LA HABANA, Cuba.- No hay dudas de que la hipotética concentración de la propiedad o la riqueza por parte de actores no estatales de la economía, como los cuentapropistas, cooperativistas, y usufructuarios de tierras estatales ociosas, constituye uno de los temas más peliagudos de la actualización del modelo económico cubano.
En lo fundamental, dentro del aparato gubernamental y partidista se mueven dos tendencias al respecto. De una parte están los que, no obstante considerar que el Estado debe regular los límites de la referida concentración —en especial lo concerniente a la riqueza, pues la concentración de la propiedad es casi totalmente rechazada en los ámbitos oficialistas—, admiten la posibilidad de que se acumule cierta riqueza de manera lícita en manos de los actores no estatales antes mencionados.
Por otro lado, tenemos a los que, amparados en conceptos como “igualdad y justicia social”, se manifiestan reacios a que exista cualquier tipo de concentración de la riqueza. Son los que podríamos calificar como de “línea dura” dentro de la nomenclatura, y que a la postre no hacen más que ralentizar el ritmo de los cambios económicos. A ellos se les podría aplicar la máxima que enarbolaron los reformistas chinos encabezados por Deng Xiao Ping: “Con tal de impedir que un puñado de chinos circularan en lujosos automóviles, se había condenado a 800 millones de chinos a andar en bicicletas”.
Lo anterior cobra actualidad a raíz de la reciente entrevista que Miguel Díaz-Canel Bermúdez le ofreció a la periodista Patricia Villegas, presidenta de la cadena televisiva Telesur.
A la pregunta acerca de los límites de la propiedad y la riqueza, y tras expresar su conformidad con lo que al respecto recoge el Proyecto de Constitución de la República —es decir, no permitir la concentración de la propiedad, lo que según él también incluye la no permisividad de concentrar riqueza—, el flamante “presidente” apuntó que “En la juventud y también en el resto del pueblo hay una presión muy importante a defender los conceptos de justicia social y de igualdad que ha construido la Revolución. Por lo tanto, a la gente, legítimamente, le preocupa mucho que haya concentración de la propiedad y que haya concentración de la riqueza”.
Como vemos, no hay en las palabras de Díaz Canel ningún atisbo de preocupación por la inquietud que semejante disposición pueda causar en unos actores económicos que, contradictoriamente, las propias autoridades dicen alentar para el encauzamiento de la sociedad. Porque, por supuesto, nadie puede dormir tranquilo pensando que, en cualquier momento, puedan acusarlo por enriquecimiento, ser fuertemente multado, o en el peor de los casos confiscársele su negocio, y así perder años de esfuerzos y trabajos.
Los gobernantes cubanos, incluyendo a los asesores del señor Díaz-Canel, no acaban de asimilar la máxima del economista escocés Adam Smith, en el sentido de que el interés individual repercute en beneficio de toda la sociedad. Porque el progreso económico de cuentapropistas, cooperativistas y usufructuarios de tierras estatales, entre otras cosas, posibilitará que haya más productos y servicios para la población, habilitará fuentes de empleo adicionales, y cooperará a estimular el espíritu creativo de los cubanos.
