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Vecinos de Guáimaro se resisten a ser desalojados

LA HABANA, Cuba, 8 de junio (Aleaga Pesant, 173.203.82.38) – Momentos de tensión se viven en el municipio camagüeyano de Guáimaro, tras la decisión de las autoridades de demoler al menos diez chozas levantadas de manera irregular desde hace varios años en el perímetro suburbano del poblado, cerca del cementerio.

Según Kadir Culley, delegado del opositor Partido Republicano Cubano (PRC, no autorizado), desde hace varias semanas se convocaron reuniones en las empresas del municipio  para informar sobre la intención de las autoridades de demoler las “ilegalidades”,  uno de los eufemismos que el Gobierno utiliza para denominar las construcciones que, evadiendo la burocracia, levantan los miles de cubanos que no tienen un techo donde cobijarse.

De acuerdo con la fuente, al menos cuatro mujeres decidieron contactar a líderes de la oposición en la comunidad para recabar apoyo social y denunciar una situación que se torna cada vez más tensa por la decisión de los vecinos y familiares de resistir por la fuerza al desalojo, previsto para el lunes 11 de junio.

Por el momento, los organizadores de la resistencia pacífica en la comunidad, liderados por Marielena Teruel Ramírez se organizan para marchar sobre las oficinas del gobierno municipal para exigir que sean atendidas sus demandas.

Los afectados alegan que levantaron sus chozas desde antes de 2007 y que nunca recibieron los servicios básicos, electricidad, agua, alcantarillado.   Indican que este año fueron multados con 1, 500 pesos (el salario mensual promedio en la isla es de 450 pesos).

A pasar de que una de las casa fue legalizada y otras dos recibieron energía eléctrica, ahora las autoridades les ordenan es que tienen que irse y amenazan con entrar con bulldozers y arrasar las chozas, donde viven familias con siete niños.

En los últimos meses, las autoridades lanzaron una campaña contra las construcciones “ilegales”, que si bien intenta poner orden en la infraestructura urbana y proteger al medio ambiente, no goza de apoyo popular porque deja sin alojamiento a cientos de familias que no tienen otro lugar donde vivir.

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Un desalojo en Placetas, provincia de Villa Clara, en enero de 2011.