LA HABANA, Cuba. — El pasado domingo se celebró la primera vuelta de las elecciones municipales cubanas. Les doy ese nombre porque, pese a las manipulaciones que perpetra el régimen en la nominación de los candidatos, estos son varios para cubrir un solo puesto. Por ende, cada ciudadano escoge a uno solo de los postulados, que es lo que viene a significar “elegir”.
Durante semanas anteriores, diversos movimientos y personalidades opositoras, así como periodistas independientes, exhortamos a nuestros compatriotas a no concurrir a votar. En el caso de quienes no pudiesen sumarse al retraimiento, la invitación era a anular la boleta, preferiblemente con lemas claramente dirigidos contra el sistema socialista.
Felizmente, el llamado surtió efecto, aunque no en la medida en que hubiera sido deseable. Según los datos oficiales divulgados por el Consejo Electoral Nacional, en todo el país concurrió a votar el 68,59% de los ciudadanos habilitados para hacerlo. O sea, que casi un tercio de los cubanos mayores de 16 años no se prestó a participar en la mojiganga orquestada por el régimen. En las condiciones de un Estado-policía como Cuba, el dato es digno de ser destacado.
En La Habana los resultados fueron mejores. Según Diario de Cuba, de un padrón electoral de 1 677 456 personas, acudieron a votar 916 128; o sea, ¡apenas el 54,61%! Pero de los que sí concurrieron a sufragar, aproximadamente un 12% votó en blanco o anuló la boleta. Esto nos arroja una cifra adicional de unos 110 000 ciudadanos.
Estos últimos tampoco actuaron conforme a las consignas lanzadas desde el poder, las cuales exhortaban no sólo a concurrir a votar, sino a hacerlo “por el mejor”. ¡Entonces en la capital los que incumplieron las “orientaciones” comunistas representan algo más de la mitad del electorado (el 51% aproximadamente)!
Como habanero, me siento satisfecho de ese logro. Pero creo que los resultados menos favorables a la causa democrática obtenidos en el interior de la República justifican una pregunta: ¿Por qué? Es un hecho cierto que nuestros compatriotas que no residen en la capital son, con mucho, los más afectados por la calamitosa situación de nuestro país; los que sufren en un grado mayor los apagones, el desabastecimiento, la carestía.
Mi percepción es que esos millones de ciudadanos no saben que se puede hacer otra cosa. No tienen ni idea de las posibilidades que les brinda el sencillo expediente de no presentarse en el colegio electoral. Ese gesto fácil ni siquiera es ilegal, ya que en Cuba no es obligatorio votar. De generalizarse su uso, ello enviará un poderoso mensaje de inconformidad popular con la catástrofe en la que el socialismo burocrático ha sumido el país. Ello facilitará que, desde el mismo partido único, se inicien los cambios que nuestra Patria necesita de manera desesperada.
Lo anterior significa que es menester que se busquen las vías y modos para difundir más y mejor las consignas prodemocráticas. En ese sentido, los resultados del referendo sobre el Código de las Familias son harto instructivos. Como destaqué en otro artículo publicado en este mismo diario digital, en aquella consulta, en todo el país, apenas el 46,6% del electorado votó conforme a “lo orientado”.
Cierto es que, en aquel proceso, hubo más tiempo para difundir los mensajes contrarios al engendro comunista. También es cierto que esos criterios adversos provinieron no sólo de los luchadores prodemocráticos, sino de la sociedad civil en general. En el seno de esta se destacaron distintas denominaciones religiosas, que señalaron las innumerables deficiencias de la nueva ley.
Entonces es necesario trabajar en ese sentido de cara a las votaciones para diputados. Estas, de acuerdo a la práctica establecida, se celebrarán en unos pocos meses. En ellas se pone de manifiesto, en proporción mucho mayor que en las municipales, el mangoneo descarado de las autoridades comunistas. El método establecido al efecto en la vigente Ley Electoral representa una verdadera burla a la voluntad del pueblo, en quien —dice la “Constitución socialista”— reside la soberanía.
En ese procedimiento desempeñan un papel central las “comisiones de candidaturas”, un engendro tramposo ideado por los castristas para eternizarse en el poder. De vez en cuando, algún cotorrón del régimen insiste en que el minoritario partido único no participa en la conformación de esos órganos. ¡Ni falta que le hace! ¡Si ellas las integran representantes de las “organizaciones de masas”, que, según confesión leninista, son simples “correas de transmisión” de ese mismo partido!
Como resultado del trabajo de esas comisiones fulleras, quedan conformadas las candidaturas, cada una de ellas compuesta por un número de diputados igual al que le corresponda tener a cada municipio o distrito. El ciudadano puede votar por uno o varios de los postulados, o por todos ellos. Si no lo hace por ninguno, su voto es declarado nulo… ¡Una trampa perfecta! ¡Entonces no debemos asombrarnos si jamás ha habido un candidato a diputado que no haya alcanzado su curul!
De cara a esas próximas elecciones nacionales, conviene no sólo darle más divulgación a las ideas del retraimiento o la anulación de la boleta. También parece aconsejable mejorar el monitoreo independiente del proceso, que el pasado domingo pretendieron realizar —con escaso éxito— varias organizaciones de la oposición interna.
Al respecto me animo a sugerir otra forma de monitoreo, diferente y —creo— más fácil que las empleadas el domingo, las que fueron interferidas por la represión de los “segurosos”. La prensa independiente ha documentado el hostigamiento desplegado en ese sentido por la policía política, que retuvo en sus casas a los activistas o los expulsó (mediante las autoridades electorales, supuestamente “neutrales”) de los sitios en que monitoreaban el desarrollo de la votación.
Se trata de un método que lustros atrás, durante otro proceso comicial, aplicó la Asamblea para Promover la Sociedad Civil. Este consiste en tomar los datos (puede ser una foto) del modelo que cada colegio electoral está obligado a colocar en las afueras de su local como medio para informar de los resultados a los ciudadanos adscritos a él.
Cabe suponer que esos datos se ajusten a la realidad. Adulterarlos implicaría un riesgo evidente: que la mixtificación sea conocida no sólo por los miembros del colegio electoral, sino también por los ciudadanos que asistan a los escrutinios. Sería un desprestigio adicional que, hasta el momento, los castristas no han querido correr.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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