LA HABANA, Cuba.- El embargo comercial y financiero que desde 1962 imponen los Estados Unidos al gobierno cubano resulta un tema de permanente polémica como matiz insoslayable del dilatado diferendo bilateral. Cada otoño ese debate se aviva a causa del análisis del complicado asunto en la sesión ordinaria de la Asamblea General de la ONU, la cual vota una resolución no vinculante presentada por Cuba como denuncia y condena a esta medida unilateral del gobierno norteamericano.
Cada año por esta fecha el gobierno cubano repite hasta el cansancio su interminable cantaleta culpando al embargo, que ellos califican como bloqueo, de todas las carencias y fracasos de la siempre desastrosa economía cubana. De igual forma los aliados políticos del castrismo alrededor del mundo se suman a la campaña contra el embargo norteamericano, incluso muchos gobiernos de todas las latitudes manifiestan su rechazo a este diseño de presión permanente sobre el régimen de La Habana.
Incluso, según su propio discurso, para el gobierno cubano no parecen tener importancia las reiteradas manifestaciones de voluntad del presidente norteamericano Barack Obama contra esta añeja y hasta ahora inoperante política, ni las medidas que ha tomado para flexibilizarla en el marco del difícil proceso de normalización de las relaciones entre los dos países vecinos.
Los gobernantes de la Isla, quienes parecen no querer perder lo que ha sido el argumento principal para justificar su extremismo e intolerancia, no solo menosprecian los pasos y avances de su contraparte si no que se niegan a flexibilizar los férreos controles económicos internos o las expoliadoras presiones financieras contra los exiliados.
Mientras exigen el levantamiento incondicional del embargo, los gobernantes cubanos se niegan a convertir a sus ciudadanos en personas jurídicas y protegidos ciudadanos económicos, así como a instituir garantías jurídicas para el ejercicio de las libre actividad empresarial, a lo que se une la aberrante exclusión que significa esa especie de Apartheid económico que implica la existencia de una Ley de Inversión Extranjera.
Las autoridades da La Habana no tendrían que hacer concesiones ideológicas ni políticas para rebajar los leoninos precios del pasaporte cubano que exigen incluso a los emigrantes que han obtenido ciudadanía extranjera (en Estados Unidos cobra 400 dólares por el pasaporte y 200 por la prórroga del mismo). Lo mismo sucede con los exorbitantes aranceles aduanales que día a día martirizan a los viajeros cubanos
El alto liderazgo de La Habana se aferra a sus acusaciones y exigencias en tanto, aunque parecen generalizarse los criterios contra el embargo, sobretodo en la clase política norteamericana, no debemos olvidar que con la llamada Ley Torricelli en 1992 el embargo se volvió extraterritorial y a partir de 1996 con la llamada Ley Helms-Burton quedó codificado congresionalmente y resulta harto conocido que en Estados Unidos es más difícil derogar una ley que aprobarla.
Para muchos cubanos anticastristas el embargo, más allá de la incapacidad demostrada para lograr sus propósitos, parece una especie de premio moral de consuelo por todo el crimen y la injusticia que hemos sufrido a manos del único totalitarismo del hemisferio occidental. Durante años muchos se han aferrado a esa especie de castigo simbólico que sin embargo no puede influir en el logro del cambio fundamental que necesita la sociedad cubana,
Porque el embargo es un instrumento político que por medio de la presión y el cerco económico pretende generar una serie de condiciones internas que hagan insostenible el sistema vigente. El balance real es que después de tantos años ese instrumento político solo tiene como resultados tangibles alimentar el argumento castrista del agresivo enemigo externo y armar cada año a los jerarcas de La Habana de una resolución casi unánime de la ONU contra los Estados Unidos, sin importar que ese respaldo mayoritario esta generado por el carácter extraterritorial del embargo, porque en realidad los Estados Unidos tienen derecho a comerciar con quien quieran, pero los demás países también.
Los que todavía respaldan el embargo pierden de vista elementos trascendentales que definen su inoperancia. En primer lugar la toma del poder por parte del castrismo fue tan total que no quedan en Cuba intereses particulares ni espacios cívicos independientes capaces de ejercer una adecuada presión sobre el gobierno para poner en peligro su hegemonía.
Por otra parte aunque fuera posible caotizar la sociedad cubana a fuerza de presiones externas, lamentablemente las referencias de bienestar y niveles socioeconómicos en Cuba han sido tan distorsionados que realmente no se aprecian límites de ruptura y estallido que pongan en riesgo el status quo. De igual manera la ausencia de espacios, garantías y los mecanismos de coerción y represión provocan que ante la decepción y la desesperanza los cubanos demuestren más vocación simuladora y migratoria que contestataria o demandante.
El otro gran problema del embargo es que el gobierno norteamericano se plantea el reto de embargar o presionar económicamente a un país al cual deben prácticamente mantener materialmente. No es secreto el enorme monto de recursos financieros y mercancías de todo tipo que vía remesas llegan a Cuba anualmente y, aunque el gobierno cubano no lo reconoce en sus poco confiables estadísticas económicas, constituyen un alto por ciento de las divisas frescas y seguras que recibe. Lo mismo sucede con las cifras millonarias que generan los trámites migratorios y de viaje hacia Estados Unidos.
Espero que a estas alturas nadie imagine que el embargo sea causante del retraso y la inviabilidad económica del castrismo, de todos es conocido que estos regímenes no necesitan ayuda de nadie para generar el caos económico. Ni tres décadas de multimillonarios subsidios soviéticos salvaron a Cuba del desastre. Ni que decir del chavismo, sumido en la más grave crisis después de dilapidar una multimillonaria renta petrolera y mantener a su adversario político como su principal mercado.
Considero también inaceptable el manido argumento de que el alto liderazgo de La Habana encontraría otro pretexto para mantener su intolerancia excluyente y represiva al ser levantado el embargo, simplemente porque los políticos no regalan argumentos y más de una vez las autoridades cubanas no han encontrado razones convincentes para impedir la concreción de realidades que mucho les incomodan. La circulación de divisas, el turismo internacional, la expansión de internet, el trabajo por cuenta propia, la inversión extranjera constituyen pruebas inequívocas.
Más allá de persistir en tan inoperante e contraproducente mecanismo de presión los demócratas norteamericanos podrían aprovechar los espacios y canales que se abren para conectar con proyectos viables de la sociedad civil independiente y así brindar a sectores emergentes y autónomos del pueblo cubano los respaldos materiales y cognitivos que les permitan hacer una contribución capital a la reconstrucción económica, social y espiritual de nuestra nación, libres de tutelajes, injusticias ni exclusiones.