BILBAO, España, abril 173.203.82.38 -Recientemente el ministro de la Presidencia española Ramos Jáuregui, se refirió al papel que jugó el gobierno de Zapatero para traer al país ibérico 115 presos políticos y de conciencia cubanos. El ministro calificó esta gestión como un “logro” de la política exterior española, en especial, por la labor desarrollada por el entonces canciller Miguel Ángel Moratinos.
Jáuregui dijo ante el Senado que… “La política internacional española ha librado una batalla extraordinariamente importante en relación con los derechos humanos en Cuba”. A esto añadió que el Gobierno de España “tiene la grandeza y el orgullo de poder decir al mundo que ha sacado de las cárceles de Cuba a los presos políticos y de conciencia”.
No alcanzo a entender cómo el gobierno español puede considerar que la deportación de los presos políticos y de conciencia cubanos a su país sea un acto puro de defensa de los derechos humanos ¿Es esto un nuevo concepto, o se trata de malabares semánticos?
Creo que, en lo dicho, hay intenciones escondidas. El señor ministro de la Presidencia, con sus palabras, ha querido enmascarar esas deportaciones, bajo el manto de los derechos humanos, ha camuflado la política que lleva a cabo su gobierno en favor de la dictadura cubana.
Para nadie es secreto que los presos políticos y de conciencia cubanos -en especial los del grupo de los 75 encarcelados en la primavera del 2003- representaban una pesada carga política para las autoridades de la isla a nivel internacional. Este aspecto se acentuó luego de que falleciera el prisionero de conciencia Orlando Zapata Tamayo tras larga huelga de hambre. Para acallar el vendaval de críticas y exigencias, el régimen cubano decidió pedir ayuda.
Ante el llamado de los Castro, y con el argumento sensibilizador de “gestión humanitaria”, acudieron el gobierno español y la Iglesia católica de la isla. Los hermanos Castro, calculadores como son, sabían que ninguno de ambos tendría objeción alguna en prestar sus buenos oficios para que salieran hacia la nación europea aquellos que purgaban largas penas por querer ser diferentes. España sería la receptora de quienes fueran salvados de la desgracia y la iglesia católica fungiría como mediadora.
Repartidas las responsabilidades el engranaje echó a andar sin pérdida de tiempo. El doce de julio del pasado año, cinco días después de los acuerdos, se inició el puente aéreo que concluyó casi en secreto el pasado 7 de abril con la llegada a Madrid de 37 presos políticos y 260 familiares. Tras el arribo del vuelo fletado por el gobierno español se anunció desde España que este grupo sería el último en ser acogido por ese país.
Todos los que salieron de la cárcel por estos acuerdos fueron directamente de la celda al avión. Se les expulsó de la isla, como apestados. Sus pasaportes fueron marcados con el estigmático sello “Salida Definitiva”. Todos partieron consientes de que a Cuba no podrán regresar, que su nueva condena era la deportación. Estos reos, ni siquiera pudieron ver por última vez sus casas. Esta dura realidad no ha sido reconocida por ninguno de los dos gobiernos, ni por la iglesia católica cubana. “…se ha conseguido no desterrar -no creo que la palabra sea desterrar-sino liberar…”, dijo el señor Sánchez-Pérez Castejón, del Grupo Parlamentario Socialista el 9 de marzo en un debate en el Congreso. No sé por qué se juega con la palabra.
Cuando Cuba era considerada, por España como una provincia de ultramar, no pocos fueron los cubanos que recibieron como castigo la deportación para la Madre Patria. Son bien conocidos los nombres de aquellos que sufrieron aquella abominable condena.
En la actualidad, la historia se repite. Lo único que diferencia, además del tiempo, es que en aquel entonces se reconocía la deportación como condena y era ésta considerada como el peor de los castigos. Hoy, por desgracia, no ocurre lo mismo. Ahora al destierro le llaman “gestión humanitaria”, “liberación” o “acción en defensa de los derechos humanos”. Se ha pretendido hacer creer que por enviar sin retorno para España a un paquete de prisioneros políticos “el régimen cubano ha hecho progresos importantes e incontestables en términos humanitarios”, según declaró Pérez Castejón en el Senado.
Este coqueteo de los socialistas españoles con el régimen de La Habana sólo busca confundir a la Unión Europea para que elimine, de una vez y por todas, la Posición Común que pide al régimen cubano, además de la excarcelación de todos los presos políticos, el respeto a las libertades fundamentales.
El último golpe de publicidad, de cara a los 27 comunitarios se dio con la llegada del vuelo que cerró este ciclo “humanitario”. Pero es saludable aclarar que en Cuba aún existen presos políticos, no sólo los que permanecen tras las rejas -más de 50, según se afirma-, sino los que corren, día a día el peligro de caer en prisión por pedir cambios políticos.
El régimen cubano continúa negando a su pueblo los derechos humanos. Para nada ha flexibilizado su postura represiva. En Cuba se mantiene vigente la Ley 88, o ley mordaza, que prohíbe la libre expresión. Se conserva además una Ley de peligrosidad pre delictiva, que permite sancionar hasta con cuatro años de confinamiento a todo aquel que se presuma pueda delinquir, aunque no haya delinquido. La permanencia de esas leyes hace posible que las cárceles alberguen a nuevos presos políticos en el momento que el gobierno lo decida.
Hoy quizás se podrán vaciar las prisiones de Cuba. Pero nadie puede garantizar que mañana vuelvan a llenarse con nuevos grupos de secuestrados; 75, 100 ó mil, los que haga falta.