LAS TUNAS, Cuba. – La Asamblea Plenaria del Parlamento Europeo –en desarrollo este 8 de junio– incluirá un punto concerniente a la situación de derechos humanos en Cuba. El hecho ya ha generado reproches en las cúpula castrista, que desde hace varios días ejerce presión sobre el cónclave.
Desde la Isla, imputando influencias de Washington, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional llamó –dice que “respetuosamente” – a los eurodiputados a no hacer el juego a semejante infamia y a “detener esta maniobra”.
Paradójicamente, cual casualidad misteriosa, este mismo martes 8, como si los eurodiputados hubieran tomado el estrado de la defensa haciendo de abogados por los cubanos, los operadores de las leyes afiliados a la gubernamental Unión de Juristas de Cuba festejan su día.
Pero que los eurodiputados estén en asamblea –y entre sus temas de debate esté la Situación Política y los Derechos Humanos en Cuba– el mismo día en que los juristas cubanos festejan su día no es casualidad, sino cumplimiento del deber parlamentario, porque, teniendo la Unión Europea un Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba, no es extraordinario que revisen cómo transcurre la política y cómo se cumple con los derechos humanos en Cuba, un país con el que unos dialogan y otros contienden y desde donde no cesan de reportarse continuas y flagrantes violaciones de los derechos universales.
Tampoco es casualidad, aunque si una paradoja, que el gremio de los operadores de las leyes, que de forma sui generis en el archipiélago cubano reúne por igual a jueces, fiscales, abogados y toda suerte de asesores legales, administrativos y empleomanía en general, desde los municipios y hasta los niveles superiores de esas instituciones, celebren el Día del Trabajador Jurídico el 8 de junio.
El 8 de junio de 1865 se cumplen 156 años de que expusiera su tesis (titulada “Estudio bajo el punto de vista del principio racional”, sobre el derecho reformado por Justiniano en comparación al anterior a su época) para obtener la licenciatura en Derecho Ignacio Agramonte y Loynaz, un iluminado del derecho civil y constitucional en Cuba, prócer que llegaría a Mayor General del Ejército Libertador y autor principal de la primera Constitución de la República en Armas, redactada en Guáimaro, en abril de 1869.
Dije que es casualidad misteriosa que este 8 de junio, en la Asamblea Plenaria del Parlamento Europeo, eurodiputados atentos a la pluralidad sociopolítica de los cubanos, enfrentados con parlamentarios conniventes con el militarismo castrocomunista, tengan, entre sus puntos de debate, la Situación Política y los Derechos Humanos en Cuba, precisamente cuando, cual una paradoja triste, los operadores de las leyes festejan el Día del Jurista en Cuba.
Y, es, damas y caballeros, que por una realidad absurda como es el militarismo castrocomunista –por contrasentido criminal, sí, fratricida, con premeditación y alevosía cometido contra el pueblo cubano ya por más de medio siglo– que, allá, en la lejana Europa, los eurodiputados apegados a la democracia estén más cercanos del pensamiento jurídico de Ignacio Agramonte que quienes por ley y por oficio están obligados a defender los derechos universales de todos los cubanos. Sin embargo, conviene resguardar los derechos de los castrocomunistas, quienes, más que derechos, gozan de las prebendas propias un clan, privilegios todos refrendadas en el Artículo 5 de la carta magna, signo de un barbarismo político y jurídico que Agramonte jamás hubiera aceptado.
Sí, los idos de memoria –que no son todos, pero sí son muchos cada 8 de junio brindando por ellos más que por un Agramonte irreal, metido en el cepo de sus intereses personales– nunca debían olvidarlo: Ignacio Agramonte, el jurista ilustre de palabra precisa, el soldado que sin realizar estudios tácticos operativos fue un estratega de renombre; Ignacio Agramonte y Loynaz, el civilista, el ser humano íntegro, jamás toleraría un régimen militar como el que los cubanos venimos soportando desde hace más, muchísimo más de medio siglo. Y ese decir mío lo prueban las propias palabras de Agramonte, refiriéndose a los derechos individuales:
“Tres leyes del espíritu humano encontramos en la conciencia: la de pensar, la de hablar y la de obrar. A estas leyes, para observarlas, corresponden otros tantos derechos imprescriptibles e indispensables para el desarrollo completo del ser humano y la sociedad. Al derecho de pensar libremente corresponde la libertad de examen, de duda, de opinión, como fases o direcciones de aquel”, dijo Agramonte en la Universidad de La Habana, en 1862, como parte de un ejercicio académico de Derecho Administrativo, casi tres años antes de recibirse como licenciado en Derecho el 8 de junio de 1865.
Respecto a la concentración del poder que anula el desarrollo de las personas, en aquel ejercicio académico Agramonte dijo: “El gobierno que con una centralización absoluta destruye ese franco desarrollo de la acción individual y detenga la sociedad en su desenvolvimiento progresivo, no se funda en la justicia y en la razón sino tan sólo en la fuerza; y el Estado que tal fundamento tenga, podrá en un momento de energía anunciarse al mundo como estable e imperecedero, pero tarde o temprano, cuando los hombres conociendo sus derechos violados se propongan reivindicarlos, irá el estruendo del cañón a anunciarle que cesó su letal dominación”.
Lástima que la llamada Asamblea Nacional del Poder Popular y su Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, y todos los juristas de Cuba, no tomen para sí y para bien del pueblo cubano que dicen representar esas palabras de Ignacio Agramonte, con precedentes legislativos de su pluma en los artículos 26 y 28 de la Constitución de Guáimaro: “La República no reconoce dignidades, honores especiales ni privilegio alguno”, y, “la Cámara no podrá atacar las libertades de culto, imprenta, reunión pacífica, enseñanza y petición, ni derecho alguno inalienable del pueblo”.
Lástima, sí, que sea allá, tan lejos, en la Asamblea Plenaria del Parlamento Europeo, donde eurodiputados tengan que debatir sobre la Situación Política y los Derechos Humanos en Cuba, mientras juristas cubanos, conniventes con el poder totalitario, festejen el día en que Ignacio Agramonte y Loynaz, un crítico contra el totalitarismo, expuso su tesis para obtener el título de licenciado en Derecho. ¡Pobre Cuba!
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