LAS TUNAS.- El semanario 26, órgano del comité provincial del Partido Comunista en la provincia Las Tunas, reseñó el pasado viernes algunas de las “más de 80 propuestas” al Proyecto de Constitución emitidas por integrantes de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) en esta provincia llamada “Balcón del Oriente”.
Fundada el 8 junio de 1977, unos 14 mil profesionales del Derecho entre profesores, investigadores, jueces, fiscales, abogados, notarios, asesores jurídicos y otros operadores de las leyes integran la UNJC. A nivel nacional y en cada provincia y municipio del país, la UNJC posee un Consejo y una Junta Directiva.
Presidente Honorario de la UNJC fue el doctor Fidel Castro Ruz, quien en 2013 recibió el Premio Nacional de Derecho Carlos Manuel de Céspedes que, de forma anual, otorga ese gremio a personalidades que considere relevantes por su carrera u obra en las Ciencias Jurídicas.
Según reseñó el semanario 26, los juristas en Las Tunas examinaron todos los títulos del Proyecto de Constitución, con propuestas de modificación enfocadas al equilibrio “técnico-jurídico” del texto constitucional. Se destacan entre esas propuestas las siguientes:
—Que la expropiación o confiscación de bienes sólo se haga mediante autoridad judicial “sujeta a reglas de garantías y debido proceso”.
(Hoy la expropiación o confiscación, suele hacerse por vía administrativa además de la judicial, sin posibilidad a recurrir a proceso de amparo ante los tribunales. También la nueva Constitución prevé la confiscación por vía administrativa, aunque podrá recurrirse a la vía judicial).
—Que deben reforzarse las garantías al ejercicio de la libertad de movimientos de los individuos y sus bienes.
(A favor de esta propuesta de los juristas en Las Tunas debo decir que, si un cubano decide vivir fuera de Cuba, pierde, por ejemplo, la propiedad de su casa, la que es confiscada por el Estado, e incluso, pierde su derecho a heredar los bienes que legítimamente le pertenecen por derecho de sucesión —herencia—).
—Que el texto constitucional cubano, como el de muchos países latinoamericanos, introduzca el derecho de interponer recurso de habeas data.
(Por aquello de, honor a quien honor merece, hay que elogiar a los juristas de Las Tunas por esta propuesta de habeas data. Ahora mismo, violando un derecho humano fundamental, la protección de datos, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), ha publicitado los nombres de los titulares de las líneas de teléfonos celulares. Un recurso de habeas data revertiría esa situación; pero no sólo la protección de la intimidad es posible conseguirla a través del habeas data, sino también, es posible pedir a la administración que posea información sobre la persona, que la corrija si estuviera desactualizada, o que la elimine si prescribió o si fuera falsa).
—Que en el proyecto constitucional se incluya un capítulo específico para las garantías normativas para “evitar que la actividad de los órganos estatales, fundamentalmente el legislativo y el ejecutivo, pueda implicar un desconocimiento o vulneración de los derechos”.
—Que la nueva Carta Magna delimite claramente los dictámenes del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, sólo aplicables en el ámbito de los tribunales, a fin de evitar que emita disposiciones que salgan de su rango de actuación y sean vinculantes para otras instituciones, a sabiendas de que este órgano no tiene potestad legislativa, sino judicial.
—Que se cree la Defensoría del Pueblo como órgano del Estado, autónomo y con jurisdicción nacional, cuya misión “sería la protección, tutela, vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, establecidos en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales suscritos por la República.”
(La Defensoría del Pueblo no existe en Cuba, de esa tarea se encarga la Fiscalía General, pero de su cumplimiento la ciudadanía tiene frecuentes quejas).
—Que el gobernador y el vicegobernador “sean elegidos por el pueblo o sus representantes, que en este caso serían los delegados de las asambleas municipales del Poder Popular de la provincia a que pertenecería”.
(En el proyecto constitucional son designados por la Asamblea Nacional a propuesta del Presidente de la República).
—Que el Presidente de la República sea elegido mediante elección popular directa, a partir de los candidatos presentados por la Asamblea Nacional.
(En el proyecto de nueva Constitución el Presidente de la República es elegido por la Asamblea Nacional del Poder Popular de entre sus diputados).
—Que se modifique el Artículo 5 del proyecto constitucional, de manera que resalte el liderazgo político del Partido Comunista, pero “nunca por encima del Estado o asumiendo tareas de administración”, reseñó el semanario 26, uno de los “puntos de consenso” de los juristas en Las Tunas.
Cabe preguntarse: ¿Están los juristas en Las Tunas disintiendo abiertamente cuando piden que el texto constitucional ataje al Partido Comunista?
No creo en tal disentir, en el recto sentido de la palabra, aunque otros significados esas palabras tienen. Hace seis años, ya el “partido” dijo lo que los juristas acaban de decir con “nunca por encima del Estado o asumiendo tareas de administración”.
En La Habana, el 29 de enero de 2012, en la primera Conferencia Nacional, el Partido Comunista aprobó sus Objetivos de Trabajo y el Objetivo No. 5 dice:
“Eliminar en los métodos y el estilo de trabajo del partido la interferencia y suplantación de funciones y decisiones que corresponden al Gobierno y a las instituciones administrativas (…)”.
Pero todo quedó en palabras, “palabras, sólo palabras”, como dice la canción. Y no sólo los juristas, sino todos los cubanos, en su fuero interno, no creen en los discursos de los comunistas en cuanto a libertades se refieran, aunque aplaudan tales peroratas.
Así, vemos al Primer Secretario del Partido Comunista en Las Tunas haciendo tareas de Gobernador. Y, acabamos de escuchar al Presidente del Consejo de Estado Miguel Díaz-Canel confesar que, “con Raúl (el general Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba) hablamos prácticamente todos los días”, porque según dijo Díaz-Canel, “Raúl está pendiente con qué intensidad trabajo”.
Luego… No, no disienten públicamente los juristas, sólo que, como los Objetivos de Trabajo del Partido Comunista luego de seis años de redactados no se cumplen, quizás dando rango constitucional a esas metas, los comunistas se vean obligados a cumplir lo que prometieron, porque si no, y hablando jurídicamente, estarán yendo contra sus propios actos, valga decir, haciendo ineficaz su proceder.