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Viernes, 22 de septiembre 2017

El compromiso con Cuba

EEUU está enfocado en fortalecer el sector privado en la isla caribeña

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Vendedor de libros en la Plaza de Armas antes de que estos comerciantes fueran retirados del lugar (Archivo)

GUANTÁNAMO, Cuba.- En otro intento de desmontar el legado de su predecesor, el presidente Donald Trump ha cambiado significativamente la política estadounidense hacia Cuba, con la introducción de restricciones para hacer negocios con el mayor conglomerado de empresas militares, así como mayores controles a los viajeros que visiten la isla.

La nueva política de Trump intenta reducir drásticamente el flujo de dinero que le llega al Gobierno cubano y presionarlo para que permita un mayor desarrollo del sector privado. Estados Unidos mantendrá, no obstante, las relaciones diplomáticas con Cuba y su embajada en La Habana. Los viajes familiares y las remesas que envían los cubanoamericanos tampoco serán afectados.

Trump anunció los cambios el viernes, rodeado de seguidores cubanoamericanos en el Teatro Manuel Artime de Miami, un lugar que lleva el nombre de uno de los líderes de la Brigada 2506 de Bahía de Cochinos, cuyos veteranos ofrecieron a Trump su respaldo en octubre pasado.

El presidente citó las violaciones de los derechos humanos en Cuba como justificación para su nuevo enfoque.

Aunque no se trata de la reversión del histórico acercamiento promovido por el expresidente Barack Obama, la posición de Trump se acerca más a la línea dura de algunos republicanos cubanoamericanos, quienes arremetieron contra la política de Obama por considerarla una capitulación ante el régimen comunista de la isla. El senador de la Florida, Marco Rubio, ayudó a elaborar los cambios propuestos por Trump, con el aporte del representante por Miami, Mario Díaz-Balart.

“Si vamos a tener un mayor compromiso económico con Cuba, será con el pueblo cubano”, dijo Rubio al Miami Herald en una entrevista.

Rubio calificó la nueva política como un intento estratégico a largo plazo para obligar a los veteranos oficiales militares y de inteligencia cubanos a aflojar su control sobre la economía de la isla, a medida que una generación más joven de líderes comunistas se prepara para hacerse cargo.

“Toda la presión proviene de los intereses empresariales estadounidenses que van a Cuba, ven las oportunidades y luego vuelven aquí y nos presionan para levantar el embargo”, dijo Rubio.

“Estoy tratando de revertir la dinámica; estoy tratando de crear un sector empresarial cubano que vaya adonde está el gobierno cubano y lo presione para que haga cambios. También estoy tratando de crear una clase floreciente de empresarios privados independiente del gobierno”, añadió.

Obama esperaba que una Cuba más ligada a Estados Unidos ya no sería capaz de culpar de sus problemas económicos al “imperialismo yanqui”. Sus partidarios, entre ellos prominentes cubanoamericanos de Miami, imploraron a la administración Trump que mantuviera el nivel actual de relaciones. Al igual que Rubio, argumentaron que solo un sector privado floreciente conduciría a un cambio político en Cuba; donde las dos partes no están de acuerdo es en la mejor manera de fomentar el crecimiento de la empresas privada

La directiva presidencial de Trump no restituye la política de “pies secos, pies mojados”, que permitía a los cubanos permanecer legalmente en el país aunque entraran sin visas, y que Obama eliminó en enero de este año. No toca el embargo comercial de Estados Unidos, que sólo puede ser levantado por el Congreso. Y no limita los viajes o las remesas de los cubanoamericanos, como hizo el expresidente George W. Bush, aunque menos funcionarios del gobierno cubano podrán viajar a Estados Unidos y recibir remesas.

Trump, en cambio, sí será más estricto que Obama en la autorización de los viajes a Cuba. El turismo en Cuba está prohibido para los estadounidenses pero Obama expandió a doce las categorías de viaje legalmente autorizadas para ir a la isla bajo una licencia general—sin una autorización explícita del Departamento del Tesoro. La definición de las categorías también se amplió para incluir nuevas actividades educativas, culturales y profesionales, como la organización de torneos deportivos, la investigación de mercadeo, o la filmación de programas de televisión, entre otras.

En la práctica, la administración implementó un sistema que dependía de la veracidad de lo que declaraban los viajeros. Bajo la nueva política de Trump, los viajeros estadounidenses estarían sujetos a una auditoría del Departamento del Tesoro, para asegurarse de que su viaje encaja dentro de una de las doce categorías permitidas. Los viajeros deberán mantener la documentación que pruebe su itinerario y sus interacciones con los cubanos, o podrían ser sancionados. Los viajes educacionales o para el llamado contacto “pueblo a pueblo” volverán a requerir el patrocinio de una organización, que deberá organizar el itinerario y enviar a un representante con los viajeros, una medida que había eliminado Obama.

