LA HABANA, Cuba. -El lineamiento no. 25 de los 313 aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista planteaba la creación de “cooperativas de primer grado, nueva organización económica, de propiedad colectiva con personalidad jurídica propia, con la finalidad de producir y prestar servicios a la sociedad”.
El Consejo de Ministro de Ministros, amparado en dicho lineamiento, dictó el Decreto-Ley 305 del 15 de diciembre de 2012 que autorizó la constitución de las llamadas Cooperativas no Agropecuarias (CNoA). El Decreto No. 309 recoge el reglamento al que se atendrán en su funcionamiento dichas cooperativas.
A inicios de octubre de 2014 se constituyeron las primeras cooperativas no agropecuarias. Al cierre del pasado año en toda Cuba funcionaban 345. En La Habana es donde se concentra la mayor cantidad: 173. Le siguen Artemisa con 64, Matanzas con 20, Mayabeque con 15 y Pinar del Río con 12.
Las cooperativas no agropecuarias están autorizadas para establecer relaciones contractuales con empresas estatales, unidades presupuestadas, con pequeños negocios privados y otras cooperativas, tal como reza en el lineamiento no. 27.
Pero también el lineamiento 27 señala, a modo de camisa de fuerza, que “después que las CNoA cumplan sus compromisos con el Estado, podrán realizar venta libre”. Esto se contrapone a la naturaleza jurídica de estas nuevas formas de producción que se supone sean independientes y no estén sujetas a ninguna de las estructuras económicas del Estado.
Estas cooperativas se rigen por las leyes del mercado, y no por la planificación y la centralización que sujetan por la nariz a las empresas y unidades presupuestadas estatales.
En estos momentos la mayor presencia de las CNoA se registra en el comercio y los servicios técnicos personales (130), le siguen los restaurantes vinculados al turismo (85) y la industria manufactureras (49). Las restantes se dedican a la trasportación de pasajeros, actividades inmobiliarias, almacenamiento y servicios comunales.
A pesar de las dificultades que enfrentan estas CNoA para poder cumplir los contratos, su saldo ha sido positivo.
La mayoría de los asociados de estas cooperativas han reportado ganancias promedio de 120 dólares mensuales, una cantidad muy superior a los 18 dólares mensuales de salario que ganan la mayoría de los empleados estatales.
A finales de 2013 funcionaban en todo el país 198 cooperativas no agropecuarias. Al terminar el pasado año estaban activas 345. Es decir, que en un periodo de un año se crearon 147 establecimientos más de estas nuevas formas de propiedad colectiva, a pesar de la marcada ralentización para su aprobación por los consejos de administración municipal y provincial y del ministerio del que se desprendieron.
Muchas cooperativas llevan un año a la espera del dictamen del Consejo de Ministros, que es el que le da fuerza legal y personalidad jurídica para el desempeño de los objetivos por los cuales fueron creadas.
En la II Feria de Conciliación y Aseguramiento de la Economía Nacional 2016, que se desarrolló en EXPOCUBA, entre el 16 y el 31 de marzo, expusieron con sus stands respectivos 12 CNoA. De ellas, 8 estaban debidamente acreditadas para realizar negociaciones con otros entes empresariales, pero otras cuatro, del municipio Placeta, en Villa Clara, mostraron las producciones y servicios que pueden ofrecer, pero están paralizadas porque desde hace un año esperan que el Consejo de Ministros las autorice.
Inicialmente el gobierno autorizó a modo experimental la constitución de 498 de estas cooperativas, pero dos años después solo funcionan y con bastantes problemas 345.
Marino Murillo Jorge, titular de Economía y Planificación, el todo poderoso zar de la economía cubana, fue claro al señalar que las CNoA tendrán prioridad de acceso al mercado mayorista sobre los dueños de los pequeños negocios privados.
Otro elemento a favor de las cooperativas es que su carga tributaria será 50% menor que la que se aplica a los pequeños empresarios privados.
Según Murillo, estos pasos están dirigido a estimular la creación de estas cooperativas y ralentizar, mediante altos impuestos, la actividad privada, para así evitar la extensión y consolidación de los pequeños negociantes privados, e impedir que surja una clase media adinerada e influyente.
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