LA HABANA, Cuba. – La Comisión Justicia 11J, que desde julio de 2021 lleva un registro de los presos políticos en las cárceles cubanas y de la respuesta del gobierno ante las protestas públicas, ha solicitado formalmente una audiencia al Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente.
La petición está relacionada con la presencia del Estado cubano en el Congreso Internacional Penitenciario, desarrollado entre el 6 y el 8 de diciembre de 2022 en la ciudad de San José, Costa Rica, donde participó una delegación representada por Yojanier Sierra ―presidente del Tribunal Provincial Popular de La Habana― y Yoel Quinta, el juez de la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Matanzas.
Basándose en un minucioso trabajo de verificación y actualización de datos sobre arrestos, procedimientos penales, sanciones a ciudadanos por motivos políticos y situación de las prisiones en Cuba, Justicia 11J asegura que el sistema judicial y el sistema penitenciario cubanos no desarrollan prácticas que garanticen el cumplimiento de las normas internacionales sobre el debido proceso y en materia de derechos humanos. Por consiguiente, no cumplen los estándares básicos para participar en un Congreso de tal naturaleza.
La revisión de las sanciones impuestas a manifestantes ha demostrado que en Cuba la justicia está politizada, el derecho a la protesta criminalizado y garantizada la impunidad de los cuerpos represivos que han intimidado y agredido a ciudadanos por expresar públicamente su rechazo al gobierno o al sistema.
En su solicitud Justicia 11J denuncia que los manifestantes han sufrido violencia física y psicológica lo mismo durante las detenciones arbitrarias que en las prisiones donde cumplen condenas de hasta 25 años de privación de libertad. Expone además el hacinamiento, las pésimas condiciones higiénico-sanitarias y la mala alimentación en las cárceles cubanas, donde también se verifican traslados arbitrarios a prisiones de mayor rigor, huelgas de hambre a modo de protesta, muertes no esclarecidas y tratos degradantes.
Justicia 11J aspira a presentar la evidencia documental acopiada ante ILANUD con el propósito de demostrar el funcionamiento ilegítimo del sistema judicial y el sistema penitenciario cubanos, así como la responsabilidad que comparten en ello quienes representaron a la isla durante el evento celebrado en Costa Rica.
