MADRID, España.- Durante el mes de febrero el régimen cubano encarceló a 1 007 personas por motivos políticos, con lo que llega a un total de 1 167 en el último año, según el reciente informe de la organización Prisoners Defenders.
De entre los 1007, al menos 869 están relacionados con las manifestaciones del 11 de julio pasado. Se registran 33 menores de edad, 29 niños y 4 niñas, procesados: de 13 años, uno; de 15 años, tres; de 16 años, nueve; y de 17 años de edad, veinte; según la edad documentada en la detención; 20 están condenados con una pena media de 7,3 años de privación de libertad, de los que a 8 de ellos se les ha subsidiado por trabajos forzados sin internamiento o limitación de libertad.
La organización informó que 168 prisioneros políticos ya han sido procesados con el cargo de sedición y al menos 629 prisioneros fueron sentenciados; 257 de ellos con penas de más de 10 años.
En cuanto a las mujeres encarceladas por el Gobierno cubano, la cifra asciende a 130.
“Reconocemos que esto nos es más que una fracción, entre el 60% y el 70% de las cifras reales, cuya verificación total es simplemente inalcanzable por organización alguna salvo, por supuesto, por el régimen de la Isla”, aclara Prisoners Defenders.
Según explicó la institución, estos 1 007 prisioneros políticos verificados se dividen en: Convictos de Conciencia (696), encarcelados únicamente por el ejercicio estricto de sus más fundamentales derechos humanos, con acusaciones bien completa y probadamente falsas y fabricadas, o bien de índole no delictiva y absolutamente relacionadas con el pensamiento; Condenados de Conciencia (198) sufren autos de procesamiento fiscal o sentencias judiciales de trabajos forzados domiciliares, medidas de limitación de libertad, libertad condicional bajo amenazas, y otras limitaciones a la libertad, incluyendo las que están bajo sentencia firme sin ejecución; y Otros Presos Políticos (113), no encuadrables en las anteriores categorías, pero identificados en prisión política tras las rejas. Los presentes en esta lista no pueden ser defendidos como Convictos de Conciencia en sentido estricto, aunque la mayoría son activistas pacíficos.
El informe denuncia además el acoso por parte de la Seguridad del Estado a las madres que exigen la liberación de sus hijos, procesados por las manifestaciones del 11J. Y se refirió al caso de Yudinela Caridad Castro Pérez, madre del joven Rowland Jesús Castillo Castro, quien se encuentra en prisión desde el pasado 24 de febrero, acusada de desacato.
Prisoners Defenders señaló la necesidad de que la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Europea se pronuncien de inmediato ante esta situación y consideró que “hay que reflexionar seriamente y darse cuenta que, de no hacerlo, solo podrían ser pertinentes los descalificativos para los dirigentes al cargo de estas cuestiones en ambas instituciones que ante esta realidad no se pronuncien, y actúen”, manifestó Prisoners Defenders.
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