GUANTÁNAMO, Cuba.- Las revoluciones burguesas legaron al mundo la gran conquista de la institucionalidad. Los poderes absolutos de los monarcas fueron sustituidos por los de funcionarios elegidos libremente por el pueblo y, frente a ese poder ejecutivo, surgieron como equilibrio los parlamentos, encargados de aprobar las leyes, y los tribunales, cuya función es aplicarlas e interpretarlas. Así se conforman las democracias, cuyas esencias se sustentan en las constituciones.
La existencia de las cartas magnas no implica que automáticamente se respeten los derechos de los ciudadanos, ni la construcción de un estado de derecho.Los derechos constitucionales de los ciudadanos se violan en todas partes del mundo, en ocasiones debido al poder omnímodo de un gobierno avasallador; en otras, por errores o arbitrariedades de los funcionarios .Las consecuencias y alcance de tales violaciones se miden por la posibilidad real que tienen los ciudadanos de obtener una efectiva tutela jurídica de sus derechos.
Allí donde existan instituciones jurídicas independientes y sólidos mecanismos de defensa, los ciudadanos tienen gran posibilidad de obtener justicia y reparación ante los abusos del gobierno.Tal no es el caso de Cuba, un estado de hecho, no de derecho, donde las orientaciones políticas de sus dirigentes valen más que las leyes y el acontecer nacional está signado por las contingencias y las decisiones de un grupo de poder que no ha sido elegido por el pueblo. Cuando tales circunstancias prevalecen, la constitución no es más que un adorno, precisamente lo que ocurre en nuestro país.
La constitución comunista de 1976
En los estados democráticos las constituciones son fruto del trabajo consensuado de las diferentes fuerzas políticas que conforman las asambleas constituyentes, previa elección democrática. En Cuba, la constitución aprobada en 1976 fue escrita por un reducido grupo de miembros del Partido Comunista, de ahí su esencia antidemocrática.
Aún así los escasos derechos que reconoce a los ciudadanos no gozan de una tutela jurídica efectiva y las pruebas más fehacientes de ello son las masivas y reiteradas violaciones que sufren los cubanos en cuanto a la protección de su libertad personal, a la libertad de movimiento por el país y fuera de él, a la inviolabilidad del domicilio, al derecho a un proceso justo, al derecho de queja,a la protección de la propiedad personal y otros reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos e incorporados a la constitución comunista con limitaciones.
Los teóricos castristas criticaron a los legisladores republicanos, imputándoles que nunca promulgaron las leyes complementarias para hacer efectivos muchos de los derechos de la constitución de 1940. Sin embargo, más de 40 años después de su promulgación, los legisladores pro castristas arrastran el mismo error.
Por ejemplo, Cuba no sólo carece de un Tribunal de Garantías Constitucionales sino que no existe la ley complementaria dedicada a regular el derecho de queja. Eso facilita el maltrato y la desatención a las quejas de los ciudadanos en la Fiscalía General de la República, institución que por mandato del art. 127 de la Constitución de la República tiene la obligación de velar y hacer cumplir la legalidad socialista y los derechos de los ciudadanos, independiente de su posición política. Sin embargo, en múltiples ocasiones los fiscales se niegan a entregar al quejoso un simple acuse de recibo de su queja y ya ni siquiera le responden por escrito. Se reitera la negativa de dicha institución a brindar una tutela jurídica efectiva de dicho derecho cuando los perjudicados son opositores pacíficos o periodistas independientes,lo cual demuestra el frágil estado de la institucionalidad en nuestro país.
Los legisladores castristas todavía no han elaborado leyes complementarias imprescindibles como la que se necesita para regular el derecho de queja sino que tampoco existen en Cuba leyes complementarias sobre ciudadanía, prensa, cultos, funcionamiento de la policía, cultura y deportes, por citar algunos ejemplos. En cuanto a la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio y la protección de la propiedad ante acciones de las fuerzas represivas en la Ley de Procedimiento Penal, existen numerosas omisiones y oscuridades.
Violaciones cotidianas de la Constitución comunista
Además de las que apuntamos anteriormente, en Cuba la discriminación por razones políticas, una de las más degradantes, ha estado presente en toda la sociedad desde el mismo empoderamiento de las guerrillas totalitarias comandadas por Fidel Castro.
Un cubano que no esté plenamente identificado con el castrismo, por muy honrado, decente y capacitado que sea, jamás podrá disfrutar de los mismos beneficios que otro ciudadano ¨revolucionario¨. El primero jamás podrá optar por una carrera militar, diplomática, u otra donde se requiere una indubitable fidelidad al régimen, ni podrá ocupar jamás algún cargo de dirección en la administración del Estado. Quienes logren graduarse en esas carreras u ocupar esos cargos están obligados a demostrar durante toda su vida lealtad al régimen castrista o simular que lo hacen. De no actuar así serán convertidos inmediatamente en parias.
En Cuba no funcionan correctamente muchas de las instituciones del gobierno y la sociedad, pero que los castristas, que son los creadores de la constitución vigente, sean los primeros en violarla, dice mucho de su desprecio por la ley y de su incapacidad como gobernantes.
Eso ocurre en un país cuya constitución declara en su artículo 1 que Cuba “es una república democrática, organizada con todos y para el bien de todos, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana”, valores que continúan ausentes de nuestra cotidianidad.
Sería más realista, y hasta decente, que el castrismo y sus testaferros, que no se cansan de declarar que son los que más respetan los derechos humanos, modificaran la constitución comunista y especificaran que la república está organizada con todos y para todos los que apoyan al castrismo. Así, al menos, la actuación de sus organismos, instituciones y funcionarios sería congruente con lo proclamado en la carta magna, y por tanto, menos hipócrita.