Medidas de este tipo, podrían “atemorizar” a los viajeros y reducir la demanda, según estimó John Kavulich, presidente del U.S.-Cuba Trade and Economic Council.

Los vuelos regulares y los cruceros a Cuba continuarán porque la orden ejecutiva contempla excepciones para el pago de las tasas en aeropuertos y puertos, aunque estos estén controlados por fuerzas militares o de seguridad cubanas. También incluye excepciones para permitir transacciones relacionadas con la renta de habitaciones en casas particulares, como las que ofrece Airbnb, así como el envío de remesas a través del sistema financiero cubano, interrelacionado con compañías bajo el control de los militares.

El blanco principal de la directiva es el Grupo de Administración Empresarial, S.A. (GAESA), un emporio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que controla el 60 por ciento de la economía cubana, según estiman expertos. Las transacciones financieras con GAESA quedarán prohibidas, así como las transacciones con cualquiera de sus “filiales, subsidiarias o [compañías] sucesoras”. La prohibición también incluye a todas las demás entidades controladas por los militares, los servicios de inteligencia y otras fuerzas de seguridad.

“Eso es enorme, es prácticamente todo”, dijo Díaz-Balart en declaraciones a el Nuevo Herald y el Miami Herald. “Esa es toda la industria del turismo”. Según Kavulich, más de 45 compañías estadounidenses tienen alguna actividad, servicio o negocio relacionado con Cuba, aunque en su mayoría están relacionados con los vuelos regulares, cruceros o las telecomunicaciones, este último un sector no controlado por GAESA.

No existe todavía ninguna inversión directa de una compañía estadounidense en la isla. El gobierno cubano canceló un proyecto de producir tractores, que hubiera sido la primera empresa con capital estadounidense en ese país en medio siglo.

El reto para la administración de Trump será cómo aplicar la medida en el caso de los viajeros, quienes podrían estar violando la ley sin saberlo, por ejemplo, al comer en uno de los restaurantes manejados por Habaguanex —recientemente adquirida por GAESA— en la zona turística de La Habana Vieja. El Departamento de Estado tendrá la tarea de identificar, regularmente, todas las compañías vinculadas a los militares, lo que se complica por la falta de transparencia del régimen comunista. El Gobierno cubano también podría crear nuevas entidades, separadas del control de las FAR o el Ministerio del Interior, para manejar los negocios con las compañías estadounidenses, “como un modo de evadir las restricciones”, apuntó Ted Piccone, investigador principal de Brookings Institution y experimentado observador de las relaciones EEUU-Cuba.

La nueva política contempla excepciones para continuar las operaciones en la base naval de EE.UU. en Guantánamo, para expandir las telecomunicaciones y acceso a internet en la isla, y para continuar con las exportaciones estadounidenses permitidas por la ley de productos agrícolas, medicamentos y dispositivos médicos.

Las medidas —y la posibilidad de violar la ley al hacer negocios con una compañía militar desconocida por EE.UU.— posiblemente “desalentarán” a las empresas estadounidenses que estaban considerando hacer negocios en la isla. “Es un mercado demasiado pequeño para pasar por todo este trabajo”, agregó.

La política de Trump no se limita sólo a los viajes y negocios. Su administración también se opondrá a las medidas en las Naciones Unidas y en otros lugares que pidan el fin del embargo. El año pasado, EEUU se abstuvo por primera vez cuando la ONU realizó una votación para condenar lo que Cuba llama un “bloqueo comercial y financiero”.

Trump también requerirá que las agencias federales informen sobre violaciones de los derechos humanos y los fugitivos estadounidenses albergadas por el Gobierno en Cuba. Asimismo, la directiva establece que el Departamento de Estado deberá coordinará un grupo de trabajo en el que participarán la Oficina de Trasmisiones a Cuba (OCB), organizaciones privadas y no gubernamentales “para examinar los retos tecnológicos y oportunidades para expandir el acceso a Internet en la isla”.

Grupos de cubanoamericanos que apoyan el acercamiento a Cuba y que han estado buscando el apoyo de republicanos en el Congreso para impedir una reversión de las políticas de Obama, han cuestionado el impacto de las posibles políticas de Trump.

Carlos Saladrigas, el presidente del Cuba Study Group, una influyente organización cubanoamericana que respaldó a Obama, cree que si las medidas se limitan a prohibir los negocios con GAESA, su impacto “va a ser mínimo” por ahora.

“No hay mayores relaciones comerciales con empresas militares excepto en el turismo”, comentó.

El ejemplo más obvio es la cadena hotelera Starwood, que administra el Four Points by Sheraton en La Habana, un hotel de Gaviota, el brazo turístico del gigante GAESA. Con la nueva política, la administración podría cancelar la licencia de Starwood o decidir no renovarla, comentó Kavulich. “Una victoria política más grande para la Administración sería lograr avergonzar a Starwood al punto de que decidiera decirle al Gobierno cubano que no puede continuar con el contrato”, añadió.

