Reconozco que, al leer esa información, lo primero que pensé fue: “¡Pero no se lo habían dado ya?” Se sabe que, en estos regímenes totalitarios dominados por el marxismo leninista, los jefes, por el mero hecho de serlo, están destinados a todas las distinciones, reconocimientos y galardones habidos y por haber. El que antes no se haya tenido en cuenta al graduado Fidel Alejandro Castro Ruz a la hora de conceder el referido Premio, tal vez le cueste un buen regaño a algún burócrata del sector jurídico.
Ante el hecho ahora consumado, debemos preguntarnos: ¿Qué razones objetivas existían para ese otorgamiento? ¿Se habrá tomado como base la actuación del personaje antes o después de su arribo al poder? El dilema merece que abordemos brevemente esos temas, para darle respuesta.
La actuación profesional de Castro el mayor, tras graduarse de jurista, fue prácticamente nula. En esto no se diferencia él de otros personajes que se han metido en la historia llevando en la mano un título en leyes. A escala mundial, Robespierre, Carlos Marx, Lenin. En Cuba, Agramonte, Céspedes, Martí. Son sólo algunos ejemplos.
Por supuesto que no estoy haciendo juicios de valor; simplemente señalo nombres de personas que, para bien o para mal, se han ganado un lugar en la historia. “Abogados” es el título que se usa generalmente para describir a esas figuras. Aunque la denominación no es falsa, ella en realidad no resulta precisa ni esclarecedora. Para describir con mayor exactitud lo que hay de común en esos personajes, habría que utilizar una frase un poco más larga: “Abogados sin pleitos”.
Esta última característica es la que singulariza a esos seres. A diferencia de sus otros colegas, su actividad no se consagra a redactar escritos judiciales, esbozar teorías jurídicas o alcanzar la absolución de un acusado. No; en las universidades ellos se hicieron con las mismas herramientas, pero las emplean, si acaso, para el logro de objetivos políticos o sociales más ambiciosos y amplios. Si fomentan una clientela, ésta es política y no profesional.
En el caso de Fidel Castro, los otorgantes argumentan que el premio se concede “en ocasión del aniversario 60 de su alegato de autodefensa La historia me absolverá”. Según el Granma, los complacientes colegas de la asociación de hombres de leyes oficialista, calificaron ese documento de “pieza jurídica sin fisuras… que ha trascendido los cercos del espacio y del tiempo”.
Ya sabemos que, si algo ha caracterizado al homenajeado, es su incontenible verbosidad. Incluso aparece inscrito con toda justicia en los Records Guinness. Pero de las decenas de miles de páginas que contienen sus discursos, en ningún otro lugar encontraremos, como en La historia me absolverá, citas de libros de historia o de filósofos de siglos pasados. ¿No se han percatado de ello los obsecuentes jurisconsultos? ¿No sacan de esto conclusión alguna?
En su alegato, Castro critica el mecanismo —que recuerda el clásico cuento del huevo y la gallina— establecido en los Estatutos Constitucionales del régimen batistiano: El Presidente de la República nombraba a los ministros y éstos, a su vez, elegían al primero. Lo curioso es que, tras la trepa al poder del equipo revolucionario en 1959, la Ley Fundamental dictada estableció exactamente el mismo mecanismo vicioso.
La descripción detallada de los actos contra el derecho realizados por el galardonado durante las veintenas de años de su mando absoluto, requeriría una colección de libros. Él acabó con el Poder Judicial, estableció “tribunales revolucionarios” integrados por guerrilleros carentes de instrucción jurídica, barrió las garantías procesales, proscribió el libre ejercicio de la abogacía, convirtió a la Fiscalía en un cuerpo guiado por criterios políticos. En una palabra, encabezó el desmantelamiento del sólido sistema jurídico cubano.
Si los burócratas de la Unión de Juristas de Cuba consideran que el autor de tales actos merece el Premio Nacional de Derecho, están diciendo muy a las claras cuál es su pensamiento más íntimo sobre ese galardón que ellos crearon y que ellos mismos otorgan.
