LA HABANA, Cuba.- “En Cuba se acaba de aprobar una Constitución proteccionista para el Estado, o lo que es lo mismo, una Constitución Proclama, que primero necesita ser publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba para su aplicación”, afirmó a CubaNet el abogado independiente de Cubalex, Julio Ferrer Tamayo, quien explica, desde el punto de vista jurídico, las consecuencias de que se haya aprobado una Carta Magna antes de haber redactado las leyes complementarias que la sustentan.
“La Constitución ha entrado en lo que han empezado a llamar “laguna legislativa”, por lo que el documento se irá aplicando a retazos, en correspondencia con las leyes de desarrollo que vaya implementado cada precepto constitucional”, dijo Ferrer Tamayo, que está convencido de que serán más de 50 leyes a redactar, contrario a lo que informó en la Mesa Redonda, Homero Acosta, Secretario del Consejo de Estado.
“Esto implica mucho más tiempo de “limbo judicial para los derechos de los cubanos”, explicó el abogado, y aseguró que algunos de los plazos establecidos son “seis meses para la ley electoral; un año para el Reglamento del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional; dos años para las asambleas municipales; 18 meses para modificar la ley de los tribunales, la ley de procedimiento penal, la ley de procedimiento civil; dos años para la modificación del Código de familia en el que se va a someter a referendo el tema del matrimonio igualitario.”
Ahora bien, ¿qué traerá como consecuencia que las leyes sean redactadas después de haber sido aprobada la constitución?
Para Julio Ferrer Tamayo las leyes en desarrollo se convierten en un arma de doble filo, pues no serán sometidas al proceso de debate popular según su democracia, y estarán hechas para establecer más trabas, y será imposible derogarlas porque la Constitución ya está aprobada.
“Dejaron una brecha abierta para ellos y no para el pueblo y, aunque fueran sometidas a debate, eso no asegura un proceso democrático. Ahora, no someterlas a debate público sí puede garantizar una ignorancia total.”
Ferrer puso como ejemplo el supuesto derecho constitucional de cada persona a reclamar cuando se vea afectada y obtener respuesta…, “ahora vendrá una ley de desarrollo que le pondrá límites, con requerimientos imposibles de materializar”.
No obstante, la constitución del 76 padecía del mismo mal, hablaba, por un lado, del derecho de todos los cubanos a establecerse en cualquier parte de la isla, y, por otro, estaba el decreto 217/1997, que regulaba las migraciones internas a La Habana, o la ley de asociaciones, que mutilaba el derecho a la libre reunión y asociación.
Pero, ¿qué sucederá mientras estas leyes complementarias son redactadas?
“Hay algunos académicos como el doctor y profesor titular Leonardo Pérez Gallardo, y la doctora Martha Prieto, quienes aseguran que, ante la ausencia de esas leyes, los ciudadanos pueden, por un principio constitucional, solicitar ante los tribunales la aplicación directa de la constitución”, citó el abogado a los especialistas oficiales del tema
¿Y ante qué tribunal?
La constitución únicamente reconoce el sistema de tribunales ordinarios que no tienen facultad constitucional. Para que fuera diferente habría que modificar, primero, las leyes de tribunales. “Esas son las consecuencias de haber seguido el concepto de que todos los derechos son iguales, sin hacer una diferenciación entre derechos fundamentalísimos y el resto”, aseguró Ferrer.
Pese a que se ha asegurado que la Asamblea Nacional tendrá una “actividad legislativa extraordinaria”, el abogado de Cubalex afirmó a CubaNet que “la asamblea no tiene funciones judiciales, por lo que muchos casos pendientes a respuestas pueden quedar esperando, quién sabe hasta cuándo, las modificaciones de las leyes”.
Ferrer Tamayo tiene la esperanza de que, en la nueva ley de los tribunales, y la ley de los procedimientos civil y laboral “hagan un acápite destinado para los casos que el año pasado estaban pendiente a resolverse”, e ironizó sobre su situación personal, “ante esto, y conocedor de cómo ellos actúan, tengo pensado replantear todas mis demandas al amparo de la nueva Constitución, para no crearles ninguna dificultad”.
“Esta es una Constitución Proclama, porque fue creada para complacer en gran medida todos los señalamientos que le hicieron a Cuba en el Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos, en mayo del año pasado. Ahora ya el viceministro de relaciones exteriores compareció ante el Consejo, e informó que la nueva Constitución representa una plataforma sobre la cual las autoridades cubanas van a potenciar el respeto a los derechos humanos”, por tanto, las leyes que vendrán a partir de ahora, serán solo de la incumbencia de los cubanos, sus principales víctimas, sentenció.