LA HABANA.- Como parte de la estrategia para dotar a las empresas estatales de mayor autonomía, la actualización del modelo económico que lleva a cabo el gobernante Raúl Castro estableció a partir del año 2014 que esas entidades podían retener el 50% de las utilidades obtenidas en un año después del pago de impuestos.
El Ministerio de Finanzas y Precios, con vistas a perfeccionar el mecanismo, emitió en el pasado año la Resolución 138, la cual fija los once tipos de reservas que pueden ser creadas en las empresas con el referido porcentaje de utilidades retenidas. Entre esas reservas se cuentan la amortización de créditos para inversiones, el incremento del capital de trabajo, las inversiones aprobadas con recursos propios, el desarrollo de investigaciones y la capacitación, la cobertura de pérdidas contables de años anteriores y la distribución de utilidades a los trabajadores.
Conviene aclarar que la creación de esas reservas no es un sendero cuajado de rosas. Porque además de obtener las utilidades, las empresas deben cumplir otros requisitos. Por ejemplo, el cumplimiento de todos sus indicadores directivos aprobados para el año —es decir, las ventas netas totales, el encargo estatal, las ventas para la exportación, el aporte por el rendimiento de la inversión estatal, la rotación del capital de trabajo, y el aporte en divisas a la caja central—; no tener auditorías financieras o fiscales donde el sistema de control interno haya sido evaluado de deficiente o malo en el período que se evalúa; y no tener deudas con el sistema financiero.
Un reportaje aparecido en el periódico Granma en su edición del 2 de marzo (“Los dilemas del «mes 13»”) da cuenta del malestar de muchos trabajadores con el engranaje establecido para la distribución de las utilidades.
Son frecuentes los casos de colectivos laborales —a nivel de brigada o taller— que cumplen sus planes productivos y coadyuvan a que su empresa obtenga utilidades, y al final no pueden acceder al cobro de esas utilidades porque otras instancias de la empresa trabajaron mal, y en consecuencia se incumplió algún indicador directivo. Por ejemplo, que el Departamento Comercial haya gestionado mal la producción terminada, y se hayan incumplido las ventas netas totales; o que en un almacén haya irregularidades con los inventarios, y alguna auditoría calificara de mal el sistema de control interno.
Sin embargo, el reportaje de Granma no se refiere a otro elemento que pudiera estar incidiendo en el ánimo de los trabajadores: el hecho de que los ingresos recibidos por trabajador en los años 2015 y 2016, como promedio, no se acercan a lo distribuido en 2014.
En 2014 hubo 314 mil 297 trabajadores que cobraron 781 millones pesos por concepto de utilidades, lo que arrojó un promedio de 2 mil 485 pesos por trabajador, equivalente a 104 dólares.
En 2015 un total de 459 mil 593 trabajadores cobraron 326 millones de pesos por utilidades, con un promedio de 709 pesos por trabajador, equivalente a 30 dólares.
Por último, en 2016 un total de 719 mil 265 trabajadores cobraron utilidades por 995 millones de pesos, con un promedio de mil 383 pesos por trabajador, equivalente a 58 dólares.
Como se aprecia, el cobro de utilidades al final del año por parte de los trabajadores de las empresas estatales, el llamado “mes 13”, resulta insuficiente para encarar la carestía de la vida que se observa en la Isla. Por esa razón no es de extrañar que el interés de las autoridades y el de los trabajadores se hallen contrapuestos. Mientras las primeras abogan por que el mayor porcentaje de utilidades engrose los fondos para inversiones e investigación, los segundos desean que esas utilidades se distribuyan directamente a los colectivos laborales.