MIAMI, Estados Unidos. – Sectores de la ciudadanía venezolana siguen con lupa la posición asumida por el Defensor del Pueblo en ese país, Alfredo José Ruiz Angulo, ante la represión y violencia desatada por fuerzas favorables al régimen chavista y por los cuerpos represivos de la dictadura.
Según el portal digital Infobae, la Defensoría se ha negado a recibir las denuncias por parte de familiares de los torturados en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Alfredo José Ruiz Angulo fue juramentado como Defensor del Pueblo el 20 de noviembre de 2018. Desde entonces, por ley, tiene un rol estelar en la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.
“El Defensor no solo obvia las denuncias sino que ignora lo que especifica el artículo 6 de la Ley contra la Tortura, en lo que se refiere a las víctimas y familiares de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, quienes tienen derecho, y lo han hecho, a exigir medidas de protección y seguimiento, y medidas de prevención a los órganos y entes competentes”, refiere el diario argentino es un artículo publicado este jueves.
Infobae señala que, en medio de ese entramado de impunidad y silencio también se encuentran los tribunales militares, los fiscales y también el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses.
Aunque existe en Venezuela una Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, tampoco se sabe si está o no instalada ni qué funciones cumplen.
Ruiz Angulo, por su parte, dice que se están realizando inspecciones a todos los centros de detención preventivos del territorio nacional. Sin embargo –precisa Infobae- no ha realizado ninguna acción ante la gran cantidad de denuncias sobre tortura en DGCIM y SEBIN.
El medio argentino apunta que si bien se abrió una investigación a raíz de la tortura y asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo la Defensoría no ha informado nada al respecto.
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