LA HABANA, Cuba. – En su edición del pasado 24 de junio, el periódico Juventud Rebelde publicó la queja de un productor de ganado menor de la provincia de Holguín, al cual el Estado le compró su ganado y no le ha pagado después de transcurrido un año de esa transacción. Una situación que según el remitente de la queja afecta también a otros 65 productores.
Una anomalía que no es nueva, pues desde hace mucho tiempo se viene presentando en el sector agropecuario de la Isla, afectando a propietarios individuales, usufructuarios de tierras estatales y cooperativistas. Y lo más significativo del caso es que en las altas esferas del poder se dice que esos impagos no pueden producirse, pero en la base no aparece el dinero para retribuir a los productores.
Hay razón para pensar que se trata de una burla a esos productores, pero no podemos descartar tampoco que asistamos a una muestra del abismo que separa al país virtual, ese en el que todo funciona bien según los reportajes del Noticiero Nacional de la Televisión, y el país real que se cae a pedazos, y en el que el ciudadano de a pie afronta múltiples vicisitudes.
En esas condiciones cualquiera podría pensar -claro, cualquiera que no estuviese muy al tanto del modus operandi de las actuales autoridades- que existe una solución elemental para evadir el problema: que los productores les vendan a comercializadores privados y no al Estado. De esa forma, tal y como ha sucedido cada vez que semejante transacción ha podido realizarse, la puntualidad en el pago a los productores siempre ha estado presente.
Sin embargo, la realidad indica que esa opción resulta en extremo peligrosa para los productores. En días pasados, la televisión, como parte de la rutina diaria de dar a conocer las acciones de represión que lleva a cabo la policía contra presuntos violadores de la legalidad, ofreció vistas del decomiso efectuado a un productor de ajos, acusado de enriquecimiento ilícito porque les vendía su producción a comercializadores privados y no a la empresa estatal de Acopio. Y como sucede en la mayoría de esos casos, el inculpado es remitido también a los tribunales.
A propósito del “enriquecimiento ilícito”, parecen haber quedado atrás los días en que los elementos reformistas de la nomenclatura, tanto durante el VII Congreso del Partido Comunista, como en la redacción de la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, exploraban la posibilidad de que los gestores no estatales de la economía pudiesen acceder a determinado nivel de riqueza.
Mas, Díaz-Canel y su tropa, con esa predilección que exhiben por los métodos administrativos de gobierno, en detrimento de los mecanismos económicos, dan fe de que no habrá espacio para esa posibilidad.
Así las cosas, el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, al intervenir en una Mesa Redonda de la televisión, anunció las diez acciones fundamentales que acometerá su organismo en la etapa de recuperación de la pandemia del coronavirus. Y ninguna de ellas se refiere a garantizar el pago a los productores por parte de las entidades gubernamentales.
Imaginamos que los productores de carne de cerdo, arroz y leche, esos renglones tan deficitarios, y que tanto demandan los consumidores, si vieron la Mesa Redonda hayan salido decepcionados tras la comparecencia del ministro.
Pero, por otra parte, el dueto Machadito-Valdés Mesa ya recorre las provincias orientales exhortando a los campesinos para que incrementen sus producciones. Se nota que ellos, a diferencia de los productores que no cobran por su trabajo, tienen bastante dinero en los bolsillos.
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