LA HABANA.- En esta ocasión, muy diferente al desastre del Il-62 ocurrido en septiembre de 1989, el gobierno cubano dio a conocer rápidamente la noticia con las precisiones posibles y fue dando diferentes partes sobre todo lo relacionado con la caída del vuelo DMJ0972.
La aparente rapidez y transparencia en la información tuvo como claro propósito establecer que no se trataba de un vuelo de un avión propiedad del gobierno cubano, sino de uno rentado a una empresa mexicana. Rápidamente había que quitarse la responsabilidad de encima.
Con las horas y los días empezaron a aparecer informaciones pormenorizadas de la compañía mexicana Global Air (Damojh), la cual aparece con abultado historial de incidencias de baja seguridad, sin información transparente en Internet y con una flota de apenas tres aviones con muchos años de vuelo.
Ya es de amplio conocimiento público que Seguridad Aeronáutica de Cubana había recomendado no arrendar más aviones a esa empresa (Damojh), lo cual fue desconocido u obviado por quienes concretaron la contratación.
Sin duda una compañía en quiebra o sin perspectivas que estaba ofreciendo sus servicios al más bajo precio del mercado, factor que puede haber determinado que el gobierno cubano la contratara. En tal sentido el Ministro de Transporte declaró sin sonrojarse que el contrato respondió a un interés mercantil, al tiempo que culpaba al “bloqueo imperialista” de la incapacidad del gobierno cubano para mantener una flota de aviones para el transporte civil.
Ambas excusas, típicas del castrismo, apuntaban claramente a sacudirse la eventual responsabilidad por lo ocurrido.
Para colmo de “auto-limpieza”, el gobierno cubano, que dirige las pesquisas, declaró que no buscará culpables.
No hay que ser ningún especialista en asuntos aéreos para percatarse rápidamente de que los funcionarios cubanos que contrajeron el compromiso con la compañía mexicana de la cual es dueño un español, por las razones que fueren —corrupción, incapacidad, ventajismo comercial, irresponsabilidad u otras—, no hicieron caso a una recomendación existente de “Seguridad Aeronáutica”, ni, en el mejor de los casos, se ocuparon de investigar la línea mexicana.
En cualquier circunstancia, las informaciones ya conocidas públicamente indican que de haber actuado adecuadamente, la parte cubana contratante hubiera podido evitar el accidente.
Esas informaciones son suficientes para, por lo menos, separar a esos funcionarios y ponerlos bajo control judicial, hasta tanto se concluyan las investigaciones.
Mientras, Díaz-Canel, en lo que pareciera una operación de tipo Poncio Pilatos, dice que es el General Castro el que estaba dando todas las instrucciones del caso, cuando justificaba por enfermedad la ausencia del 1er Secretario del PCC en el lugar de los hechos.
De esta manera el régimen castrista ha quedado en una situación muy comprometida, porque está evidenciando su interés en evitar que se conozca la actuación irresponsable y eventualmente corrupta de algunos de sus funcionarios, quién sabe de qué nivel.
El nuevo Presidente al “lavarse las manos” y no tomar cartas en el asunto, demuestra hasta qué punto carece de poder real y su carácter de marioneta del castrismo.
Un régimen que no vaciló en fusilar a uno de sus encumbrados militares como el general Ochoa por un delito de tráfico de drogas o condenar a varios años de cárcel, donde murió inexplicablemente, a uno de los más fieles fidelistas como el General Abrantes, por disponer indebidamente de algunos recursos del estado para mejorar el parque automotriz de su ministerio, que se encargó de recordar todos los días la explosión de un avión de Cubana en pleno vuelo hace 40 años, que reprime violentamente todos los domingos a mujeres que cometen el “pecado” de ir a misa a pedir por los presos políticos, que encarcela sin motivos a cualquier opositor, lo despoja de sus pertenencias o le impide salir del país, ahora quiere darse el lujo de no querer encontrar los culpables de la muerte de más de 100 personas.
¡Quién sabe cuánta corrupción y cuanto corrupto querrá encubrir el castrismo en este caso!
Solo una actuación transparente que ponga tras las rejas a los funcionarios implicados en el contrato, a todos los niveles de su aprobación, puede dejar bien parado al régimen cubano y recobrar la confianza que se pierde por día, sobre su capacidad para manejar asuntos tan complicados por sus implicaciones para su propia economía y los seres humanos de todo el mundo que se arriesgan al montarse en un avión fletado por el estado cubano.