LA HABANA, Cuba. ─ En días recientes han sido noticia el arresto y el procesamiento de la expresidenta boliviana Jeanine Áñez y varios antiguos ministros suyos. El pasado sábado 13 despertaron justificado interés la información del hallazgo de la destacada política escondida dentro una caja y las imágenes tomadas tras su detención.
El caso por el que fue privada de libertad recibe la denominación de “Golpe de Estado”, y en un principio estaba dirigido contra los jerarcas uniformados que, en medio de masivas protestas populares de noviembre de 2019, negaron su respaldo al entonces mandamás Evo Morales y en algunos casos pidieron su renuncia al alto cargo que ocupaba.
La causa en cuestión está radicada por los supuestos delitos de “terrorismo, sedición y conspiración”. Todas las figuras delictivas esgrimidas parecen bastante infundadas, pero esto es particularmente cierto en el caso de la primera de ellas. ¿De qué “terrorismo” se trata! Pero, claro, hay que tener en cuenta la buena prensa que, en todo el mundo, suele provocar una acusación tan truculenta como esa. Forzoso es reconocer que la palabrita “pega”.
La pregunta que se impone es: ¿Existen elementos sólidos para considerar que lo sucedido en Bolivia en noviembre de 2019 merece en realidad el nombre de “golpe de estado”? Y suponiendo que, en principio, el uso de esa frase sea adecuado para describir lo que entonces pasó, ¿cabe exigir alguna responsabilidad a doña Jeanine?
La respuesta a la primera interrogante puede provocar fundadas dudas. Es cierto —repito— que los jefes militares y policiales retiraron su apoyo a Morales y se negaron a reprimir a los ciudadanos, que protestaban. Pero esto tuvo su origen en una respuesta al “pucherazo” que el exlíder cocalero pretendió perpetrar para continuar en el poder.
Sin embargo, la contestación a la segunda pregunta, por fuerza, debe ser negativa. Es un hecho sabido que Evo y su permanente vice, Álvaro García Linera, renunciaron a sus altos cargos y se apresuraron a huir de la ira popular. Los funcionarios que debían sustituirlos con arreglo a la Constitución, declinaron hacerlo. (Se trataba de personajes bien identificados con el régimen, y prefirieron no tentar la suerte).
Fue en esa situación que la señora Áñez resultó ser la única en la línea de sucesión que aceptó asumir la Jefatura del Estado. De no haberlo hecho, es posible que el país se hubiera deslizado hacia el caos y la anarquía. Tras su toma de posesión, todas las instituciones —incluyendo los poderes Legislativo y Judicial— continuaron desempeñando sus funciones con normalidad.
En esas circunstancias, la calificación de “golpe de estado” tiene ribetes de arbitrariedad. Pero que lo diga una persona opuesta al “socialismo del siglo XXI”, como quien esto escribe, no debe despertar mayor interés. Lo curioso es que, durante la campaña que lo llevó a la primera magistratura, el actual presidente Luis Arce reconoció que el gobierno de transición de su predecesora era “constitucional”, no “de facto”.
Las autoridades bolivianas actuales se contradicen al involucrar en la referida causa a la expresidenta y a varios de sus ministros. Este turbio asunto presenta todas las características de una persecución política. Y ya se sabe que, en este tipo de casos, los derechos y las garantías procesales de las personas acusadas suelen ser los primeros vulnerados.
La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, por intermedio del uruguayo Luis Almagro, se pronunció a raíz de los recientes sucesos. El documento de la OEA apela a “un poder judicial independiente que asegure los derechos a la justicia, a un proceso regular, a la presunción de inocencia, a las debidas garantías judiciales”.
El reclamo no parece superfluo. En absoluto. Las recientes actuaciones de jueces bolivianos, exonerando al expresidente Morales de las acusaciones que pesaban contra él y encarcelando a doña Jeanine y a sus amigos, despiertan fundadas dudas sobre la imparcialidad de esos funcionarios judiciales.
En el plano político, esta persecución parece torpe en grado extremo. Dadas las características de lo sucedido en Bolivia durante el último año y medio, parece ser que, en lugar de perseguir a los que tomaron parte en el gobierno de transición que propició una salida democrática a la crisis, lo más sabio —de lejos—sería dictar una ley de amnistía que cierre el paso a actuaciones de exaltados como las que ahora mismo están teniendo lugar.
Luis Arce ganó la más reciente elección presidencial de manera inobjetable. No ha sucedido lo mismo en los recientes comicios parciales, que el Movimiento al Socialismo (MAS) perdió de calle. Es probable que, en este resultado adverso, hayan incidido el desenfrenado protagonismo de Morales (ahora al frente de ese partido) y la inacción del presidente Arce.
Sería —creo— muy adecuado que el actual Jefe de Estado se desmarcara de la tutela del exlíder cocalero. Este último, según declaró el exembajador boliviano Jaime Aparicio Otero, “quiere recuperar la Presidencia”. En el ínterin, el polémico iniciador del socialismo del siglo XXI en el país del Altiplano le está prestando un flaquísimo favor a Luis Arce, al partido en el que ambos siguen militando y a la Patria boliviana.
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