LA HABANA, Cuba.- Son muchas personas las que han recibido con placer el Mensaje Pastoral de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, en ocasión del proceso de consulta del Proyecto de Constitución, fechado el día de la fiesta de San Antonio María Claret, el 24 de octubre.
Como católica practicante, tengo mis criterios sobre el documento; pero no logro separarlos de mi condición de presa política y de conciencia en dos ocasiones; así como tampoco de mi clara oposición a la dictadura.
Comprendo que el haber hecho público el documento ya se puede considerar un gran reto para la Iglesia, que en estos momentos sufre un serio ataque internacional por parte de la denigrada izquierda y también el descrédito entre sus fieles por los actos de abuso sexual de algunos sacerdotes, sin haber sido enmendados de forma severa en su momento.
Sin embargo, pienso que ha caído en el mismo error que la mayoría, al analizar uno y otro artículo como parte del contenido que, sin lugar a dudas, le viene bien al régimen. El problema no está en lo que dice el Proyecto, sino en lo que deja de considerar, que lo convierte en una letra muerta, inaceptable para los defensores de los derechos y libertades de los cubanos. Se puede afirmar sin temor a errar que no es una Constitución.
En un fragmento del documento de la Conferencia de Obispos, en su párrafo 6, se expone el concepto de lo que es la Carta Magna, incluso se utiliza un pensamiento de José Martí; pero lo más importante está vinculado al hecho de reflejar que una Constitución no se puede subordinar a leyes, decretos, resoluciones, partidos políticos, ideologías, disposiciones o sentencias judiciales ya que está por encima de todos ellos. Sin embargo, en las conclusiones no se refieren al hecho que todo lo anterior expuesto inhabilita el documento para ser considerado la Ley Fundamental; pero al parecer fue lo que se quiso decir y no se dijo.
El secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta Álvarez, en la sesión inaugural del Congreso Internacional Abogacía 2018, el pasado 17 de octubre, afirmó que el Partido (Comunista de Cuba) no está situado por encima de la Constitución, como ente político viene obligado a acatarla y es también su defensor. Lo que sin lugar a dudas contradice lo que en ella está escrito, y este alto dirigente estatal no tuvo fundamento jurídico para hacer tal afirmación.
El Proyecto de Ley Fundamental de la República está redactado solo para la parte de la sociedad que tiene ideología socialista (parte que con el devenir de las nuevas generaciones cada vez es menor) y de hecho subordina a todo el pueblo al Partido Comunista de Cuba, al afirmar en el Artículo 5 que es la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado. También obliga a todos a mantener de forma irrevocable un sistema social que ha llevado al país al caos económico, y que no asegura un nivel de vida mejor para el futuro del cubano.
Los obispos hablan de la creación de un Tribunal de Garantías Constitucionales, lo cual pienso es un error porque para nada sirve tener un órgano de este tipo si las garantías que defiende son las que están escritas en el Proyecto. En primer lugar, los que piensan diferente pueden seguir siendo sometidos a cualquier tipo de vejamen, sin que la ley los proteja. ¿Qué tribunal va a garantizar que las Damas de Blanco puedan asistir a misa los domingos, como cualquier otra persona que quiera encontrar a Dios?
De igual forma, la observación que los cubanos deben tener la posibilidad de invertir, es algo hasta infantil por parte de la Iglesia. ¿Qué cubano que viva en la Isla y que no esté vinculado a la cúpula en el poder, tiene capital o liquidez para invertir a partir de la famosa “cartera” que se brinda a los extranjeros?
Las propuestas son en definitiva el objetivo de la dictadura, son la trampa que ha creado para hacer ver la participación popular; no obstante, se ha planteado -de forma oficial- que ninguna opinión será dejada de tener en cuenta, lo cual no significa –sin embargo- que las recomendaciones que se hagan se ratifiquen en el texto.
En el Mensaje Pastoral no se hace mención al hecho de que no se llevó a cabo un proceso de elección para la Asamblea Constituyente, ni siquiera al nivel de mentiras que se usa para las votaciones en el país; los que elaboraron el documento, que ya lo venían haciendo desde hace algún tiempo, fueron designados de dedo.
En las conclusiones los obispos no hablan de la esencia del problema, que está de manera precisa en el hecho de que el Proyecto de Constitución no cumple con el objetivo de fijar la organización de toda la sociedad. El Proyecto está dedicado a una parte de ella, por lo que no reconoce la dignidad de los que piensan diferente y mucho menos cumple el sueño de Martí de tener una República con todos y para el bien de todos. En fin, este documento que se discute no se puede considerar una Carta Magna y por consiguiente no se debe llevar a referendo; algo que la Conferencia de Obispos Católicos, ni de forma remota considera oportuno en su Mensaje Pastoral.
Decir “no” al referendo o no asistir implica lo mismo, la dictadura maneja muy bien las cifras y no va a acceder a que alguien del exterior inspeccione el momento del voto. La verdadera solución es no permitir que se lleve a consulta el futuro de nuestra nación si va a estar guiada por esta mal llamada “Constitución”.