LA HABANA, Cuba. – Entre los manifestantes del 11 y 12 de julio de 2021 (11J) que están siendo juzgados hay al menos 29 personas que estaban vinculadas laboralmente. A los sindicatos a los que pertenecen no solo no les importa que sean condenados, sino que posiblemente apoyen los procesos sin garantías de derechos a los que están siendo sometidos.
Para estas personas no fue suficiente pagar una cuota mensual ni asistir a reuniones bajo la promesa de ser defendidos en caso de necesitarlo. Los cubanos procesados por manifestarse el 11J están viviendo las consecuencias por partida doble de que los poderes en la Isla no sean independientes ni estén divididos: los dirigentes administrativos muchas veces coinciden con los sindicales y, cuando no, ponen por encima de los intereses de los trabajadores, los intereses del Partido y de la Administración.
En muchos casos, el sindicato solo organiza fiestas. Aunque a veces depende de la calidad humana de sus dirigentes, el poder de decidir a quién ayudar y cuánto es limitado. La norma general es el repliegue al autoritarismo partidista.
Iván Hernández Carrillo, secretario de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), tiene una especial preocupación por quienes salieron a la calle a ejercer su derecho a manifestarse y hoy están siendo acusados de delitos graves que podrían costarles condenas de entre siete y 18 años de privación de libertad.
Los casos más alarmantes son los de las personas que están siendo procesadas por fiscalías militares y que solo conocerán sus peticiones fiscales el día de la vista oral correspondiente.
Los manifestantes que aparecen registrados en los expedientes en fase preparatoria 77/2021 y 81/2021 están entre ellos. No obstante, se sabe que hay otros en las mismas circunstancias. Ese es el caso de Julio César Ruiz Bacot, detenido el 16 de julio, trabajador de una panadería, padre de dos niños. Hace meses su madre dijo a CubaNet que le habían dado golpes y le habían sacado “todos los dientes”.
En el expediente 81/2021 está Rolando Sardiñas Fernández, de 38 años, soltero y con un hijo bajo su tutela, trabajador del Central Azucarero Mario Muñoz y con sanción desconocida hasta ahora. Fue acusado de “sabotaje”, “robo con fuerza” y “desórdenes públicos”. La “investigación” de su caso hace énfasis en sus relaciones con activistas por los derechos humanos.
Por los mismos delitos está esperando sentencia Dainier Flores Oliva, trabajador del policlínico Francisco Figueroa, de Colón. Tampoco se sabe cuánto le quieren imputar por estos supuestos delitos. A Andy Alexis Martínez Pérez, trabajador de una ponchera, le piden 11 años por “sabotaje”.
Mientras, en el expediente 77/2021 aparece el caso de Daniel José Cárdenas Díaz. El video de un “boina negra” que entraba a su casa empuñando un arma de fuego mientras su esposa gritaba se viralizó en redes sociales. Trabajaba como expendedor de alimentos en una cafetería,. Además de la represión que ha vivido su familia por haber hecho viral la brutalidad policial delante de sus hijos, Cárdenas Díaz está siendo acusado de “sabotaje”, “robo con fuerza” y “corrupción de menores”. Le pedían inicialmente 35 años y lo dejaron en 15 años de privación de libertad.
Por su parte, a Leidiana Prohía Guevara, quien trabajaba de lavandera en el Hotel Oasis, le pidieron 20 años y se quedó en 12.
En ese mismo juicio estaban siendo procesados los trabajadores José Antonio Cue Monzón, criador de puercos; Alain Rosello Fernández, barbero acusado de “atentado”; Reydel Canasí Reyes, jefe de obra de albañilería y trabajador de mantenimiento de una escuela; y Jorge Luis Argüelles, cochero, a quien le pedían 51 años y le rebajaron a 16 años.
En total fueron juzgados 12 personas por supuestamente haber vandalizado un Servi Cupet de la empresa militar Cimex S.A. en Cárdenas, Matanzas.
Aunque la ASIC lo reconoce como “trabajador contratado” Omar Martínez Ardín aparece registrado en el expediente 101/2021 como que “no realiza ninguna actividad socialmente útil”, frase con sobrado matiz moral. Le piden 18 años por los supuestos delitos de “desórdenes públicos”, “desacato” y “atentado”.
