LA HABANA, Cuba. – La empresa estatal de Acopio, una vez más, ni recoge las cosechas en tiempo, ni les paga a los campesinos. Mientras, el gobierno cubano no ceja en su empeño de cerrarle espacios a la comercialización privada de los productos agropecuarios y, para ello, emplea más de un procedimiento. En primer término han acudido a la desactivación de varios mercados agropecuarios de oferta-demanda (MAOD) para transformarlos en mercados estatales (MAE) con precios centralmente establecidos.
Otra modalidad aplicada consiste en tratar de que todas las formas no estatales de producción -cooperativas, usufructuarios de tierras ociosas y campesinos individuales- vendan la mayor parte de sus producciones a la empresa estatal comercializadora de Acopio, y así evitar que esos surtidos vayan a parar a las tarimas operadas por particulares. Es de destacar que para cumplir este objetivo las autoridades decidieron “revitalizar” la empresa de Acopio mediante la incorporación de más medios de transporte, envases y otros aditamentos.
En ese contexto, juega un papel fundamental la contratación que Acopio logre firmar con los referidos productores no estatales. Una contratación que cuenta con el apoyo de la oficialista Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), la cual desarrolla una labor de “convencimiento” sobre dichos productores.
Entonces, cada vez que se detecta que el porcentaje de contratación logrado por Acopio no es el que le conviene al gobierno, la maquinaria del poder se moviliza en pos de alcanzar su objetivo. Eso es lo que ha sucedido por estos días en la provincia de Pinar del Río, hasta donde llegó Salvador Valdés Mesa, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros.
Hasta ahora, la contratación en ese territorio solo alcanza el 36% de lo producido y, por tal motivo, el Primer Vicepresidente se reunió con los productores rezagados en la firma de esos contratos, aunque también insistió en que “las empresas han de ser capaces de pagar en tiempo todo lo que se les compra” (“Que las empresas paguen en tiempo a los campesinos”, periódico Juventud Rebelde, edición del 3 de febrero). Por supuesto que el señor Valdés Mesa se refería, en especial, al sistema de empresas de Acopio.
¿Y cuál podría ser la causa principal de la morosidad de esos productores -no solo en Pinar del Río, sino en todo el país- para la firma de los contratos?, se preguntarían algunos. Pues la respuesta la encontramos en una queja aparecida en la propia prensa oficialista. En estos términos se expresó un campesino de la provincia de Matanzas: “Acopio nos recogió el frijol el día 2 de abril de 2018, después de casi dos meses que debía hacerlo, y en octubre del mismo año nada de pago, después de haber invertido en preparación de tierra, siembra, cultivo y recogida de maíz y luego otra vez preparación y siembra de frijol para su posterior recogida” (“Frijol cosechado y no pagado”, en periódico Granma, edición del 1ro de febrero).
Es decir, esfuerzo y dinero perdido por un campesino y un alimento que no llega a tiempo -y que en ocasiones nunca llega- a la mesa de los consumidores. De haberlo vendido a comercializadores privados, de seguro otro hubiese sido el panorama.
Una vez más se pone de manifiesto la ineficiencia de la empresa estatal de Acopio. En esta ocasión, incluso, ha hecho quedar mal al primer vicepresidente.
