LA HABANA, Cuba. — Durante el quinquenio 2016-2020 hubo en el país un total de 14 949 accidentes de trabajo, con un saldo de 370 trabajadores fallecidos. La Constitución de la República de Cuba, en su ARTÍCULO 69, establece que: “El Estado garantiza el derecho a la seguridad y salud en el trabajo mediante la adopción de medidas adecuadas para la prevención de accidentes y enfermedades profesionales”.
Sin embargo, aquí podríamos estar en presencia de otra situación en que la realidad convierte en letra muerta el contenido de la Carta Magna de la nación. Son muchas las empresas y entidades cubanas donde los representantes del Estado se desentienden de las acciones que conducirían al bienestar y la seguridad de sus trabajadores.
Una cantidad nada despreciable de administraciones no realizan los denominados “levantamientos de riesgos”, es decir, la señalización de los sitios y puestos de trabajo donde los empleados estarían propensos a sufrir un accidente.
Otra violación de los jefes administrativos es la no adquisición de la cantidad suficiente de medios de protección como guantes, botas de goma, caretas para soldar y otros. En estos casos, tanto en las empresas como en las unidades presupuestadas, un criterio de tipo economicista pondría en un segundo plano la seguridad de los trabajadores.
Las empresas, sobre todo aquellas que funcionan con márgenes de rentabilidad, tienen dinero para adquirir los medios de protección, pero con frecuencia prefieren no hacerlo en aras de obtener más utilidades. Las unidades presupuestadas, por su parte, aun con un presupuesto aprobado para la adquisición de los medios de protección, no realizan esas compras con el objetivo de disminuir sus gastos.
Tales situaciones conducen a que las cifras de adquisición de los medios de protección del trabajo sean muy inferiores a las necesidades. Ha trascendido, por ejemplo, que durante este año en la provincia de Ciego de Ávila solo se ha ejecutado en un 51% el presupuesto para adquirir dichos medios. Y hay razones para pensar que esa tendencia se repita en otros territorios.
¿Qué hacen los sindicatos oficialistas con esta tarea de garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores? Esos gremios, muchos de ellos representados en los consejos de dirección de las entidades, no se hacen sentir como deberían, en defensa de los intereses de los trabajadores. Asimismo, hay indicios de que tampoco en las asambleas sindicales los gremios oficialistas le brindan a esta tarea la importancia que merece.
Una revisión de muchas de las actas de las asambleas sindicales en empresas y unidades presupuestadas arrojó que no se analizan con profundidad las condiciones de trabajo, ni las garantías de los equipos de protección. Además, tampoco se chequean debidamente las ejecuciones de los presupuestos para la adquisición de los medios de protección, ni se comprueba si los programas de protección están contenidos en los convenios colectivos de trabajo, que es el documento rector de la vida laboral en las entidades.
Todo lo anterior, lógicamente, repercute en las altas cifras de trabajadores accidentados y fallecidos en el cumplimiento de su labor. Según datos aportados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), durante el quinquenio 2016-2020 hubo en el país un total de 14 949 accidentes laborales, con el lamentable balance de 370 fallecidos.
Por estos días, y durante todo el mes de noviembre, se anuncia con bombo y platillo la celebración de una Jornada Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, patrocinada por los sindicatos oficialistas y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Será, a no dudarlo, una campaña más a las que nos tiene acostumbrados la propaganda oficialista, después de la cual volverá la inercia y la poca atención a las medidas que garanticen realmente la seguridad de los trabajadores.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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