MIAMI, Florida, mayo, 173.203.82.38 -La nota informativa publicada en la prensa cubana acusando de campaña difamatoria los reclamos para se investigue la muerte de un disidente, pone en evidencia una vez más la situación que pesa sobre los derechos humanos en Cuba. Raramente los medios oficialistas de la Isla se hacen eco de sucesos relacionados con noticias de esa índole ocurridos en el contexto nacional. Cuando lo hacen es bajo el imperativo de la gravedad del acontecimiento o la notoriedad ocasionada por la comunicación que desbordó el control.
El evento que provocó la respuesta gubernamental en esta ocasión fue el fallecimiento del opositor Juan Wilfredo Soto García, ocurrida apenas un día después de un incidente por el que fuera detenido en un céntrico parque de Santa Clara. Las dudas sobre la causa real del deceso motivaron la protesta de Guillermo Fariñas y varios opositores agrupados en la Alianza Democrática Cubana (ADECU) quienes hicieron pública declaración pidiendo el esclarecimiento de esta muerte.
En rechazo a la versión oficial de los hechos, que niega cualquier acto violento cometido contra el detenido, así como responsabilidad sobre de una defunción achacada a problemas de salud, los opositores alegan que las autoridades pretenden encubrir lo que pudo ser un acto criminal que debe ser investigado de manera pública y transparente para que los culpables reciban justo castigo.
Sucesos de este tipo suelen verificarse en cualquier parte del mundo. Cuba no es la excepción, incluso cuando la contingencia no tiene por orígenes motivaciones políticas. Ninguna sociedad, aún las que cuentan con un sistema legal de mayor transparencia, está inmunizada contra los abusadores y violadores del derecho ciudadano. Es mucho peor si sociedad se halla sometida a una dictadura o al régimen de un partido que no admite opiniones contrarias y que hace cualquier cosa por impedir el disentimiento abierto. Esto explica la reacción promovida por el caso de Soto García.
Lejos de emprender una investigaciones con toda la rigurosidad, las autoridades del país se acomodan al mensaje divulgado por una prensa que responde ciento por ciento a sus intereses, donde hasta los testimonios presentados no son dignos de confianza, aunque vengan con el aval de un facultativo y familiares de la víctima.
En Cuba las arbitrariedades e irregularidades ocurren frecuentemente en cualquier terreno. En los años que estuve al frente de la Pastoral Carcelaria en la Iglesia Católica pude conocer de muchos excesos cometidos contra presos comunes que cumplían sanción por delitos probados. En adición al castigo impuesto por las leyes recibieron maltratos que en ciertos casos produjeron un desenlace fatal. Al menos en los que conocí el atropello de los uniformados quedó impune, a pesar de las quejas y denuncias de los represaliados o sus familiares. Así ocurrió con una joven reclusa en la prisión de Manto Negro, muerta tras recibir varios golpes, uno de ellos en la cabeza. Según los reportes médicos la muchacha tenía un tumor en el cerebro.
Había otras violaciones flagrantes que de alguna manera ponían sobre la mesa el desamparo de la gente frente a la corrupción y la impunidad en que se mueven ciertos agentes y funcionarios del “orden”, escudados por el régimen de derecho proletario. Uno de los que debía ser defendido por esas normas terminó pasando varios años tras las rejas, que ayudaron a cerrar falsos testigos forzados por métodos crueles para que declarasen contra el inocente.
Derrames cerebrales, fallas del corazón, comas diabéticos y múltiples razones pueden aparecer como causales de un final con apariencia natural, pero que pudo desencadenar una acción externa. El mal pre existente la convierte en letal. Casos abundan, pero para el régimen resulta más cómodo no reconocer esas realidades, o asegurar que son parte de un plan para desacreditar y destruir a la Revolución cubana, paradigma del respeto de los derechos.
Un artículo publicado en Granma bajo la firma del periodista Enrique Ubieta Gómez expresa claramente el concepto castrista de estado derecho vigente en el país: “Cuba, claro, no es un estado de derecho “burgués”, sino socialista, por voluntad de su pueblo expresada en las urnas.” Solo que son esos mismos trabajadores, estudiantes y ciudadanos comunes los que reciben el impacto del arbitrario manejo del sistema de leyes bajo ropaje proletario que sirven en beneficio de la nueva clase, dueña absoluta del poder y del destino de la nación.
La pregunta afirmación publicada en el órgano oficial del Partido Comunista cubano para desmentir a quienes demandan la intervención imparcial de la justicia, denota la soberbia que caracteriza al estado totalitario. La nota afirma que en más de cinco décadas no ha existido un solo torturado, desaparecido o asesinado. Apenas a un año de lo ocurrido con Orlando Zapata.
De nada sirve tratar de desmontar “Campañas” montando contra campañas, no importa que para ello se utilice la mediación de familiares del doliente o testigos oportunos que aplauden las bondades de la Revolución y su infalible proceder en estos temas, sin exigir nada más. Basta recordar los testimonios oficiales difundidos cuando el hundimiento del remolcador 13 de Marzo, para demostrar que el naufragio fue accidental, haciendo recaer el peso total de la culpa sobre los que escapaban a bordo. Solo por citar uno de los hechos más graves ocurridos en este “estado de derecho” al que se refiere el señor Ubieta, un horrendo crimen aún por juzgar.
La investigación de las irregularidades debe ser un ejercicio normal en un sistema que protege a la sociedad y demuestra la legitimidad de su autoridad. La debida atención ante cualquier posible violación de las leyes es práctica sana que no tiene nada que ver con visiones cuarteleras de asedios enemigos para conseguir rendiciones incondicionales. Más bien trabaja a favor del gobierno que la asume constituyéndose en su mayor fortaleza.