Raquel Márquez Vázquez, de 57 años y dedicada a la limpieza de casas particulares, ni siquiera es reconocida como una trabajadora por cuenta propia. Le piden ocho años por “atentado” y “desórdenes”.
En el mismo expediente, a Alberto Vázquez González, trabajador agrícola, lo caracterizan como “sospechoso de hechos delictivos”. Además, le imputan los supuestos delitos de “ultraje sexual” e “instigación a delinquir”.
Por su parte, el expediente 114/2021, uno de los documentos al que más recientemente las organizaciones Justicia 11J y Cubalex han tenido acceso, habla de cinco trabajadores.
Noel Hernández Pérez es gastronómico de una cafetería, según el documento. ¿Cómo puede ser una agravante que “genere a su alrededor concentraciones de personas con fines festivos”? A él le piden ocho años.
Jorge Alexander Llufrío Pérez es dependiente comercial y, aunque salió bajo fianza, le piden seis años por “grabar a un policía”. A Asiel Díaz Alfonso, barbero, le piden cuatro y señalan que se debe tener en cuenta que “su casa es habitualmente visitada por muchas personas, sobre todo jóvenes”.
A Yosdailys Amaro Aldazábal la conocen como “Muma” en el barrio, es maestra primaria y quieren condenarla a dos años. Otro manifestante del sector de la Educación que está esperando condena (expediente 137/2021) es César Adrián Delgado Correa, profesor de Educación Física en el INDER municipal de Colón. El juicio en su contra ocurrió del 20 al 24 de diciembre y está entre las 108 personas juzgadas esa semana.
En el expediente 114/2021 también aparece Lázaro Rodríguez Ávila, “Lachi”, jefe de brigada del Combinado Cárnico de Matanzas; y Raynold García, también de Matanzas, a quien le piden siete años y le sacan a relucir varios antecedentes que, aunque ya caducaron, son usados en su contra. Una situación similar es la de Alexander Elido Taylor de Armas, a quien le piden ocho años, y cuyos antecedentes han hecho públicos con el único objetivo de prejuiciar a los jueces si eso fuera posible.
En el expediente 123/2021 hay cuatro trabajadores por cuenta propia reconocidos. Los argumentos usados para caracterizar a Osain Denis Trujillo aluden a que “ha sido requerido por los vecinos por realizar fiestas extravagantes”. Ese argumento recuerda cómo aún se sigue estigmatizando las ganancias y los estilos de vida que se pueden permitir algunos trabajadores del sector privado.
En el caso de Osain tampoco aparecen reflejados en los documentos las golpizas que recibió desde su encarcelamiento y que denunció su hijo en más de una ocasión en las redes sociales.
Por otro lado, a Samuel Pupo Martínez, quien se dedicaba a grabar memorias USB, le quieren condenar por “desorden público” y “desacato” a siete años, todo por subirse a “uno de los vehículos que había sido volcado” y pedir además de “Patria y Vida” la renuncia de Miguel Díaz-Canel.
En situación similar se encuentran el cochero Yandy Ruiz Martínez y el trabajador por cuenta propia Yohandy Leonard Pérez, a quien piden ocho años.
Fuera de los expedientes de la provincia de Matanzas se ha sabido, gracias al informe de la ASIC, de los casos de Francisco Rafael Villa Tamari, trabajador la empresa de Comunales, con una condena de nueve años; Mariel Michel Suárez Muñoz, de 21 años de edad y acusado de “sabotaje”, propietario de una cafetería particular; Raúl Santana López, pequeño agricultor asociado a la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) 17 de Mayo, quien fue detenido el 11 de julio y al que le piden ocho años de cárcel; y el de Frank Ernesto Trujillo Hervis, almacenero, a quien piden seis años.
Generalmente las personas en los centros de trabajo saben cuáles son las funciones del sindicato y cuáles son las que cumple realmente. No es de extrañar que estos manifestantes del 11J no hayan recibido apoyo de los sindicatos a los que pertenecen y que no son lo que la izquierda mundial supone, sino un instrumento de control sobre cada uno de sus miembros.
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