MIAMI, Estados Unidos.- La policía política cubana ha intentado “persuadir” a periodistas independientes con la intención de “reclutarlos”, según denuncia un informe del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).
Dicha organización independiente publicó un “balance parcial” sobre la situación de la represión en Cuba que abarca el período del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2017.
Un total de 240 hechos violatorios a la Libertad de Prensa han sido documentados en el mencionado informe. Entre ellos se registran 102 amenazas y agresiones sicológicas, 84 detenciones arbitrarias y 32 incautaciones de medios de trabajo.
“Las formas, métodos y tipos de amenazas no cambiaron en lo absoluto” respecto a períodos anteriores, describe el ICLEP en su documento. “La policía política primeramente intenta persuadir al comunicador con la intención de reclutarlo”, entonces “cuando no lo poden lograr, su vocabulario se vuelve más agresivo y comienza el acoso y las agresiones sicológicas acompañadas de amenazas que oscilan desde la asfixia económica, la promesa de ponerlos en prisión y la sutil amenaza de muerte”.
“A las periodistas del género femenino, también, las amenazan con quitarle la custodia de sus hijos”, añade el reporte.
Por su parte, las detenciones a periodistas fueron o bien sin explicación alguna o bajo el supuesto de delitos económicos en manera alguna relacionados con los comunicadores.
“Cada detención fue un rosario de hechos violatorios donde se combinaron todo tipo amenazas”, dice ICLEP.
La misma organización señala que durante 2017 se mantuvo inalterado el monopolio del régimen castrista sobre los medios de comunicación en el país.
Basado en esta situación, el ICLEP ha recomendado a gobiernos, organizaciones e instituciones regionales e internacionales condenar y exigir al régimen cubano que ponga fin a las reiteradas violaciones a la libertad de expresión y prensa existentes en Cuba.
Asimismo recomienda exigir a La Habana la eliminación de todas las “leyes liberticidas” contra la libertad de expresión y prensa.
ICLEP finalmente sugiere que se exija al Gobierno castrista la instauración de leyes y un marco jurídico que garantice y proteja a los ciudadanos para hacer uso, sin temor a represalias, del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reza: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.