Tribunal de Cárdenas juzga suministradores de redes wi-fi
Un fuerte operativo de la Seguridad del Estado impidió a periodistas independientes presenciar el juicio concluso para sentencia
Un fuerte operativo de la Seguridad del Estado impidió el jueves a activistas y periodistas independientes presenciar el juicio que, desde las dos de la tarde, se llevó a cabo en el Tribunal Municipal de Cárdenas contra cinco jóvenes que instalaron una extensa red wi-fi en esa localidad, según confirmó a 14ymedio Leticia Ramos, periodista independiente expulsada de la sala y detenida brevemente.
Los inculpados, que no promedian los 30 años, han sido objeto de una denuncia por parte de la Empresa Radio Cuba. Están acusados de actividad económica ilícita, delito tipificado en el Artículo 228.1 del Código Penal, susceptible de una condena de tres meses a un año de privación de libertad. Si concurre como agravante el uso de materiales o medios de procedencia ilícita, la sanción es de uno a tres años de privación de libertad, a lo que se suma la confiscación de los bienes utilizados.
La fiscalía no pudo demostrar que “ninguno de los servidores era robado, ni había entrado al país ilegalmente”, comentó a una persona que asistió al juicio y pidió que no se publicara su nombre.
El caso ya había sido anunciado en el periódico local Girón el pasado 26 de junio y existía una gran expectación por conocer los resultados.
Los procesados fueron detenidos durante una impresionante operación policial en junio pasado, cuando fue desarticulada una red que recibía materiales audiovisuales desde Internet y los distribuía a través de redes inalámbricas.
En aquel momento, refirió que un individuo, “tras la fachada de un radioaficionado, desplegó varias antenas en su domicilio”. La nota aparecida en el medio oficial alertaba que este tipo de acciones fomentaba “la circulación y consumo de materiales audiovisuales enajenantes”.
Varias personas fueron sorprendidas tomando notas y fueron expulsadas del tribunal. Fuentes cercanas a los familiares de los acusados informaron que la fiscalía solicitó altas multas y la confiscación permanente de todo el material incautado. No obstante, los encausados llevaban ya cinco meses en prisión a la espera del juicio.<
El juicio quedó concluso para sentencia, a la espera de que en los próximos días los acusados reciban comunicación sobre sus condenas.