Starwood retrasó la entrada en vigor de un contrato para la administración de otro hotel en La Habana, lo que sugiere que los abogados de la compañía recomendaron cautela, comentó Kavulich. Para las compañías, “va a ser difícil argumentar en contra de estas medidas”, encaminadas a “priorizar la relación con entidades privadas”, opinó.

El CSG se estaba preparando para el peor escenario y estimaba que si la Administración restringía más severamente los viajes, incluso de los cubanoamericanos, eso podría ocasionar el cierre de uno de cada cuatro negocios privados en la isla, los que se han beneficiado del aumento de visitantes estadounidenses y del turismo internacional. Según cifras oficiales cubanas, el número de estadounidenses que visitaron Cuba se disparó en un 74% en 2016, en relación al año anterior.

Pero el exdiplomático cubano Carlos Alzugaray, que reside en La Habana, cree que la economía del sector privado está muy intricada con la estatal y “no hay forma de golpear al Gobierno que no golpee al sector privado y a los intereses norteamericanos”.

La medida contra los militares, sin embargo, parece popular entre disidentes, incluso entre aquellos a favor de la apertura propiciada por Obama. La periodista independiente Miriam Celaya —quien participó en una reunión de miembros de la sociedad civil con el expresidente durante su viaje a La Habana en el 2016—, dijo que estaba a favor del levantamiento del embargo pero de manera “condicionada y gradual” y de un modo que “beneficie a los cubanos y no a la dictadura, que es lo que está pasando ahora”.

Celaya dijo que sería “muy peligroso seguir dando dólares y empoderar al régimen”, cuando la represión a opositores y activistas ha aumentado; el Gobierno se mantiene en vilo por la situación en Venezuela, su principal aliado; y, además, está preparando un traspaso “parcial del poder”, con el retiro del gobernante Raúl Castro —quien anunció que dejaría la presidencia, aunque posiblemente se mantenga al frente del Partido Comunista—.

Hasta el momento, el Gobierno cubano no ha respondido directamente a los comentarios provenientes de Trump o su administración y ha ofrecido mantener el diálogo con EE.UU. Alzugaray negó que una declaración leída en la televisión estatal criticando el mensaje enviado por Trump, por el 20 de Mayo —día del surgimiento de la República—, fuera una respuesta oficial del gobierno.

Desde la campaña presidencial, Trump criticó el “mal acuerdo” con el Gobierno cubano. La falta de reciprocidad del gobierno de Castro se esgrime como una de las justificaciones para ordenar los nuevos cambios, aunque Alzugaray señaló que Cuba había “permitido” la apertura de una embajada estadounidense en La Habana —en el mismo edificio de la Sección de Intereses que ya existía— e insistió en que el embargo se mantiene en pie. “No puede olvidarse de que se trata de una relación asimétrica” entre los dos países.

El exdiplomático, aún cercano a la cancillería, subrayó que, para La Habana, quedaba claro que la Administración estaba “haciendo esto para complacer a congresistas cubanoamericanos y a ciertos sectores en Miami”.

Subsecretarios de distintas agencias encargadas de hacer la revisión de la política hacia Cuba se reunieron en mayo y recomendaron mantener la política de Obama. Estas conclusiones estaban en conflicto con los objetivos políticos de la Casa Blanca y el Consejo Nacional de Seguridad, que fueron presionados por Rubio y Díaz-Balart para cumplir con la promesa de Trump a exiliados cubanos en Miami.

La directiva de Trump anulará la anterior directiva presidencial emitida por Obama en octubre, con la que su administración pretendía hacer “irreversible” su política de apertura hacia, Cuba, según dijo un asesor del presidente a reporteros en esa ocasión.

En cualquier caso, aseguró Alzugaray, “el Gobierno cubano seguramente se adaptará a la nueva realidad”.

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Acerca del Autor

Roberto Jesús Quiñones Haces
Roberto Jesús Quiñones Haces

Nació en la ciudad de Cienfuegos el 20 de septiembre de 1957. Es Licenciado en Derecho. En 1999 fue sancionado de forma injusta e ilegal a ocho años de privación de libertad y desde entonces se le prohíbe ejercer como abogado. Ha publicado los poemarios “La fuga del ciervo” (1995, Editorial Oriente), “Escrito desde la cárcel” (2001, Ediciones Vitral), “Los apriscos del alba” (2008, Editorial Oriente) y “El agua de la vida” (2008, Editorial El mar y la montaña). Obtuvo el Gran Premio Vitral de Poesía en el 2001 con su libro “Escrito desde la cárcel” así como Mención y Reconocimiento Especial del Jurado del Concurso Internacional Nósside de Poesía en 2006 y 2008 respectivamente. Poemas suyos aparecen en la Antología de la UNEAC de 1994, en la Antología del Concurso Nósside del 2006 y en la selección de décimas “Esta cárcel de aire puro”, realizada por Waldo González en el 2009.

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