MIAMI, Estados Unidos. – La organización no gubernamental Prisoners Defenders convocó este martes a una conferencia de prensa para abordar las violaciones que se cometen en Cuba contra opositores y periodistas independientes mediante la aplicación del Decreto-Ley 370.
El panel, que será introducido y moderado por Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, contará por la parte europea con la participación de la diplomática checa Dita Charanzová, eurodiputada por Renew Europe; el eurodiputado español Javier Nart; el diputado español y portavoz adjunto del Partido Popular (PP) Carlos Rojas y el abogado español Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española, Decano del Colegio de Abogados de Melilla.
Por la Isla participarán José Daniel Ferrer, Coordinador General de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU); Iván Hernández Carillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC); Camila Acosta, periodista de CubaNet; el Pastor Mario Félix Leonard, director del Instituto Patmos y el artista Amaury Pacheco, integrante del Movimiento San Isidro.
Rueda de Prensa: denuncia ante Naciones Unidas por la eliminación de la libertad de expresión en #Cuba: el Decreto-Ley 370 y la Constitución.
Convocatoria: https://t.co/84XJyRBUwc
Inscripción prensa/diplomáticos: https://t.co/oQP8pxHq1W
Acceso público: https://t.co/j27k6C2n36 pic.twitter.com/p5KGmeUUgu— Cuban Prisoners Defenders (@CubanDefenders) June 12, 2020
Durante la realización del panel se presentará una denuncia completa de 33 casos de violaciones de derechos humanos vinculadas al Decreto-Ley 370 que ya ha sido enviada a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
Según Prisoners Defenders, el informe recoge “pruebas irrefutables de la creación de un patrón de eliminación sistemática de la libertad de expresión en todas las comunicaciones electrónicas privadas y públicas en Cuba”.
El artículo 68, inciso i), del Decreto-Ley 370 está prohibida la difusión a través de las redes públicas de transmisión de datos de información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas.
De igual forma, los artículos 70 y 71 establecen las multas (de 3 mil o 10 mil pesos) y el decomiso “de los equipos y medios utilizados para cometer las contravenciones”.
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