacer sus vidas. De la desaparición de esta categoría infamante nada se dice. Lo mismo ocurre con las visas, esa especie de permisos de entrada a Cuba concedidos por los consulados cubanos a sus ciudadanos radicados en otras partes. Una concesión que añade al precio monetario el costo moral que su aceptación implica.
Flexibilizar es bueno, pero no es lo óptimo. Que en Cuba la gente pueda vender sus propiedades libremente es un paso positivo indudablemente. También lo es que pueda salir sin trabas para sentar vida en otros horizontes o simplemente conocer, visitar familiares o amigos, participar de eventos o cooperar con otros pueblos. Mejor si siempre hubiera sido así. La alegría de un cambio, por más positivo que este sea, no debe cegar al punto del olvido sobre el paso mayor y tal vez más importante por dar. Se trata de la apertura que elimine en su totalidad los resortes que impiden el giro completo del torno, posibilitando el acceso en todos los sentidos y el funcionamiento normal de la sociedad, incluyendo aquellos asuntos de los que hoy apenas se habla.