LA HABANA, Cuba. – El espacio oficialista de la Televisión Cubana, “Mesa Redonda”, abordó esta semana varias cuestiones referidas al sistema judicial cubano, el cual, según autoridades de la Isla, experimentará cambios durante el presente año.
Rubén Remigio Ferro, presidente de la Corte Suprema Popular de Cuba explicó que de las 118 782 sentencias extinguidas, se han demorado un total de 428. Asimismo, precisó que de los 137 906 casos presentados, 136 365 fueron resueltos.
Julio Ferrer Tamayo, abogado independiente que cumplió su condena en 2018, explicó a CubaNet que el fenómeno de la tramitación demorada obedece a que las autoridades judiciales no hacían las diligencias que les correspondían y que ese era una tarea a la que ahora se estaban enfrentando”.
De igual forma, Ferrer Tamayo aseguró que una de las mayores dificultades del sistema judicial radica en que “los militares son los que deciden”.
Al jurista se le debía haber extinguido la condena el 6 de diciembre de 2018, tal y como aparece en el Tribunal Municipal del Cerro, pero descubrió que es la institución militar Dirección General de Establecimientos Penitenciarios ha decidido y definido que su condena se extingue el 30 de julio de 2019.
Según Remigio Ferro, para el 2019 los tribunales cubanos se han trazado un plan de trabajo que para muchos suena a demagogia y retórica. Todo ello, en un marco donde se aprobará, seguramente por unanimidad, una nueva Constitución.
Para Ferrer Tamayo, el hecho de que se diga a través de los medios oficiales que el papel del juez cubano tiene que ser más activo y que el mismo debe determinar pruebas de oficio para llegar a la verdad” constituye un reconocimiento de que en la Isla los jueces “han tomado decisiones sin contar con los demás”.
Otros temas son la correcta individualización de la pena que implica que los jueces no pueden imponer, en los juicios colectivos, una sanción al bulto sino tener en cuenta, con objetividad, las características de cada persona y el grado de implicación en los hechos en busca de que la pena se corresponda con la acción delictiva”.
Para Ferrer Tamayo los tribunales pueden seguirse trazando planes “demagógicos” porque “no hay dónde ir a reclamar nada de eso”.
“Remigio habla de las oficinas de Atención a la Población donde se pueden entregar las quejas, donde dice que somos atendidos con prontitud, pero sabemos que es totalmente incierto”, dice Ferrer Tamayo. Desde el 2012, el jurista se ha dirigido directamente al presidente del tribunal supremo, y “siempre he recibido la callada por respuesta”.
Ferrer asegura que las autoridades judiciales nunca han respondido a sus reclamos pero tampoco a los pedidos de otras autoridades, y cuenta también que fueron la propia Asamblea Nacional del Poder Popular, el Tribunal Provincial y la Comisión de asuntos constitucionales de la Asamblea Nacional quienes han ignorado los atropellos que ha sufrido su familia.
