MIAMI, Florida, abril, 173.203.82.38 -No es casual que a pocas horas del regreso del Papa a Roma, todavía con las huellas de su estancia, las autoridades políticas de Cuba hayan desatado una ofensiva represiva con particular notoriedad en la región oriental del país. Las detenciones de José Daniel Ferrer, su esposa Belkis y un numeroso grupo de opositores son analizadas desde dos ángulos contrapuestos. Siguiendo uno de los criterios predominantes la acción es consecuencia del espaldarazo que el gobierno cubano apreciara en la visita de Benedicto XVI. Otra lectura de estos hechos observa en esta reacción la respuesta oficial a las apelaciones hechas por el Papa sobre el respeto a las libertades y derechos de los ciudadanos en su integralidad total.
Los temas tocados en las conversaciones sostenidas por el Papa con Raúl Castro no trascendieron al dominio público. En igual discreción quedó el encuentro privado con el ex gobernante en Jefe. No obstante se puede deducir que Benedicto XVI, quien había hablado de libertades y reconciliación en sus homilías y discursos protocolares, aprovechara la discreción de estos diálogos para referirse a estos asuntos.
No es desencaminado pensar que la respuesta represiva directa haya sido la manera de contestar al reclamo hecho por el Papa sobre cambios más trascendentales que aquellos restringidos a la esfera económica. Una manera de dar el portazo (violento contra los suyos) reafirmando la postura inmovilista sin tener que ir al enfrentamiento directo con los de afuera, en este caso el Vaticano.
En este ambiente de críticas y pronunciamientos encontrados donde la Iglesia está en el foco principal aparece el detalle de un artículo que a manera de investigación sugiere la existencia de un turbio manejo de viviendas entregadas a la Iglesia católica cubana a cambio de atención asistida en asilos de la institución religiosa. Aunque el título del escrito firmado por Iván García apunta al Cardenal Ortega la atención del texto desborda la persona del Arzobispo de La Habana. Ni siquiera queda en los límites de la demarcación archidiocesana bajo responsabilidad eclesial del obispo. La sutileza del cuestionamiento enfila contra la Iglesia Universal, el Vaticano, la figura de Juan Pablo II y la de su sucesor Benedicto XVI.
Sin ánimos de menoscabar a los que desde dentro mantienen una lucha ardua contra el régimen de opresión vigente, pero tampoco con el complejo del exiliado que debe limitarse en su condición de emigrado por un engañoso sentido de culpa, me atrevo a opinar sobre el contenido del artículo. Una cosa es el respeto merecido hacia todas las corrientes de pensamientos, proyectos o posturas de quienes emprenden el camino cívico en la Cuba castrista y otra es el silencio ante criterios que no ayudan a la causa de la democracia y que hay que aceptar bajo el presupuesto del respeto a la libertad de expresión y del derecho de los que están dentro.
El artículo en cuestión expone la diferencia entre los asilos atendidos por el Estado y la iglesia en un paralelismo donde los primeros quedan muy mal parados. Una situación que no es nueva y que se evidenciaba en las épocas de bonanza socialista donde la labor de los pocos centros bajo el control de ordenes religiosas era excelente. Tras las sucesivas crisis la diferencia se hizo notoria y el propio García lo reconoce en su comparación entre el asilo de la Iglesia de Paula y el antiguo Hogar del Veterano Mónaco.
En el de Paula “… los ancianos toman el sol o leen un libro mientras recuerdan el pasado. La atención que reciben por parte de las monjas y el personal médico es de primera. La ropa de cama la cambian diariamente. Desayunan, almuerzan y comen y pueden tomar jugo o leche, de merienda o antes de dormir. Y los fines de semana, las esforzadas monjitas los llevan a pasear en un monovolumen de la entidad religiosa. En el Mónaco la cosa es muy diferente. “Los viejos, sucios y legañosos, se la pasan pidiendo dinero y cigarrillos sueltos. La comida es un sancocho repugnante. Y muchos de los ancianos, con sus achaques a cuestas, mal vestidos y peor calzados, salen a la calle a intentar buscarse un puñado de pesos, recogiendo latas vacías, vendiendo periódicos o cucuruchos de maní.”
Lo que comienza en un enjundioso reconocimiento no tarda en trocar su intencionalidad tras la afirmación hecha por el periodista de que toda esa atención se debe a la entrega hecha por los beneficiarios de sus propiedades y pensiones en favor de la Iglesia. Los que van a los hogares estatales escogen esos sitios porque no les queda alternativa. “Estos ancianos no están en ese destartalado asilo porque lo desean. El problema, y es la gran diferencia, es que ellos no tienen propiedades para ofrecerle a la Iglesia a cambio de esperar la muerte con dignidad.” Dicho así la conclusión parece indicar que la culpabilidad de la prosperidad de unos y la miseria de los otros recae en la actitud eclesial. Coincidentemente el trabajo firmado por el periodista independiente Iván García ve la luz unas horas de finalizada la estancia de Benedicto XVI.
Es incierto que la Iglesia otorgue su trato humanizado a condición de que la institución reciba a cambio propiedades en calidad de pago. En cuanto al aporte de las exiguas pensiones debe señalarse que el monto de las más generosas apenas alcanza para costear los recursos y beneficios que se reciben en las casas religiosas.
Tampoco es exacto, según parece indicar el trabajo investigativo de Iván García, que el Cardenal Ortega posea el monopolio sobre estas supuestas posesiones delegadas por sus ocupantes a la Iglesia. Si por una parte es cierto que algunas personas han legado sus bienes a la Iglesia no lo han hecho específicamente a la persona de Ortega sino a múltiples órdenes religiosas sobre las que no tiene jurisdicción la jerarquía diocesana. Incluso muchas veces hasta desconocen los pormenores. Dichas propiedades son administradas por las religiosas a las que se les concedió el titulo y casi siempre lo han hecho para fines de la comunidad o para servir al prójimo.
La generalización de la afirmación además es engañosa porque si algo es cierto es la Iglesia entendida en todo su conjunto ofrece una ayuda inestimable que el pueblo, la gente pobre, ha sabido valorar. Muchos ejemplos en la Isla. Pretender culpar a la institución de no dar capacidad a todo el que pide entrar a su abrigo es un desenfoque absoluto del problema verdadero.
Sería mejor analizar el por qué los asilos y otros centros estatales con todos los medios a su disposición ofrecen un trato inferior en todos los aspectos al que brindan los que atiende la Iglesia que para hacerlo cuenta con donaciones externas y algunas veces hasta con los mismos recursos que de alguna manera les asigna el Estado. Es indiscutible que esos medios reciben un mejor y más óptimo uso en los centros religiosos.
Habría que hablar también de los cientos de vivienda confiscadas a sus propietarios – que no cedidas o donadas- por el gobierno para ser entregadas a parientes y privilegiados especiales de la nomenclatura. Muy pocas veces estos bienes han sido para los necesitados carentes de influencia.
Indudablemente la Iglesia necesita cambios. Reconocerlo no debe causar alarma. Pero si hay algo que reclama una pronta transformación es la realidad política de Cuba y el sistema de gobierno establecido. Es este y no los actos atribuidos a la Iglesia y a su jerarquía el responsable de la pobreza que hoy aqueja a miles de familias cubanas como las que describe Iván García en su artículo y de muchas otras miserias.