LA HABANA, Cuba.- “El manotazo dado por el Ministro de Cultura a los periodistas independientes simboliza la relación del Estado con la libertad de prensa en estos seis meses, marcados por protestas, actos de repudio, campañas televisivas contra la sociedad civil, y un descontento generalizado por la crisis económica cada vez más aguda”, señaló este lunes la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mediante un informe sobre la libertad de prensa, resultado de la Reunión de Medio Año, sostenida entre 20 y el 23 de abril.
Las denuncias de la organización sobre las violaciones a la libertad de prensa y de expresión en Cuba se centraron en los últimos seis meses, comenzando por la huelga que tuvo lugar en la sede del Movimiento San Isidro, en noviembre de 2020, en la que se hallaban, entre otros, tres periodistas independientes. La protesta culminó con el allanamiento de la vivienda por agentes de la Seguridad del Estado.
“El operativo de desalojo coincidió con el primer corte nacional de todos los servicios de internet, cuyo fin fue impedir la divulgación del ataque a la vivienda”, refiere el documento.
Este incidente provocó una manifestación pacífica masiva frente al Ministerio de Cultura (MINCULT) de Cuba, la “más numerosa en más de sesenta años (…). Desde entonces, el régimen lanzó una campaña de desprestigio desde redes sociales, prensa escrita y el Noticiero Nacional de Televisión, exponiendo a los líderes y atacándolos con intervalos (…). La difamación a los periodistas estuvo centrada en la subordinación a las órdenes del gobierno estadounidense, un viejo recurso del régimen cubano para perseguir a todos los que le molestan”.
En el informe se denuncia también la violenta detención, el 27 de enero de 2021, de varios ciudadanos cubanos, entre ellos siete periodistas independientes que reportaban una protesta pacífica frente al MINCULT.
“El panorama legal sigue siendo restrictivo contra el ejercicio de las libertades de prensa, expresión e información, por el absoluto control de la policía política sobre el aparato judicial, y la existencia de un marco jurídico general encaminado a silenciar a los ciudadanos críticos. En el periodo, además, se ha destacado el uso del monopolio estatal Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, SA (ETECSA), como brazo ejecutor de la Seguridad del Estado en materia de silenciamiento de periodistas independientes, a partir de la suspensión del servicio de internet y telefonía a determinados periodistas durante periodos de tiempo variables”.
Arrestos por horas por actividades periodísticas, arrestos domiciliarios, multas por el Decreto-Ley 370, desalojos, citaciones policiales, registros a casas, decomiso de bienes de trabajo, robo o destrucción de teléfonos móviles, cortes de comunicación, amenazas de prisión, expulsiones de centros de estudio o trabajo por expresar opiniones en Facebook, ciberacoso e interrogatorios tanto a periodistas independientes, influencers, y escritores como a sus familiares, fueron algunos de los patrones que identificaron los especialistas de la SIP.
“Siguen bloqueados decenas de portales de la prensa independiente y de organizaciones internacionales de derechos humanos, así como plataformas de recogida de firmas. El régimen financia un amplio sistema de hackeo contra cuentas de activistas y periodistas independientes”, detalló el texto.
La organización sin fines de lucro emitió igualmente una resolución que será enviada al gobierno cubano y a organismos intergubernamentales. En ella la SIP resuelve: alertar por el agravamiento de las amenazas y restricciones al ejercicio de las libertades de prensa y de expresión en Cuba; condenar las prácticas del Estado de persecución y hostigamiento contra periodistas y colaboradores, y sus familiares y fuentes informativas; y expresar solidaridad con los periodistas independientes y con quienes practican distintas formas de expresión, que continúan narrando la realidad del país, a pesar de las amenazas y ser víctimas de represalias.
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