LA HABANA, Cuba. – Si tuviera que calificar brevemente la impresión general que se desprende de la nueva Estrategia Económica y Social de la cúpula del poder en Cuba, elegiría tres adjetivos preliminares: errada, tardía e incompleta.
Es errada porque continúa cifrando lo que llaman “impulso al desarrollo económico del país” en una moneda extranjera -para más señas, la del mismo “enemigo” que supuestamente genera todos los males- y en rubros que no se relacionan en lo absoluto con los resultados de la producción de la (arruinada) industria nacional: la remesa familiar de la emigración, el capital de los eternamente “potenciales” inversores extranjeros y los eventuales ingresos de un turismo foráneo ahora desaparecido.
Es tardía porque todas y cada una de las pautas propuestas, como por ejemplo, las “flexibilizaciones” que se anuncian para el sector privado, la “autonomía” financiera para las empresas estatales, la introducción de micro y pequeñas y medianas empresas, entre otras medidas, pudieron y debieron ser implementadas muchos años atrás, en especial durante el período de deshielo, con la administración del entonces presidente estadounidense, Barack Obama, cuando la castrocracia tuvo su mejor oportunidad para implementar estos y otros cambios. En cambio, la propuesta oficial de reformas económicas en el actual contexto nacional e internacional (aunque es notable que el término “reformas” no fue enunciado), lejos de proyectar un pretendido interés de la claque del poder por ampliar las potencialidades económicas de los ciudadanos o una voluntad real de cambios, solo evidencia desesperación y sentido de urgencia por recaudar divisas.
Pero quizás la característica más relevante de esta estrategia oficial, que ahora ofrecen como el santo grial para intentar reflotar la deprimida economía, es su carácter incompleto. Y aquí vale la pena detenernos en varias consideraciones raigales si de eficacia económica se trata.
Según declaran los jerarcas de la corte castrista, el objetivo prioritario de todo el andamiaje teórico-estratégico -que hasta ahora se trata solo de eso: teoría e intenciones- es la producción de alimentos. De hecho, el vocero de los mandantes del Buró Político del PCC, compañero Díaz-Canel, en su discurso-regaño ante el Consejo de Ministros en la mañana del 16 de julio, hizo referencia a la imperiosa necesidad de alcanzar la “soberanía alimentaria”, una especie de invocación religiosa fruto de los delirios del Difunto en Jefe, que jamás ha pasado del estatus de quimera y que en el escenario actual solo suena a deja vú de mal agüero.
Pero, llegando al meollo del asunto, producir alimentos a un nivel que satisfaga la demanda interna, sustituya importaciones e incluso genere ingresos por exportaciones -tal como lo enuncian estos alucinados- pasa necesariamente por el sempiterno problema de las relaciones de propiedad sobre la tierra, un punto crítico del que no hubo mención en la Mesa Redonda del pasado jueves.
Si el campesino no es dueño legítimo de las tierras que trabaja; si, además, no se implementan las leyes (no simples “estrategias” de papel) que otorguen personalidad jurídica y protección al productor; si no se suspenden irreversiblemente las inoportunas intervenciones del Estado que establecen arbitrarios precios topados, criminalizan el comercio o imponen impuestos leoninos; en fin, si simultáneamente con las “flexibilizaciones” en la economía no se reconocen a los ciudadanos los correspondientes derechos civiles y políticos, no habrá avances efectivos ni se producirán los cambios profundos e imprescindibles que se requieren.
Punto y aparte merece la retórica oficial, tan gastada y carcomida que se le saltan las costuras, y de la que solo mencionaré algunas pinceladas que destacan en medio del parche ideológico que antecedió a la información sobre la magistral “Estrategia”, a través de la intervención (en efigie) del presidente por designación, y que deja en claro la ausencia de brújula de un poder político que se lastra a sí mismo por obsoleto e ineficaz.
Cuando Díaz-Canel, en su cantinflesco parlamento, declara que “para beneficiar a todos a veces hay que tomar medidas que parecen favorecer a pocos pero que a la larga favorecen a todos”, y cuando se establece como norma la diferenciación de acceso a bienes y servicios según los ingresos de los ciudadanos privilegiando a los que reciben divisas -en detrimento del trabajador estatal que percibe su salario en moneda nacional (CUP) y de los sectores más humildes de la sociedad, sin acceso a remesas u otros ingresos- y sentando las bases para una nueva y más profunda brecha social entre pobres y ricos, se están estableciendo de hecho las mismas estrategias “neoliberales” que tanto se han criticado desde el Poder cuando se trata de otros gobiernos en otras latitudes.
Pero si, para colmo de humillación, desde los medios oficiales se ofrece a los más desfavorecidos la promesa de dos libras “adicionales” de arroz y seis onzas de frijoles a distribuir durante dos meses por la cartilla de racionamiento, entonces a la discriminación se suma el insulto.
Ojalá los cubanos todos, dentro de la Isla o de la emigración, se coloquen finalmente a la altura del conflicto. Esta vez vale parafrasear al hacedor de la ruina nacional para decirles a quienes desde el poder nos humillan y nos insultan, no los queremos; no los necesitamos.
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