LA HABANA, Cuba, 12 de septiembre (Augusto Cesar San Martin Albistur, 173.203.82.38) – Desde el inicio del presente verano el gobierno incrementó las prohibiciones que impiden la libre circulación de taxis particulares por las calles de Varadero, provincia de Matanzas.
Aunque las autoridades no han advertido la medida de forma oficial, la policía local actúa penalizando con multas a quienes consideran infractores. La medida comprende la prohibición de entrar a Varadero para recoger o dejar algún pasaje contratado con antelación.
Bajo amenaza de arresto en caso de reincidencia, los transportistas deben solicitar permiso de circulación en el punto de control que se encuentra en el puente que limita la entrada al polo turístico. Estos permisos no deben ser frecuentes y tienen que indicar la dirección exacta en donde el chofer recogerá a los clientes.
“Entre con mi hija para comprarle un par de tenis y como iba un vecino conmigo me acusaron de estar boteando (alquilando) en Varadero” declaró un taxista residente en Matanzas.
Para evitar contravenciones los taxistas esperan en la entrada del poblado por los clientes. “Si recojo personas en Matanzas no puedo dejarlos dentro de Varadero”, advierte uno de los taxistas que aguarda en la piquera por la llegada de algún cliente.
Los taxistas recomiendan a los pasajeros que trasladan desde Matanzas bajarse en el pueblo de Santa Marta, lindante con Varadero y abordar un choche de caballo autorizados a circular por la playa. Pero la distancia resulta larga y encarece el viaje.
Los antecedentes de esta medida comenzaron con la prohibición a los taxistas particulares de prestar servicios a los extranjeros. “Primero nos negaron alquilar los turistas extranjeros, ahora no se puede entrar a Varadero, se quieren quedar con todo”, advierte un taxista residente en Boca de Camarioca.
Los vecinos del poblado en Boca de Camarioca a cinco kilómetros de la península se encuentran alarmados por la presencia de 300 policías de otras provincias albergados en un antiguo campamento de reclusos.
Autoridades del turismo de la península han comentado que las medidas son un complemento de la estrategia encaminada a preparar condiciones para recibir turismo norteamericano. Para ello el gobierno ha reforzado la disponibilidad de policías y se propone elevar la seguridad con un mayor control de las “indisciplinas sociales”.
Las prohibiciones en el poblado de Varadero están encaminadas al dominio total de los 22 kilómetros de extensión de la península. El gobierno prohíbe la venta, permutas o donación de casas o terrenos. La península turística se considera zona “congelada”, lo que no permite a los propietarios de inmuebles disponer de ellos según la legislación actual.
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