LA HABANA, Cuba.- No han transcurrido 20 días del trágico suceso del hotel Saratoga, y ya nadie parece recordar lo sucedido. El pueblo cubano, siempre apurado por olvidar y desprenderse de los duelos para no añadir más pesares a su amargura cotidiana, parece haber optado por guardar silencio y dejar de cuestionarse qué seguirá tras el “lamentable accidente” que dejó 46 muertos y varios lesionados.
Los familiares de las víctimas también han decidido callar, excepto uno que se ha atrevido a pedir explicaciones al régimen dueño de todos los hoteles y edificios de Cuba, sea cual sea su estado. Desde el oficialismo llegan noticias dispersas sobre la investigación que se está llevando a cabo, la construcción de viviendas para los damnificados en zonas alejadas de sus domicilios destruidos, y la intención de conceder pensiones -provisionales o definitivas- a todos los afectados por el siniestro.
La palabra “indemnización” se evaporó entre el patetismo luctuoso de los voceros del régimen, la inevitable politización del suceso y el constante recordatorio de que las víctimas han sido atendidas en el sistema cubano de salud, con énfasis en su aparente gratuidad.
Argumentos similares acompañaron al desplome del Boeing 737 en los alrededores del Aeropuerto Internacional “José Martí” el 18 de mayo de 2018. Un total de 112 vidas se perdieron en aquel horrible accidente, del cual solo sobrevivió la joven Mailén Díaz Almaguer. Varias investigaciones revelaron luego que la nave estrellada tenía casi cuarenta años de explotación, y que la compañía mexicana Global Air había sido penalizada por varios incidentes de seguridad, una alerta que fue deliberadamente ignorada por Cubana de Aviación.
El accidente aéreo, como la explosión del Saratoga, ocurrieron bajo responsabilidad directa del régimen sin que hasta el momento se conozca quien, o quienes, responderán por tantas vidas aniquiladas y familias rotas. Del mismo modo ocurrió en 2020, cuando un balcón se desprendió y mató a tres niñas del barrio de Jesús María; otro accidente perfectamente evitable que fue sucedido por una investigación. Sin embargo, nunca más se ha hablado del tema, ni sobre quiénes recayó la culpa por no demoler a tiempo una estructura que representaba peligro para la vida.
Como ese balcón han caído paredes, pretiles y techos, provocando víctimas fatales que van a la cuenta del Estado. Así continuará ocurriendo porque La Habana toda es una amenaza de muerte por derrumbe. En las oficinas de Vivienda se engavetan por centenares los reportes de vecinos alertando a las autoridades del peligro que se cierne sobre ellos en sus propias casas, así como dictámenes de arquitectura donde se declaran inhabitables edificios que se van cayendo a pedazos mientras esperan por la única grúa de demolición con que cuenta la semidestruida capital de todos los cubanos.
El mismo régimen que permitió el avance del deterioro del fondo habitacional habanero, hoy quiere sacudirse de encima el problema para no ser blanco de críticas, porque la justificación del bloqueo ha perdido toda credibilidad ante el avance de la agenda hotelera. Ningún funcionario asume la responsabilidad por los muertos y heridos, ni las víctimas o sus dolientes reciben una compensación adecuada más allá de lo estipulado en la Ley de Seguridad Social, casi nada teniendo en cuenta que tales prestaciones se erogan en devaluados pesos cubanos.
La “vergüenza revolucionaria” sale al paso de quienes reclaman indemnizaciones justas para los afectados por la explosión del Saratoga, alegando que el dinero no traerá de vuelta a los fallecidos. Pero la cuestión no es el dinero, sino la exigencia de responsabilidad ante tragedias como esa. Ninguna compensación económica puede mitigar el dolor de la pérdida, pero sirve para recordarle a las empresas que las negligencias se pagan caro, y que los ciudadanos no están dispuestos a permitir que sus vidas sean tronchadas con impunidad.
El hecho de que el conglomerado multimillonario GAESA -dueño del Saratoga desde 2021- no haya manifestado otra intención que la de “estar del lado de las víctimas”, a la par que prevé reconstruir el hotel en el menor tiempo posible, expresa lo que valen las personas para este régimen.
No es nuevo el desdén del gobierno, ni la prisa de la gente por olvidar. El pueblo cubano intuye que se avecinan más tribulaciones, derivadas de la guerra y la crisis económica, y también de estas lluvias copiosas que reblandecen los cimientos de edificaciones que han rendido mucho más de lo esperado.
“Algo bueno traerá lo del Saratoga a los que sobrevivieron”, ironiza una vecina mientras tiende varias prendas de ropa en su balcón apuntalado del barrio de Jesús María. Ella sabe que la explosión del hotel le ha dado la vuelta al mundo. “A los que perdieron todo les van a dar casa, donde sea, pero se las van a dar. Jodidos estamos nosotros en estos cuartuchos que a nadie le importan”.
Y lleva razón. Cuando su edificio se desplome, en caso de que sobreviva, ella irá a parar a un albergue -si hay capacidades disponibles- probablemente hasta el final de sus días, porque la lista de familias enteras que aguardan por una vivienda o local no ha dejado de aumentar en los últimos años.
Los vecinos que mueran bajo los escombros serán llorados y sanseacabó. La falta de mantenimiento del patrimonio constructivo habanero no es responsabilidad de nadie. Aquí, donde supuestamente todo es de todos, es difícil asignar culpas y obtener justicia. La dictadura nada pierde con esperar a que nuevas desgracias sepulten las anteriores, y con ellas cualquier intención de investigar, responsabilizar, resarcir. Nada alimenta tanto la impunidad como la mala memoria y el silencio de las víctimas.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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