GUADALAJARA , México, abril, 173.203.82.38 -Desde hace tiempo el Gobierno de Cuba se ha dedicado a pregonar que todos los cubanos que se han atrevido a disentir de sus políticas y de su forma de gobernar están “pagados por el Imperio”. Cuestión ésta que es totalmente falsa, pues la mayoría de los luchadores por los derechos humanos y por el fin de la dictadura, dentro y fuera de Cuba,
jamás han recibido un centavo del Gobierno de los Estados Unidos.
Sin embargo, todo el andamiaje que tiene el Gobierno de Cuba para proteger sus intereses y salvaguardar la dictadura está compuesto por personas que están, en su totalidad, pagadas por la familia dueña del país, que, de hecho, actúan como si de un imperio se tratase y todos los ciudadanos fueran sus súbditos o sus esclavos. Un ejemplo significativo de esto es el sistema de justicia cubano.
La policía, encargada de detener a presuntos delincuentes, está pagada por el Gobierno. Los instructores del departamento Técnico de Investigaciones (DTI) o de la Seguridad del Estado (G2), son todos asalariados del Gobierno.
Los fiscales que acusarán a esos detenidos son todos empleados del Gobierno. Los jueces que supuestamente impartirán justicia, ya sea para condenar o liberar a los acusados, todos viven del salario que reciben del Gobierno.
Y, para colmo, los abogados que defenderán a los detenidos y acusados, todos son pagados por el Gobierno. Alguien que viva en el mundo democrático podría pensar que un detenido puede tener la opción de tomar un abogado de oficio del Gobierno o de pagar por su cuenta su propio abogado, y así respondería a sus intereses y no a los del Gobierno. Pero está totalmente equivocado. En Cuba para poder ejercer
como abogado defensor de un ciudadano en un juicio penal hay que trabajar en los bufetes colectivos, que todos son propiedad del Gobierno y de donde reciben su sueldo los abogados.
Cada abogado cobra un por ciento del monto que cobró el bufete por llevar su caso, que es muy poco, ya que es un precio módico en pesos cubanos. Realmente, los abogados no viven de ese salario que les da el Gobierno como resultado de los juicios en los que hayan participado, sino que sobreviven gracias a los regalos que les hacen sus clientes, ya sea en efectivo, en artículos para su hogar, alimentos, ropa, etc.
Entonces, cualquiera podría pensar que los abogados sí responden a los intereses de los acusados, ya que en definitiva viven de lo que les regalan los clientes. Pero eso es así siempre y cuando el caso no sea de importancia para el Gobierno. En los casos políticos, o de otro tipo que impliquen un interés específico del Gobierno en que los acusados sean condenados, sin importar si son culpables o no, el abogado deberá actuar en correspondencia de los intereses de su empleador. Simplemente, si no lo hace así puede poner en riesgo su trabajo, y si lo pierde no puede ejercer su profesión, ya que debe estar vinculado a un bufete colectivo obligatoriamente, propiedad del Gobierno.
El sistema judicial cubano es una gran farsa, una puesta en escena donde todos los actores ya saben de antemano el papel que deben interpretar y el resultado final, sin importar los argumentos o pruebas que se expongan en el transcurso de la vista.
Han habido muchos jueces y fiscales con vergüenza que han preferido renunciar a su trabajo antes de seguir prestándose a atropellos y arbitrariedades, ya que estudiaron esa carrera para impartir justicia, no para ser protagonistas de la injusticia.
Conozco el caso de una jueza, que cuando llegó a trabajar en los seis juicios programados para ese día, le dijeron que por interés de “arriba”, en esa jornada debían terminar en prisión los acusados de dos de los juicios, los de otras dos causas deberían ser absueltos y de los otros dos restantes debían pagar multas. Eso sin importar cuales ella escogiera, pero que ese debía ser el resultado, como una
muestra de la variedad de opciones que existían. Ella dijo:
– ¡Imagínate eso!, si en los seis juicios hubieran seis asesinos debía escoger dos para mandar a prisión, dos para multarlos y dos para absolverlos. O si todos hubieran sido inocentes, debía mandar de todos modos dos de ellos a prisión y multar a otros dos…
Ese día tuvo que romperse la cabeza para cumplir lo establecido, tratando de hacer la mejor justicia posible o lanzando una moneda al aire para decidir la suerte de esos seres humanos.
En muchas ocasiones pasaron por su sala gran variedad de jineteras. En dependencia de las señas que recibía de “arriba”, y de la presión que hubiera ese día sobre el tema de la prostitución, debía mandarlas a prisión o liberarlas, todo en dependencia de los intereses gubernamentales del momento. Por todas estas cosas pidió su renuncia y hace años que no trabaja en el sistema judicial cubano.
La mayoría de los fiscales en la actualidad son muchachos recién graduados que están cumpliendo su servicio social en la Fiscalía por obligación. Una vez que lo terminan, se largan a buscar trabajo como abogados. Los fiscales no tienen clientes que les paguen, y si los sorprenden recibiendo dinero de los acusados van a prisión, por lo que no vale la pena ser artífices de condenas a personas que potencialmente pueden buscar venganza contra ellos. Pero mientras que están en ese trabajo deben cumplir las órdenes de su empleador y mentir descaradamente en las conclusiones que presentan al tribunal, exagerando los cargos e inventando pruebas, o refiriéndose a declaraciones y confesiones que en muchos casos nunca existieron.
Conocí a una fiscal que la botaron cuando empezó a salirse de la línea de trabajo que le habían impuesto y comenzó a ser menos dura con quien ella consideraba que era inocente, o cuando lo que se pedía como condena no correspondía con el delito cometido, y a retirar los cargos cuando los abogados demostraban que la persona era inocente. La botaron por intentar hacer justicia.
Sin lugar a dudas, todos los actores del sistema judicial cubano son “pagados por el Imperio”, el imperio de los Castro que lleva en Cuba 53 años: policías, instructores, fiscales, jueces, y hasta los abogados.
Andy P. Villa es autor del libro Memorias de 100 y Aldabó, la Prisión más Temible de Cuba
