LA HABANA, Cuba. — La Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) y su secretario, Iván Hernández Carrillo, tienen especial preocupación por los ciudadanos que están siendo juzgados por manifestarse el pasado 11 de julio (11J) y que poseen vínculos laborales.
Desde esa asociación advierten que esos empleados no tienen ningún respaldo por parte de las organizaciones de masas que supuestamente los deberían representar y que estas últimas no se pronuncian sobre los juicios porque se subordinan al poder hegemónico del Estado cubano.
Pese a que el gobernante Miguel Díaz-Canel y las autoridades judiciales de la Isla han intentado mostrar a los manifestantes del 11J como personas que viven al margen de la sociedad —como si no estar vinculados fuera un delito per se — fueron precisamente las inconformidades laborales las que llevaron a muchos de esos ciudadanos a gritar “Patria y Vida” en las calles.
Datos recogidos por Cubalex y el grupo de trabajo Justicia 11J reflejan que al menos 281 de los 1 084 manifestantes que fueron detenidos por participar en el 11J poseían algún vínculo laboral. Sin embargo, se desconoce el estatus de empleo del resto de los detenidos durante el estallido social.
En Santa Clara, por ejemplo, entre los Expedientes en Fase Preparatoria 687/2021, 689/2021 y 690/2021 hay 15 personas en total indefensión sindical. Uno de ellos aparece como “desocupado”, aunque la ASIC lo reconoce como cuentapropista.
Demis Valdés Sarduy es el sustento de su casa. Pese a que padece de una cardiopatía que puede costarle la vida, espera en la prisión de hombres de Guamajal una condena de seis años de privación de libertad (Expediente 690/2021) por los delitos de desacato, desorden público y propagación de epidemia.
Aunque la organización independiente asegura que es elaborador y vendedor de productos ligeros, en la petición fiscal aparece sin empleo.
Valdés Sarduy fue detenido junto a su hijo de cinco años en el hospital de Placetas. El video de cómo arrestaban a los dos —padre e hijo— se hizo viral. Pese a que los documentos legales han llegado a manos de los abogados plagados de errores, algunos parecieran ser a propósito de agravar la situación o estigmatizar a los manifestantes.
A Mercy Daniela Pichs Martínez (Expediente 689/2021) la quieren condenar a seis años. La ASIC la reporta como cuentapropista, pero las autoridades tampoco reconocen su vínculo laboral. “Se conoce que realiza trabajos de barbería con su tío”, alegan.
Con anterioridad, en el Auto de Medida Cautelar para justificar su encarcelamiento, la describen como “advertida y siendo procesada por actos de prostitución con anterioridad.
No ha sido la única manifestante del 11 de julio a la que le aparece “prostitución” como un antecedente penal. Cabe señalar que aunque en Cuba esta actividad es criminalizada, el ejercicio de la prostitución no aparece tipificado como delito en el Código Penal. Su peso es moral y con una marcada intención de prejuiciar a quienes tengan acceso a la documentación.
En el Expediente 689/2021 y entre aquellos que fueron juzgados la semana pasada en Santa Clara también se encuentran una enfermera y varios cuentapropistas.
Amanda Dalai Matamoros Cabrera era enfermera del policlínico Chiqui Gómez Lubián y hoy espera una sentencia de seis años de privación de libertad. Algo similar ocurre con José Miguel Gómez Mondeja, quien se desempeñaba como agente de seguridad de una de las tantas empresas estatales que se dedican al negocio de salvaguardar los bienes del Estado.
Algo parecido ocurrirá a los cuentapropistas, condenados desde antes a pagar elevadísimos impuestos sin atender a la magnitud de sus negocios.
Yunior Sebey espera una condena de ocho años. Maykel Fleites Rivalta, quien vendía artículos religiosos, espera ser condenado a siete años de prisión. En el caso de este último, fue considerado un peligro social por haber sido procesado con anterioridad por alteración del orden y especulación, según consta en el auto de medida cautelar.
Liván Hernández Sosa esperó juicio en prisión por haber sido procesado con anterioridad por varios delitos considerados graves y por ser “antisocial”. Ahora espera una condena de seis años. En el momento de las protestas trabajaba en el hospital pediátrico José Luis Miranda, de la ciudad de Santa Clara.
Yunior Sebey, Maykel Fleites Rivalta y Liván Hernández Sosa esperan sentencia en La Pendiente junto a un obrero y cuentapropistas de Caibarién que aparecen en la Petición Fiscal 687/2021 y que ya fueron condenados en la Sentencia No. 137/2021, hecha pública el pasado 27 de diciembre.
Al obrero José Rodríguez Herrada, de 50 años, lo condenaron a tres años y seis meses; a Magdiel Rodríguez García, auxiliar de recreación (una de las tareas permitidas por el Ministerio del Trabajo), a cuatro años y seis meses; a Ysel Fumero Tuero, operario de tenería, a dos años y seis meses; y al cuentapropista Carlos Michael Morales Rodríguez a dos años y 10 meses.
Esperan en la prisión de Guamajal otros manifestantes de la misma provincia en total indefensión legal y sin ningún tipo de representación sindical: Randy Arteaga Rivero, quien trabajaba como cuerpo de seguridad de una discoteca y hoy se enfrenta a una petición de siete años; John Luis Machado Marrero (19 años), acusado de atentado y ultraje sexual por bajarse los pantalones ante agentes de la policía, espera una condena de siete años.
En el caso de John Luis Machado Marrero, posee licencia para “reparar de artículos varios”. Las autoridades judiciales se contradicen al mencionar que había sido procesado por “juegos prohibidos”, pese a que no le constan antecedentes penales.
En igual situación están el transportista Pedro Manuel Nicodermo y Armando Guerra, quien se dedicaba a la recreación infantil. Ambos enfrentan una petición de seis años.
La situación laboral en Cuba no solo pasa por los salarios paupérrimos y las condiciones de los centros laborales, sino también por la falta de libertades. La idea de un sindicato que respalde a los trabajadores quedó en el ideal de una izquierda que se empeña en desconocer a Cuba como dictadura. Los sindicatos secuestrados por el poder absoluto del Partido Comunista (PCC) no tienen leyes que defiendan a sus trabajadores y los ejecutores de ese poder son los agentes de la Seguridad del Estado, que se dedican a interrogar y a coaccionar a los trabajadores en cada centro laboral cubano en función de una ideología so pena de despido.
Incluso si se anularan las condenas sobre los trabajadores anteriormente mencionados, estos no podrán regresar a sus puestos laborales porque hay un sistema y una estructura que estigmatiza y margina a quienes se le oponen.
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