El derecho al voto y el principio de Anna Karenina

El derecho al voto y el principio de Anna Karenina

Las democracias están sujetas al principio de Anna Karenina y el derecho al voto es un factor en el que se deben evitar todas las deficiencias posibles para que una democracia sea viable

(Foto: The San Diego Union Tribune)

MONTANA, Estados Unidos. – El principio de Anna Karenina se deriva de la oración con la que León Tolstoi abre su libro Anna Karenina: “Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera”. En esencia, hay más maneras en que una familia pueda ser infeliz que feliz. El principio, popularizado en el libro Guns, Germs and Steel, de Jared Diamond, afirma que una deficiencia en cualquiera de una serie de factores hace fracasar el esfuerzo.

Por consiguiente, para que un esfuerzo sea exitoso, se debe evitar cualquier posible deficiencia. Las democracias están sujetas al principio de Anna Karenina y el derecho al voto es un factor en el que se deben evitar todas las deficiencias posibles para que una democracia sea viable.

Nuestra comprensión moderna del derecho al voto se sustenta en gran medida en las ideas del filósofo británico John Stuart Mill (1806-1873). Mill contribuyó grandemente a la teoría política. En su ensayo Sobre la libertad, Mill aborda los límites de poder que puede ejercer la sociedad sobre el individuo. Como miembro del parlamento británico, Mill fue uno de los primeros en pedir el sufragio femenino.

En su texto Consideraciones sobre el gobierno representativo, Mill presenta una exposición crítica de la participación democrática de todos los ciudadanos: “No es útil, sino perjudicial, que la Constitución proclame a la ignorancia y a la sabiduría como iguales para gobernar al país”. Sin embargo, Mill creía que la democracia podría superar la participación incompetente de ciudadanos desinformados. Pero aquí es donde la teoría democrática se vuelve espinosa y discutible.

Aunque Mill desconocía el principio de Anna Karenina, trató de proteger la democracia negando el derecho de voto a quienes reciben dinero del gobierno para asistencia social, durante el tiempo que recibieron apoyo financiero sufragado por los impuestos. Mill razonó que los pagos de asistencia social crean un conflicto de intereses que compromete la objetividad de alguien para votar sobre los fondos del gobierno que proporcionan su propio sustento.

En el capítulo 8, titulado “De la extensión del sufragio”, Mill escribe: “También es importante que la asamblea que vota los impuestos… sea elegida exclusivamente por los contribuyentes a esos impuestos. Hay muchas razones para que los que no contribuyen a los gastos del país sean derrochadores con el dinero de otros y ninguna razón para que sean ahorrativos”.

Mill advirtió: “en lo que respecta a los asuntos de dinero, cualquier poder de voto que ellos posean es una violación al principio fundamental del gobierno libre… equivale a permitirles que metan la mano en los bolsillos de otros para cualquier propósito que crean de beneficio público. Considero que…, recibir alivio [del gobierno] debería ser una descalificación terminante para ese derecho (al voto)”.

Esa descalificación de Mill para los votantes es impensable hoy. En nuestros tiempos, la definición de “asistencia pública” incluye no solo los pagos de asistencia social, sino también programas como Medicaid y Medicare. Sin embargo, los argumentos de Mill no carecen de mérito intelectual. Se puede argumentar que, permitir que quienes no pagan impuestos, o quienes viven del gobierno, voten sobre cuestiones tributarias, es una violación de los principios democráticos. Tales votantes son una “quinta columna” que socava la democracia desde adentro. Desde este punto de vista, invocando el principio de Anna Karenina, tal derecho al voto es una deficiencia democrática que debe evitarse para salvar a la democracia.

Sin embargo, los argumentos de Mill comienzan a fallar cuando consideramos algunas extensiones lógicas. ¿Deberían también ser excluidos de la votación los empleados del gobierno? Después de todo, a los empleados del gobierno se les paga directamente con el dinero de los impuestos. Este es ciertamente un conflicto de intereses. ¿Qué hay de los contratistas privados que obtienen parte de sus ingresos de los trabajos del gobierno? ¿Deberían también ser excluidos por razones de conflicto de intereses?

La democracia es desordenada y no podemos evitar todas las deficiencias posibles. Necesitamos decidir quién puede gobernar, pero de tal manera que no seamos mal gobernados. Para esto necesitamos el derecho al voto generalizado.

 

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Acerca del Autor

José Azel

José Azel

(Cuba, 1948): Llegó al exilio en Estados Unidos en 1961, con 13 años de edad. Fue profesor adjunto de Negocios Internacionales de la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad de Miami. En la actualidad es catedrático del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos (ICCAS) de la Universidad de Miami. Posee una maestría en Administración de Empresas y un doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Miami. Se especializa en análisis a profundidad de temas económicos, sociales y políticos cubanos, con especial énfasis en las estrategias a seguir en la Cuba post Castro. Es autor del libro Mañana en Cuba: El legado del castrismo y los retos para la transición. Pertenece a la Junta Directiva de CubaNet Noticias.

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