SANTIAGO DE CUBA.- En las últimas semanas, grandes y frecuentes aglomeraciones han tenido lugar en la ciudad de Santiago de Cuba, principalmente por la venta racionada de alimentos y productos de aseo personal. No obstante, la rebaja de artículos no esenciales también ha movilizado a los santiagueros.
A pesar de que la principal medida para contrarrestar la COVID-19 sigue siendo el aislamiento social, el Gobierno cubano ha promovido las aglomeraciones al rebajar el precio de electrodomésticos y otros útiles del hogar. Mientras, los productos de primera necesidad escasean y se mantienen a valores inasequibles para gran parte de la población.
“Las colas eran enormes; las personas estaban casi pegadas unas a las otras, hablando y gritando de cerca, con el nasobuco como única protección. La Policía daba algunas vueltas para separarlas, pero al minuto volvían a unirse”, comentó una señora.
Si bien es cierto que en Cuba todos los productos de las tiendas recaudadoras de divisa son comercializados a precios altísimos y, por ende, cualquier rebaja es bienvenida, la pregunta es ¿por qué proponerla ahora?
Las ventas rebajadas de equipos, artículos de cocina u otros suponen una alta demanda de la población, debido a que raras veces tienen lugar. Por tanto, estas ofertas provocan una importante afluencia de personas que, en medio de la pandemia de coronavirus, contradicen las medidas sanitarias para evitar la propagación de la enfermedad en la Isla.
Lo que sí resulta imprescindible en los tiempos de la COVID-19 es el abastecimiento de los mercados de comida y productos de higiene a precios moderados. Pero las ofertas que existen son cada día más restringidas.
Por decisión del Gobierno ahora cada núcleo recibirá “por la libreta de abastecimiento” uno o dos paquetes de pollo de 2 CUC en adelante, la misma cantidad de picadillo de pavo, salchichas o hamburguesas (que cuestan más de 1 CUC) y dos botellas de aceite como máximo (equivalente a 1.95 CUC la unidad).
Por su parte, la carne de puerco o de carnero hay que obtenerla casi siempre en el sector privado como mínimo a 30 o 35 pesos en moneda nacional cada libra, respectivamente. Otros productos como los huevos, la mortadela o el pescado solo son distribuidos por el Estado pocas veces y en pequeñas cantidades.
Los productos de limpieza y aseo personal son igualmente costosos en las redes minoristas. Las opciones más baratas las ofrece el propio Estado en tiendas de productos industriales u otros mercados, pero cada vez son más deficitarias. En los últimos meses, aun antes de la llegada de la COVID-19, ya había escasez de estos productos en la Isla.
Entonces, ¿cómo es posible que el Gobierno decida abaratar cestos de basura, pozuelos o plateros antes de garantizar el abastecimiento y el acceso a la comida? La respuesta se resume en la desidia que, desde 1959, ha mostrado el régimen cubano a su pueblo.
El tema de las colas ha sido uno de los más recurrentes desde la confirmación de los primeros casos de contagio de coronavirus en la Isla, el pasado 11 de marzo.
Comunicadores independientes y ciudadanos en general han documentado aglomeraciones en casi todas las provincias y, a la par, han denunciado el abuso de las autoridades en la implementación de la medidas dispuestas por el Gobierno para contrarrestar la epidemia.
No son pocos los ciudadanos, entre ellos activistas de derechos humanos, que han sido objeto de multas injustificadas o que están siendo procesados bajo delitos ―la mayoría infundados― de desacato, desobediencia, atentado y el más común “propagación de epidemias”.
Esas figuras penales siguen siendo utilizadas por el Gobierno para acallar las voces disidentes, sobre todo a opositores y reporteros que informan sobre la situación sanitaria del país.
Si se analiza el argumento legal de estos supuestos delitos ―que provocan advertencias, multas de más de 1 500 pesos e incluso sanciones penales― se sabría que no solo los cubanos de a pie quienes incumplen las recomendaciones sanitarias, sino también el Estado y los gobernantes de la Isla.
Los apartados 1 y 2 del artículo 187 del Código Penal cubano establecen sanciones de un año de privación de libertad y multas desde 100 a 300 pesos para quienes infrinjan las medidas sanitarias de control y prevención de epidemias. Además, disponen la privación de libertad de tres a ocho años para el que “maliciosamente propague o facilite la propagación de una enfermedad”.
Por lo tanto, como mismo una persona natural no puede permitir aglomeraciones en su vivienda porque estaría incurriendo en el delito de “propagación de epidemias”, el Estado tampoco puede provocar tumultos innecesarios porque también estaría contribuyendo a propagar dicha enfermedad. La diferencia está en que las leyes cubanas se aplican al pueblo y eximen a los gobernantes.
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