Régimen cubano amenaza con encarcelar a otro coordinador de la UNPACU

Régimen cubano amenaza con encarcelar a otro coordinador de la UNPACU

A pesar de haber pasado por prisión, continua su militancia en la UNPACU como el primer día, decisión que le ha costado seguir en la mira del régimen

SANTIAGO DE CUBA.- El pasado día nueve de octubre un funcionario de la oficina de control de pago de multas de Santiago de Cuba se personó en la vivienda de Geordanis Muñoz Guerrero, coordinador de la UNPACU (Unión Patriótica de Cuba) y promotor de Cuba Decide. El objetivo era asegurarle que van a llevarlo a prisión. El funcionario le mostró varios expedientes que, según dijo, serán enviados a Fiscalía para que abran el caso contra él y así poder procesarlo por impago de multas.

En una entrevista con CubaNet el activista, que reside en el municipio Palma Soriano, en Santiago de Cuba, aclaró que las multas en realidad se las impone la Seguridad del Estado cubano (DSE). “Las multan son porque yo reclamo respeto por los derechos humanos, y libertad y democracia para mi país; por el activismo que realizo pero me niego a pagarlas”, aseguró.

El opositor, de 39 años, tiene un largo y amplio historial en la oposición frontal al régimen cubano. Comenzó a militar en las filas de la UNPACU en 2013, y según contó a  CubaNet sufrió su primera detención el 10 de diciembre de 2013, donde lo golpearon salvajemente. “Desde ese momento entendí claramente que este era el camino correcto, que no quería que mis hijos y mis nietos vivieran bajo una dictadura”, aseveró.

El 14 de agosto de 2016 fue condenado a un año y medio de cárcel por el mismo motivo que el régimen utiliza ahora en su contra: impago de multas. Durante ese tiempo, Muñoz Guerrero sufrió los peores tratos por parte de la dirección del penal y la Seguridad del Estado. Fue trasladado de prisión en cuatro ocasiones, y llevado a Boniato, la cárcel de máxima severidad de la provincia.

Estando allí denunció golpizas propinadas por el consejo de presos, bajo las estrictas órdenes de oficiales de la Seguridad del Estado. Terminó de cumplir su sanción el 31 de enero de 2018, sin embargo, continuó su militancia en la UNPACU como el primer día, decisión que le valió para seguir, junto a su familia, en la mira del régimen.

Geordanis Muñoz también está en la lista de los más de 195 cubanos regulados por motivos políticos. Desde el año 2016, al igual que decenas de activistas de la UNPACU, tiene prohibido salir de la Isla como medida represiva.

Desde 2018 y hasta la fecha ha sido citado para interrogatorios y detenido en decenas de ocasiones por órdenes del Ministerio del Interior (MININT). Muñoz explicó además que Yennisey Jiménez Reyna, también activista, ha sufrido la misma represión y corre el riesgo de ir a prisión junto a casi un centenar de miembros de la UNPACU y promotores de Cuba Decide, que ahora mismo deben “multas” –aplicadas por orientación política–, las cuales se niegan a pagar por su carácter arbitrario.

Javier Larrondo, director de Cuban Prisoners Defenders, ONG española de acción jurídica y defensa prodemocrática, explicó a CubaNet que existen dos mecanismos por los cuales un ciudadano puede ir a la cárcel en Cuba por el delito de impago de multas.

Al respecto están las multas de tipo judicial, es decir las que pertenecen a una sentencia; y las fijadas en la sesión segunda del código penal, capítulo XXI, artículo 170, que dice: “el que no cumpla las obligaciones derivadas de una resolución que agotado sus trámites procesales legales, dictada por autoridad o funcionario competente relativas a contravenciones, incurre en privación de libertad de uno a seis meses”. Luego agrega que el Tribunal puede sustituir la sanción privativa de libertad por la de trabajo correccional sin internamiento.

En el apartado 3 se interpreta que al individuo que no ha pagado la multa en el tiempo establecido solo se le aplicaría la sanción de privación de libertad, si lo determina la autoridad o funcionario que dictó la resolución.

“Este apartado viene a oficializar la arbitrariedad, debido a que establece que es el funcionario que impuso la multa, bajo su criterio subjetivo y arbitrario, quien decide quien va a sufrir un proceso penal. En el caso de los activistas esto es una espada de Damocles, porque los funcionarios imponen multas de forma arbitraria, sin causas, y luego son ellos, y no los jueces, quienes ponen en marcha un juicio que les lleva a prisión. No para dilucidar si cometieron o no la infracción, sino por el hecho de no haber pagado la sanción y ser denunciados por el policía de turno”, afirmó Larrondo.

Actualmente el grupo opositor tiene a 44 de sus miembros en prisión por su activismo político, de ellos, siete por impago de multas. El pasado 11 de septiembre el coordinador Ovidio Martin Castellanos fue condenado a 5 meses de prisión por impago de multas, pero la organización asegura que el motivo real fue por promover la marcha de los girasoles.

Al respecto, Carlos Amel Oliva Torres, líder juvenil de la UNPACU, declaró a CubaNet: “en Cuba no existe un Estado de derecho, en tal sentido las violaciones son dobles, ya que a los opositores, en las mayorías de las ocasiones, ni siquiera les multan por la infracción que corresponde al artículo que se suscribe en el talonario. La verdadera causa de esta sanción es ejercer pacíficamente los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). El impago de multas es solo la justificación para no admitirlos como prisioneros políticos y levantar una cortina de humo que evite que la comunidad internacional condene con más dureza estos actos arbitrarios”, culminó.

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